Violencia y exclusión de las mujeres: derrotas para la clase trabajadora

Por: Jessica Navarro

Partiendo del hecho de que las condiciones de violencia y opresión de la mujer se han recrudecido a la par de las contradicciones de clase, vemos con claridad que las reivindicaciones liberales poco han abonado en generar estrategias eficaces para la emancipación de la mujer.

La violencia y opresión patriarcal no funcionan como un principio organizador de la desigualdad desvinculado de la lucha de clases, por el contrario, es necesario situar a la mujer ligada a ciertos factores productivos arraigados a una explotación de doble magnitud.

La conversión a modos más flexibles de producción y sobreexplotación del trabajo, la preeminencia del capital bancario y el énfasis en el comercio exterior para sacar a flote economías nacionales de la crisis, no significó tiempos más prósperos para el caso mexicano.

Desde los años setenta se generaliza este régimen como forma de reajuste ante la crisis en el modelo de desarrollo capitalista operante hasta el momento, lo que tuvo como consecuencias la flexibilización del trabajo y la caída de los salarios; esto se coordina con el arribo masivo de mujeres al trabajo mercantil. En este sentido, las condiciones sociales de la mujer no están separadas de las leyes del capitalismo (de la ley del valor), todo lo contrario, opera de forma singular en la explotación de su fuerza de trabajo. Se adapta a las condiciones propias de nuestro país.

En el caso de México, los aumentos en la participación laboral de la mujer se siguen asociando con aumentos en la desigualdad salarial.  Durante la crisis de 2008, los primeros impactos en la economía formal se localizaron entre la fuerza de trabajo masculina, llegando a una tasa de desempleo hasta de 75%, entre mayo de 2008 y mayo del 2009, frente al 40% de la tasa de desempleo femenina. Con el ajuste y continuación de la crisis se desaceleró el desempleo masculino a mayor ritmo que el femenino, por lo que para 2010 las mujeres quedaron como ejército de reserva (desempleadas) para ocupar trabajos más precarizados.

Actualmente dos de cada tres mujeres ocupadas (66.9%) son subordinadas y remuneradas, 37.7% no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación, 41.9% labora sin contrato, de las cuales, el 33.8% no cuenta con prestaciones laborales (INEGI, 2017). 

Es decir, hace más de tres décadas, la acumulación capitalista pasó de basarse en la revolución de la técnica para fundamentar su desarrollo en la sobreexplotación del trabajo, encontrando en la fuerza de trabajo femenina, el punto de partida para generalizar el trabajo informal y precario.

Ante un contexto económico abiertamente hostil con la clase trabajadora, el haber mantenido la participación política de las mujeres como una agenda secundaria en las organizaciones gremiales ha facilitado la violación de los derechos laborales de todos. Es decir, no sólo la precarización del trabajo explica en general, las condiciones por las cuales la violencia hacia la mujer se ha desbordado hasta el absurdo, sino que, a la inversa, la violencia y la exclusión de las mujeres apuntala mayores derrotas para la clase trabajadora.

La subordinación histórica de las mujeres es un factor estratégico para la generalización del trabajo precario y la descomposición del tejido social. Por tanto, reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres no es una vacuidad de género, ni un requisito democratizante, sino un fundamento indispensable para la emancipación de la clase trabajadora y la sociedad en general.

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