¡En defensa de la educación pública y gratuita!

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Teresa Martínez

Impulsada por el “Movimiento por la ciencia” el pasado 3 de junio se llevó a cabo una jornada político-cultural en defensa de las Universidades y contra la política de restricción presupuestal para ciencia y tecnología implementada por el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), instancia que se encarga de otorgar los apoyos para la investigación en México, incluidos los estudios de posgrado que son impartidos en las diversas Casas de estudio públicas del país.

La educación ha sido blanco de los ataques por parte del Estado con la ejecución de las políticas neoliberales en México, pues la dramática reducción en el gasto social que dicha modalidad de capitalismo exige, implica la restricción presupuestal para los sectores educativo, sanitario, de transporte, entre otros. De esta manera, el Estado se comprometió con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Mundial a reducir los gastos de dichos servicios a toda costa, incluyendo los procesos privatizadores abierta o veladamente.

En ese sentido, varias han sido las medidas tomadas para restar lo más posible la responsabilidad estatal sobre la financiación de la educación, especialmente la de nivel superior. Como ejemplos podemos recordar el intento –frustrado por la movilización política de los estudiantes- de la modificación del Reglamento General de Pagos (RGP) de la UNAM que en 1987 impulsó el entonces rector de la Universidad, Dr. Jorge Carpizo; intento que se repitió con más fuerza en 1999. Dicha coyuntura desató uno de los movimientos estudiantiles más importantes que esa casa de estudios haya registrado, una huelga que duró diez meses, aproximadamente, con la que se impidió el cobro de cuotas. Esa feroz lucha que no dio pasos atrás pese a la campaña mediática de criminalización a los estudiantes en lucha, envió un mensaje claro: la resistencia, la organización política y la vinculación de los estudiantes con otros sectores de la sociedad permiten enfrentar con éxito las políticas ofensivas y violentas del Estado capitalista, en este caso, en contra del derecho humano a la educación.

De entonces hasta la aprobación de la mal llamada “reforma educativa” y sus desastrosas consecuencias contra el magisterio del nivel básico, lo que habíamos observado era una especie de “tregua” que el bloque en el poder había dado tras la lucha organizada. Hoy la violencia radicalizada contra los maestros y contra las escuelas normales nos muestra que esa tregua ha terminado.

Pero no sólo la educación básica ha sufrido ataques. Desde hace algunos años, especialmente a partir de 2015, la educación a nivel de posgrado se ha visto intensamente violentada con políticas públicas que disminuyen la matrícula y restringen el presupuesto con la consecuente disminución de las becas para el desarrollo de estudios de especialidades, maestrías, doctorados y posdoctorados. Esta andanada ha pasado, incluso, por la arbitraria imposición de cuotas, por montos y conceptos discrecionales, en los distintos posgrados de la UNAM, así como en otras Universidades públicas. Se trata de cobros ilegales por no estar contemplados en el Reglamento General de Pagos, en primera instancia, y por contravenir abiertamente el espíritu de gratuidad que prevalece en la Constitución mexicana, en última. En respuesta a estas ilegales e ilegítimas medidas, la Asamblea General de Posgrado, gestada un año antes a propósito de las movilizaciones por la detención y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, inició una lucha que concluyó con la extinción de los cobros ilegales. Sin embargo, cada semestre, además del riesgo latente de la reincorporación de esos cobros, los estudiantes se ven vulnerados por la incertidumbre al no saber si su posgrado les aprobará la beca CONACYT que hasta hace tres años era prácticamente segura desde el momento en que se obtenía una matrícula en alguna línea inscrita en el Programa Nacional Posgrados de Calidad (PNPC). Actualmente, las asignaciones de beca son cada vez menos y los recortes a la matrícula cada vez más. Los estudiantes de posgrado han transitado un largo camino buscando vías para la solución a lo que claramente es una política de exclusión, que va desde el trato con las instancias administrativas inmediatas en cada Universidad, la demanda y exposición mediática, hasta la organización política, pasando por la vía legal. Adicional a eso, cada coordinación tiene procedimientos de asignación, en su mayoría discrecionales y poco transparentes, lo cual perjudica ampliamente a los estudiantes que, más allá de los tres meses que en promedio tarda CONACYT en depositar la beca por primera vez, han visto retrasado los pagos a quienes “tuvieron la suerte” de obtener beca hasta por cinco y seis meses, es decir, todo un semestre sin apoyo económico pero, obligados a ser estudiantes de tiempo completo por el contrato de exclusividad que exige el Consejo. De tal suerte que cada semestre, a semejanza de los estudiantes normalistas que se movilizan a nivel estatal por la obtención de sus becas mensuales de manutención, ahora los estudiantes de posgrado, antes considerados una élite (y por algunos compañeros despolitizados, una “élite maltratada” que reclama el retorno de sus privilegios y no el respeto a los derechos) interrumpen sus labores (y su comodidad) académicas para protestar y exigir el pago de sus becas. Tal como se comentó en el Foro “La política de Estado en la educación superior en México”, organizado por compañeros del posgrado en Ciencias de la UNAM, el pasado 13 de junio.

Como si eso no fuera suficiente, en 2016 entró en vigor un instrumento legal aprobado en diciembre de 2015, la llamada “Ley UMA”. La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una referencia económica aprobada y usada desde el 27 enero de 2016. La UMA fue introducida para sustituir el esquema “veces salario mínimo” (VSM), con el que se calculaba el pago de becas, pensiones para trabajadores jubilados y algunas obligaciones como multas. Desde 2017 los valores de la UMA y el salario mínimo (SM) son diferentes; desde el primero enero de dicho año, el valor del salario mínimo es de 80.04 pesos diarios, mientras que el de la UMA, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y vigente desde el 1 de febrero de 2017, es de 75.49 pesos diarios.

La UMA fue creada bajo el pretexto de poder incrementar el salario mínimo sin afectar al mismo tiempo otras medidas como las multas o las hipotecas. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario mínimo está sujeto a negociaciones entre los sindicatos, los empresarios y el Estado; en cambio, la UMA es fijada de manera unilateral por parte del INEGI y, por definición, se espera que se eleve menos que el salario mínimo. Por eso es importante que todas las medidas referentes al ingreso de la población, sean becarios o trabajadores, se refieran al salario mínimo. Mientras que los pagos y las multas sí podrían referir a la UMA. En el caso concreto de las becas ligadas a la UMA, en el año 2017 se produce un rezago tal y como se puede apreciar en las siguientes cifras:

 

Modalidad de Beca     En salarios mínimos (80. 04)    En UMAs (75.49)    Diferencia

Doctorado                     $ 14 664                                        $ 13 769                     $829.92

Maestría                        $ 10 949.472                                $ 10 327.032              $622.44

Especialidad                  $ 9732.864                                  $ 9179.584                  $553.28

 

Para el año 2018 se separan aún más:

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El cálculo de las becas en referencia a la UMA pone en serio riesgo la continuidad de una gran cantidad de programas de posgrado, en los cuales un porcentaje mayoritario de la matrícula postula a una beca, pero con la implementación de la nueva unidad, nada garantiza que en el futuro la beca permita la manutención decorosa-digna-suficiente del becario. El recorte a las becas constituye un acto que viola de la legalidad, pues se modifican de modo retroactivo los términos del acuerdo que todo becario firma con esta institución. En este sentido, CONACYT afirma que el otorgamiento de la beca no implica una relación de carácter laboral con el becario; y esto es parte de lo que no podemos dejar fuera de la discusión, pues los becarios desarrollan un trabajo, entregan resultados, tienen un contrato pero ninguna seguridad social. Además de que dicho contrato está en estrecha relación con el cumplimiento de los objetivos para los cuales CONACYT fue creado y que su transgresión significa un importante retroceso en este sentido.

Por último, la aprobación de la Ley UMA es resultado de la serie de reformas laborales que se vienen experimentando a partir de 1997 y que son ampliamente regresivas porque han afectado los derechos de los trabajadores. Una vez que se referencia las pensiones bajo el esquema de la UMA, y no bajo el esquema del salario mínimo, se afecta el valor de las pensiones y disminuye la capacidad adquisitiva de los pensionados.

Las afectaciones que producen las políticas del Estado contra la educación se han intensificado y expandido al mismo tiempo, afectando a investigadores y trabajadores, no sólo a estudiantes y pensionados como vimos en lo párrafos anteriores. Sino que los trabajadores activos, sindicalizados o no, han sido alcanzados por las medidas neoliberales que precarizan el trabajo.

Frente a los agravios mencionados no sólo los estudiantes han reaccionado. Recientemente vimos un emplazamiento a huelga por parte de los sindicatos de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte (SIPCOLEF), del Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social (SUTICIESAS), del Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE), y del Único de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (SUTICICESE), los que tienen en promedio entre 180 y 250 trabajadores entre investigadores, técnicos y administrativos sindicalizados por cada centro.

Así, poco a poco y con el pretexto del evento mundial “Marcha por la Ciencia” se ha ido gestando en nuestro país el “Movimiento por la ciencia”, el cual aglutina a estudiantes, académicos y trabajadores de la ciencia de diferentes Universidades públicas del país así como Centros de investigación, pues las demandas que cada sector enarbola tienen un común denominador: la defensa de la educación pública y gratuita y la lucha por los derechos de los trabajadores del sector educativo. Se trata de una oportunidad para plantear un esquema de articulación entre sectores que pone de manifiesto la urgencia del tema. Momento crucial que exige de memoria histórica y lectura política para armarnos programáticamente y responder a las nuevas embestidas del capital, más allá del reclamo necesario pero insuficiente del pago de las becas, la falta de nuevos centros de investigación y plazas,  así como de los recursos para los proyectos de investigación. La defensa de la educación pública es una tarea inmensa que bajo las circunstancias ya mencionadas, sólo podrá llevarse a cabo con la vinculación de sectores organizados y combativos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han podido poner en entredicho quién debe tener la rectoría educativa.

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