Por: Irlanda Amaro Valdés
Hoy más que nunca vivimos en ciudades. Según el INEGI, en 1950 poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de 71 % y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%. La proyección del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para este último censo 2020 es que la cifra se mantenga en un porcentaje de 78%.

Para caracterizar las zonas urbanas y rurales hay dos criterios importantes: el número de habitantes de una zona y la ocupación de la población. En México se considera una zona urbana aquella que cuenta con más de 2,500 habitantes, independientemente de la ocupación. Sin embargo, la ocupación en actividades industriales y de comercio o bien en la agricultura, puede darnos también un aporte significativo para la caracterización de zonas urbanas. En México menos de la mitad de la población (43%) que vive en zonas denominadas rurales, se dedica todavía a actividades agrícolas y ganaderas tradicionales como actividad principal. Este dato, incrementa el carácter urbano de la población actual de México.
Los factores de urbanización son tanto de orden económico y político. Por un lado, está el importante proceso de industrialización del país impulsado desde el Estado a partir de la segunda mitad del siglo pasado; factor que motivó la migración de amplias franjas de la población a los grandes centros industriales. La política de importación de alimentos, la poca y focalizada modernización de los procesos agrícolas y las reformas que golpearon la tenencia ejidal de la tierra, permitiendo su venta para ocupación no agrícola, son también factores que han contribuido a la urbanización de importantes zonas y de la población mexicana.
Sin embargo, el avasallamiento del modo de vida campesino, la proletarización y la transformación urbana, no significa erradicación de la pobreza y mejora en las condiciones de vida. En México, la población urbana concentra el mayor índice de pobreza. Según el CONEVAL del total de personas en situación de pobreza en el país (53.3 millones), poco más de dos terceras partes se localizan en zonas urbanas, es decir, 68.6% de la población en situación de pobreza vive actualmente en las ciudades. La mayor carencia, según el mismo reporte es el acceso generalizado a la seguridad social y al empleo bien remunerado, el segundo, la falta de una vivienda propia o de servicios básicos en las viviendas que se habitan, el tercero dificultades para concluir la educación básica.

Queda claro que el empleo formal, con acceso pleno a la seguridad social es la demanda más importante de la clase trabajadora en México, aún de aquella que encuentra su origen en el campesinado. La segunda, va estrechamente ligada a remontar la falta de seguridad social ligada al empleo: la vivienda propia y digna. En la CDMX, por ejemplo, el 46 % de las familias trabajadoras poseen una vivienda, pero la mayoría ( el 39%) lo hace en un asentamiento irregular o carece de algún servicio básico como agua potable, transporte público o sistema de saneamiento. Para quienes alquilan, el panorama tampoco es sencillo, en CDMX y en otras ciudades importantes de la República el alquiler de una vivienda en un barrio popular excede dos veces el salario básico de una familia trabajadora. Además no se cuentan con leyes que protejan contra el desalojo y regulen las rentas conforme el incremento salarial. En CDMX, aunque Claudia Sheinbaum anunció un plan de apoyo para las personas que enfrentan dificultades en el pago de alquiler, éste fue descartado en su totalidad como consta en su informe de gobierno.

Durante la pandemia por el nuevo coronavirus, se estima que tan sólo en la Ciudad de México más del 10% de los 630,000 arrendatarios de la Ciudad, fueron desalojados durante la pandemia. Por si esto fuera poco el 61% asegura que no podrá pagar su renta en los próximos meses. La crisis producida por el COVID-19 ha puesto en riesgo a 2.3 millones de familias trabajadoras que viven en renta en todo el país ante la desprotección del Estado (ver: México: desalojos en tiempo de pandemia por Agencia Deutsche Welle).
En CDMX y en sus zonas metropolitanas existen diversas organizaciones sociales que durante años han encabezado luchas organizadas por alcanzar vivienda digna para las familias trabajadoras. Pero como decíamos arriba, esta urgencia de vivienda está estrechamente ligada a dos factores: la recomposición productiva del país que obliga a la proletarización y el carácter informal con bajos salarios de los empleos disponibles.
La clase trabajadora está llamada a actuar en conjunto con estas organizaciones y a profundidad, si quiere concretar sus aspiraciones de una vida digna. Las luchas de los movimientos sociales por vivienda, deben ser cobijadas por los sindicatos en la exigencia de mayores salarios y seguridad social, que garanticen fondos para las tareas de vivienda. Además, la clase trabajadora debe impulsar una verdadera revolución en el país, en el que las familias campesinas y las familias trabajadoras realicen actividades productivas planificadas, que garanticen su derecho al empleo y a la seguridad social de modo permanente, tanto en zonas rurales como urbanas.
Nunca más debemos permitir que los desastres naturales o las enfermedades, arrojen a nuestras familias a la indigencia. La lucha por la vivienda es un paso más de una batalla por el trabajo, la salud y la vida dignos.
¡Vivienda digna ahora, ningún desalojo por falta de pago durante la pandemia!
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