La nueva ofensiva contra la educación

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Jesús Rábago/Colaborador externo

Las movilizaciones estudiantiles ante la aprobación de los 240 artículos que sustituyen el Reglamento de 1998, a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez y del Consejo General Consultivo, que modifican los planes de estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como la huelga que sostuvo el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), son reacciones legítimas de dos sectores del pueblo mexicano ante la política neoliberal del gobierno mexicano.

La “reforma educativa” impuesta por Enrique Peña Nieto y los grupos empresariales buscan que la educación se convierta en capacitación y adiestramiento de los estudiantes, a los cuales se les niega el derecho fundamental de educarse y formarse de manera adecuada y con el objetivo de desarrollar una consciencia crítica y comprometerse con la transformación de las condiciones materiales de existencia de la población y de la humanidad.

No obstante, la respuesta del gobierno federal y del Distrito Federal ha sido violar estos derechos de estudiantes, profesores, trabajadores y del pueblo en general, imponiendo una serie de iniciativas que, bajo la bandera de la necesidad de calidad educativa, ponen en manos del sector privado de la economía, una de las oportunidades de transformación social. Asimismo, la evaluación de docentes y estudiantes, más que diagnosticar las necesidades de la educación en el país, están sirviendo para violentar los derechos laborales de profesores de todos los niveles escolares, así como de seleccionar a los estudiantes, según sus condiciones de vida, en las profesores u oficios que tendrán que desarrollar durante toda su vida.

En este sentido, la privatización de la educación va en dos sentidos. Por una parte, el desmantelamiento de la educación pública, desde preescolar hasta los estudios de posgrado. Esta situación comenzó en los años 90 del siglo XX, cuando los bonos educativos, las becas-crédito y la ofensiva contra la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentaron para legitimar un discurso dictado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Estado debía eliminar todo subsidio a la educación y los padres de familia y alumnos debían elegir “libremente” entre las posibilidades y servicios educativos que les ofreciera el mercado. Los profesores se convertirían en prestadores de servicios y los alumnos en consumidores de los mismos. La educación técnica, a nivel de obreros funcionales sería el único compromiso del Estado en la capacitación de niños y jóvenes, los cuales estarían al servicio de las empresas nacionales y transnacionales.

Por otra parte, este proceso de privatización se da al negar a los estudiantes el acceso, permanencia y egreso de las instituciones públicas. A la par de ir seleccionando a los estudiantes en las escuelas a las que deben asistir y obligándoles a estudiar carreras según las necesidades del mercado (por ejemplo con el Examen Único), la educación por competencias tejieron los cimientos, durante varios años, para naturalizar el darwinismo social que se hizo evidente con la reforma educativa, que lejos de reformar la educación, sirvió como ofensiva dirigida a los profesores y estudiantes más pobres, contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las escuelas normales rurales.

Gobiernos de derecha y de una lastimera “izquierda” han convalidado las reformas, firmado las adecuaciones legales para asumir la reforma educativa y convenido con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la implementación de evaluaciones hacia los docentes que han dejado mucho de qué hablar: la implementación de la misma prueba de un año anterior, con todos los problemas técnicos que tuvo la llamada Evaluación Universal; evaluaciones de Telesecundaria plagados de errores técnicos; una Junta de gobierno del INEE, en la que cada uno de sus funcionarios obtienen un salario mayor a los 170 mil pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación; entre otros.

La reforma educativa no ha favorecido la “calidad” de la educación, lo que ha hecho es proteger los intereses de los grandes organismos económicos y financieros internacionales, los de las empresas nacionales y transnacionales y de los sectores involucrados y beneficiados en el desmantelamiento de la educación pública y pagada por el pueblo mexicano. Además, se vulneran los derechos labores de los docentes, quienes padecen las reformas educativa y laboral.

Asimismo, se debe exigir a los gobiernos federal y del Distrito Federal, el respeto de los derechos de los estudiantes de la UNAM, UAM y demás instituciones que manifiesten su apoyo a los alumnos del IPN y a los trabajadores del SUTIEMS, en las movilizaciones que se efectúen, con base en los derechos de tránsito, manifestación de las ideas, libertad de expresión, organización y de huelga.

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