LA JUSTICIA PARA AYOTZINAPA AÚN ESTÁ EN ESPERA

A un mes de que se cumplan ocho años de los terribles sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, resultaran desaparecidos y dos de ellos asesinados en el lugar, al igual que un grupo de personas que transitaban por dicha ciudad La Fiscalía General de la República ha ordenado la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, y adelantando información relacionada con aquellos acontecimientos. Con dicha detención e información, existen quienes pretenden que se pueda finalmente dar ‘carpetazo’ a lo que ellos llaman el ‘Caso Ayotzinapa’ y así perfilarse para el siguiente proceso electoral, presumiendo haber cumplido con la promesa de ‘verdad y justicia’.

Sin duda, Murillo Karam es responsable de coadyuvar al delito de desaparición forzada, toda vez que facilitó y promovió la fabricación de una narrativa paralela a los hechos encaminada a distraer la atención y limpiar el camino para los perpetradores. Mientras éstos se aseguraban de no dejar evidencia clara de su participación. Pero, por otra parte, parece claro también, que no se trata ni del autor material, ni intelectual de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, y que su detención en sí misma no significa que se esté haciendo justicia a los agraviados.

Desde aquel año, como organización nos sumamos modestamente a las movilizaciones y esfuerzos por reclamar la aparición con vida de los desaparecidos, así como justicia para los caídos. Desde entonces nos hemos mantenido en la línea de apoyar incondicionalmente a las madres y padres de familia de los estudiantes, sin cuestionar; ni sus expectativas, ni sus métodos, ni sus canales de diálogo y negociación con las autoridades estatales.

También, desde el 2014, nos hemos mantenido en la línea de señalar que el Estado es el responsable de esta atrocidad, como lo ha sido en otras ocasiones. Esto implica, a nuestro entender, que el crimen del 26 de Septiembre de 2014 en Iguala, no fue resultado de una decisión fortuita o tangencial de algún funcionario aislado, sino que vemos una operación de Estado en donde no sólo estaban involucrados personajes del gobierno federal, que entonces encabezaba Enrique Peña Nieto, sino que se apreciaba la intervención de la institución más dura del Estado, las fuerzas armadas, así como otras instancias de poder que trascienden el ámbito gubernamental-partidista.

La Comisión de la Verdad revela ahora que, en efecto el Ejército Mexicano está implicado y encuentra elementos sólidos para acreditar que, dicha institución castrense, se había infiltrado a los estudiantes normalistas con los fines que suelen acompañar a la infiltración, extraer información e incidir en algunas de sus decisiones para poderles reprimir.

Por ahora, simplemente hemos de decir que ni el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni ningún otro comisionado, es quien puede declarar si se ha hecho justicia o no. De nuestra parte queda que, sólo las madres y los padres de los normalistas son quienes pueden decir si la información entregada es satisfactoria y sólo ellos pueden decir si es sensato desistir de la búsqueda con vida de sus hijos. Por lo que, como PCdeM nos mantendremos al tanto y a disposición de las madres y los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa para acudir a su llamado, ya sea a movilizarnos o a lo que ellos dispongan, reiterando nuevamente nuestra solidaridad incondicional para con ellos y nuestra condena al Estado, aparato de dominación y de represión, quien perpetró tan lamentable crimen.

Por otra parte, exigimos que tanto las fuerzas armadas como los cuerpos policíacos sancionen y prohíban explícitamente la infiltración a organizaciones sociales y populares de toda índole, y que, ni por la vía policíaca, ni por la vía de acudir a grupos paramilitares, presuntamente desligados jurídicamente de las fuerzas militares y policiacas, repriman a los movimientos y organizaciones sociales y populares.