La quiebra de las universidades es responsabilidad del gobierno, no de los trabajadores

 

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Jessica Navarro.

Las proyecciones de la Secretaria de Hacienda sobre el buen desempeño de las finanzas públicas y la economía nacional  se contradicen con el quiebre financiero de ocho Universidades Públicas Estatales (UPES), entre las que se cuentan las autónomas de Morelos, Zacatecas, Estado de México y Nayarit, la Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el problema apenas empieza: la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) prevé que abril de 2018 serán 21 Universidades Públicas las que estarán en esta situación.

Los daños causados al sector por la actual política económica se agravarán debido al diseño del paquete económico 2018 que está imponiendo un techo de deuda de 5.2 billones, costeable con recortes  en salud, cultura, educación y agro.

Para los trabajadores universitarios estos recortes al presupuesto se traducen directamente en despidos y sacrificio de sus pensiones; por ejemplo, dentro del recorte del presupuesto educativo se suprimió el programa de “Apoyos para la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales” y se retiraron recursos destinados para el pago de pensiones; tampoco se programó un presupuesto especial para los problemas financieros que ya venían arrastrando varias UPES. Y si bien la Cámara de Diputados ofreció un curita de 700 millones para los problemas estructurales de las Universidades Públicas, fue con la condición de continuar la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del sector.

Esto porque las autoridades piensan que los salarios y pensiones de estos trabajadores -que no podemos presumir siquiera de dignos- representan un lastre para las finanzas de las universidades.

En realidad, las dificultades que ahora enfrentan las UPES se derivan de la disminución de 1.8 por ciento en el presupuesto para educación superior, debido a lo cual se han recortado rubros importantes como los fondos extraordinarios (8 mil 500 millones de pesos para todas las universidades públicas).

Por esto debemos ser firmes en reiterar que el quiebre que hoy enfrentan las Universidades no es fortuito, sino la expresión del fracaso de la política pública dirigida a la educación.

El presupuesto destinado es insuficiente para enfrentar la gestión de las universidades y se corre el riesgo de no poder cubrir las nóminas para el pago de fin de año. Y ante esta situación, las autoridades recurren al argumento de que los apuros financieros se deben a los compromisos contraídos con los trabajadores. En el mejor de los casos se responsabiliza a la corrupción en abstracto.

Todo esto demuestra indolencia ante la situación de miles de trabajadores que ven amenazado el pago de su salario y pensiones. Pero sobre todo, deja en claro la incompetencia de las autoridades para encontrar una verdadera solución al problema.

Ante este panorama, es urgente que los trabajadores, además de solidarizarnos con los compañeros de las universidades declaradas en quiebra, elaboremos una propuesta de gestión del gasto universitario más adecuada a nuestros intereses, pues claramente la política de “ajustarse el cinturón” no funcionó y nos ha salido muy cara.

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