Carlos López
El pasado 18 de marzo se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen por el cual se crea el Seguro de Desempleo y la Pensión Universal. La situación puede sintetizarse en una frase: los trabajadores van a pagar con sus ahorros para la vivienda su propio seguro de desempleo. El dictamen que aprobó la mayoría priista, apoyada por sus partidos satélites, Nueva Alianza, Verde Ecologista y de la Revolución Democrática, consiste en transferir el 3 por ciento de la subcuenta de vivienda a las AFORES para que, en caso de quedar desempleado, el trabajador “decida” si utiliza ese dinero en el seguro de desempleo, o si lo deja en la subcuenta de vivienda –para ver si en algún momento puede aspirar a conseguir un crédito–, o bien, lo usa para su retiro. A este 3 por ciento que pagará el trabajador se suma en una cuenta mixta la generosísima aportación gubernamental de 0.5 por ciento del salario para formar un “fondo solidario”, con lo cual quedan completos los recursos de los que puede echar mano el desempleado, que ascienden a $1,096 al mes (menos de un salario mínimo) que serán entregados durante un periodo de 6 meses y sólo cada cinco años, después de cubrir algunos pequeños requisitos como los siguientes: haber cotizado al menos 104 semanas en los últimos tres años, o 26 en los últimos doce meses si se es trabajador a destajo, es decir, “por tiempo” o “por obra”; cubrir los programas de “colocación” y “capacitación” de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y por último, no contar con ninguna otra fuente de ingresos.
El golpe contra de los trabajadores es brutal si se toma en cuenta el contexto en el que se llevó a cabo. En primer lugar, hay que pensar en la legislación vigente en materia laboral. Recordemos que, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se aprobó a finales de 2012, la estabilidad en el empleo quedó completamente deshecha al legalizar la contratación por horas, a prueba y la subcontratación; que los trabajadores quedaron prácticamente sin posibilidad alguna de defender sus derechos a través de la huelga y la firma de contratos colectivos, y que se eximió de toda responsabilidad jurídica y laboral a los patrones y empresarios. En este sentido, se podría pensar que el Seguro de Desempleo era una medida urgente y necesaria para limitar los efectos de la llamada “Reforma Laboral”, pero eso es un vil engaño.
El Seguro de Desempleo pierde toda razón de ser en la medida que la estabilidad en el empleo no existe, ni en la ley ni en los hechos, para la inmensa mayoría de los trabajadores, y carece de cualquier fundamento si se considera que la inmensa mayoría, también, sólo puede acceder a trabajos precarios o de plano informales, situación en la que se encuentran 6 de cada 10 asalariados mexicanos, según cifras de la OCDE.
El Seguro de Desempleo no tiene ninguna razón de ser en un país donde solo 10 mexicanos y sus familias concentran 132 mil 900 millones de dólares, que equivalen al 11 por ciento del PIB y a 1.8 billones de pesos, mientras que los ingresos de más de 100 millones de mexicanos sólo alcanzan a sumar 1.3 billones.
El Seguro de Desempleo no tiene razón de ser cuando 4 de cada 10 mexicanos no tienen dinero para comprar alimentos, ni cuando existen 2 millones 539 mil “ciudadanos” sin trabajo.
El Seguro de Desempleo es una medida asesina que elimina el derecho de los trabajadores a adquirir una casa o departamento, transfiriendo el 3 por ciento de la subcuenta de vivienda de cada trabajador a la banca privada, a las AFORES, que ya de por sí ganaron en lo que va del año 970 millones de pesos por “comisiones” de las cuentas “no asignadas”. Además, se debe recordar que en la última década los grupos financieros obtuvieron utilidades por 785 mil 200 millones de pesos, es decir, sus ganancias crecieron 16 veces más que la economía mexicana. Si tomamos en cuenta, también, que la vía más común para obtener un crédito para vivienda es el llamado “co-financiamiento” entre el INFONAVIT y las instituciones bancarias, por la vía de los hechos se privatiza el derecho a la vivienda y se condena a los trabajadores a quedar a merced del capital financiero. Por último, si a esto sumamos la reciente “Reforma Financiera”, que le permite a los bancos ejercer acción legal en contra de los deudores para despojarlos de su patrimonio, tenemos todos los elementos para asegurar que existen condiciones para una crisis social sin precedentes en la historia de nuestro país.
El juego de la simulación
La aprobación del dictamen pasó por una débil resistencia encabezada por la diputada Luisa María Alcalde dentro de la Cámara, así como una “trifulca” en el salón de plenos, protagonizada por diputados del PRI y del PT al momento de la discusión del documento. Los diputados del PAN votaron en contra del dictamen, no porque les interesen los derechos de los trabajadores, sino porque su aprobación ya estaba “amarrada” con la “izquierda moderna”, y porque el escándalo del caso “Oceanografía” ponía en riesgo la impunidad de algunos de sus más distinguidos militantes. Queda demostrado, otra vez, que en este país la vía parlamentaria está completamente cerrada para la clase trabajadora; que no será en las cámaras ni a través de los mecanismos de la democracia formal donde se resuelvan los problemas que afectan día a día a los trabajadores.
Los sindicatos de las centrales oficialistas guardaron un silencio cómplice para permitir el despojo, mientras que los “independientes” se limitaron a “pronunciarse en contra” de la iniciativa. Al mismo tiempo, el máximo dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, andaba por Tabasco “jurando” proteger los hidrocarburos a través de una “consulta”; y su ala movimientista, el dichoso “Congreso Popular”, marchaba del Ángel al Zócalo con la bendición del Gobierno del DF, a la retaguardia de los compañeros del SME y de dos pequeños contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese 18 de marzo, en el mitin “unitario” aparecieron líderes obreros por todas partes, de la Nueva Central de Trabajadores y hasta de la UNT, para pronunciar “combativos” discursos ente un Zócalo casi vacío, en los que se convocaba a un año de movilizaciones (¡otro!) en contra del gobierno. Incluso alguien llegó a decir que se desconocía a Peña Nieto como Presidente, con lo que seguramente puso a temblar a la oligarquía en su conjunto.
Todo esto forma parte del gran juego de la simulación política, del espectáculo de la “resistencia” que, en realidad, mantiene inmovilizada a la gente. Para los oportunistas es más fácil hacer como que pelean por mantener el control del petróleo en manos del Estado, que defender los derechos de los trabajadores, simple y sencillamente porque éstos no les interesan. Desde su visión del mundo, quienes deben trabajar de sol a sol para salir “al día” solo son votos y no hombres y mujeres concretos que deben satisfacer sus necesidades más básicas. Sus teóricos están obsesionados con las “nuevas formas” de hacer política y “los nuevos sujetos” de la historia, desviando la atención de los trabajadores hacia demandas que no les pertenecen, desgastándolos con promesas de “reformas” y proyectos “a largo plazo”. Pero eso sí: claman y reclaman la “unidad de las izquierdas”, como si fuera posible en las condiciones actuales.
Los comunistas no podemos prestarnos a este juego perverso. Todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados a la organización de la clase trabajadora, del campo y la ciudad, sin desviar nuestra atención del análisis concreto de la situación concreta, o en otras palabras: de la reflexión práctica de la revolución proletaria en estas condiciones económicas, políticas y sociales, y no en ningunas otras. Los principios de nuestra acción son claros y accesibles para todo aquel que quiera unirse a esta tarea histórica. Las filas del Partido Comunista de México (PCdeM) están abiertas para quienes buscan cambiar ya, desde ahora, el sistema que hace posible la existencia de tanta desigualdad, para quienes están dispuestos a acabar para siempre con ella. La lucha por una sociedad comunista es hoy, la defensa de los derechos trabajadores es una acción inmediata.
partido comunista de mexico 