Jesús Rábago*
La llamada reforma “educativa”, hasta el momento ha impactado más en las condiciones laborales de los maestros, que en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las condiciones contextuales de estudiantes y docentes o en la planificación sistemática de la educación básica en el país.
En los últimos días ha llamado la atención la disputa ideológica y de intereses entre la organización Mexicanos Primero y la junta de gobierno del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), por la aplicación de prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). Los medios de comunicación han implantado una agenda desviar la atención de los despidos de profesores que denuncian la ilegitimidad de la reforma, así como de la poca preocupación por la educación, aun cuando los argumentos que brinda la organización auspiciada por Televisa, es decir, Mexicanos Primero, reconoce que dicha evaluación fue corrupta.
Las autoridades educativas y los medios de comunicación no han informado objetivamente acerca de: 1) el despido masivo de profesores por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y avalados por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); 2) las movilizaciones efectuadas por los docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país y en las entidades federativas y; 3) las reformas curriculares que se están realizando en la Subsecretaría de Educación Básica para dar coherencia a la supuesta reforma “educativa”.
Con ello, asientan que la educación no era el motor de la reforma “educativa”, ya que la mejora en la enseñanza y el aprendizaje no son la prioridad para el Estado mexicano.
El despido de profesores se liga con las concertaciones hechas entre la dirigencia sindical y el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la intención de que no le suspendan el “pase de nota” al dirigente sindical actual, como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo durante los primeros meses de 2011, antes de la elección presidencial. En esta ocasión, Juan Díaz de la Torre, el actual Secretario General del SNTE, ha pactado con la SEP para continuar en la dirigencia sindical magisterial, aun cuando se violan los derechos de los maestros.
Por otro lado, la estrategia que han seguido la mayor parte de las empresas de medios de comunicación, después de la experiencia de la huelga universitaria de 1999-2000, ha sido eliminar de la agenda mediática cualquier movimiento o demanda social. Los estrategas de estas empresas detectaron que gran parte de la opinión pública seguía a los movimientos sociales a través de los medios, y que llegaba a llegaba a simpatizar con dichos movimientos, al grado de que muchas personas participaron en movilizaciones gracias a que se hicieron públicas las rutas que tomarían dichos actos políticos de protesta. La política mediática hoy, no sólo ha sido satanizar o estigmatizar a los movimientos sociales que emergen ante diversas problemáticas, sino borrarlos de los temas a tratar en los medios. Ejemplo de ello ha sido el escaso seguimiento que se ha dado a las movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa, por parte de la radio, la televisión y la prensa.
Además, poco se ha informado que con la llegada del Partido Revolucionario Institucional al gobierno federal, se modificarán los programas de estudio de todos los campos formativos y asignaturas, en preescolar, primaria y secundaria. Esta “reforma”, que aún no saben si se publicará bajo la forma de nuevos programas o se implementará de manera velada, estará acompañada de cambios en los libros de texto, materiales educativos y demás herramientas. Cabe destacar que en 14 años estos materiales se han modificado al menos tres veces, según los intereses y orientaciones ideológicas de los grupos en el poder. Esta nueva reforma entrará en vigor en 2015.
Tendrán que analizarse a detalle, pero dichas modificaciones curriculares demuestran, de nueva cuenta, que el gobierno mexicano no tiene un interés real por la educación, y cómo ésta, más que ser un derecho fundamental, se ha convertido en un objeto de usufructo, tanto económico, como político. Sin haberse aclarado asuntos como los gastos excesivos por programas como Enciclomedia, la falta de un censo magisterial o la extinción de programas especiales, la Secretaría de Educación Pública emprende una nueva ofensiva contra los docentes y la educación en el país.
La reforma “educativa”, entendida como reforma laboral que amenaza el trabajo de los docentes, junto con el manejo poco ético y objetivo de la información por parte de los medios de comunicación, así como los asaltos a los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de camarillas en el gobierno, son tres elementos que ponen en riesgo el derecho popular de la educación, así como los derechos laborales de los maestros.
* Colaborador externo
partidocomunistademexico.org 