LA DEUDA Y LA RECONSTRUCCIÓN LA PAGARÁN LOS TRABAJADORES

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Finanzas públicas 2018

Jessica Navarro

Aunque todo mundo ande entretenido con el inicio adelantado de las campañas por la Presidencia, quiero llamar la atención sobre temas más relevantes pero desafortunadamente menos visibles. Está en curso la discusión y aprobación de la política presupuestal para el año 2018, es decir, los lineamientos sobre ingresos, gastos y deuda del gobierno.Ya la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para el siguiente año. Y hay malas noticias para la inmensa mayoría de los mexicanos. El Gobierno Federal requiere más dinero para enfrentar dos eventualidades.

En primer lugar, necesita 663 mil millones de pesos para contender con una deuda pública notablemente incrementada, que pasó de representar 37.7 por ciento del Producto Interno Bruto en 2006 a 50.2 por ciento en 2016. Los responsables de las finanzas publicas se han propuesto reducir este nivel de endeudamiento a 47.3 por ciento del PIB para obtener una calificación soberana estable que le permita mantener la confianza de inversionistas y prestamistas.

En segundo lugar, el gobierno requiere 43 mil millones de pesos para la reconstrucción del país después de los sismos del pasado septiembre.

En total, se contempla que en 2018 los ingresos púbicos serán de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Para alcanzar este nivel, los diputados estimaron al alza el precio del petróleo y el tipo de cambio. Pero más importante aún, la Ley de Ingresos aprobada incluyó un “ajuste” al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de tal manera que los ingresos adicionales se obtendrán de los contribuyentes, sobre todo de los trabajadores.

En el caso del ISR se aplicará por primera vez, desde 2014, la disposición del artículo 152 de la Ley correspondiente que determina que con una inflación acumulada del 10 por ciento la tarifa aplicable a personas físicas asalariados debe actualizarse a partir del 1 de enero de 2018.

Por el lado del gasto las cosas tampoco pintan bien. Ya se anunció un recorte de 43,800 millones de pesos con la intención de contribuir también desde aquí a la reducción del nivel de endeudamiento. Teniendo en cuenta la experiencia de los recortes anteriores, seguramente la tijera se meterá en los ramos de Salud, Agro, Educación y Cultura, mientras se mantiene el abultado gasto en defensa nacional, seguridad pública y operación del gobierno.

Esto, de manera inmediata, reducirá las expectativas salariales de los trabajadores del sector público y limitará la creación de nuevas plazas en las dependencias afectadas, además de las consabidas afectaciones a los servicios prestados.

La lógica del gobierno es simple y brutal. Ya sea por el lado de los ingresos o del gasto, los recursos adicionales para contender con la deuda y los sismos deberán obtenerse con el sacrificio de los mexicanos de a pie. No se contempla una distribución más equitativa de la carga mediante la reducción de gastos gubernamentales superfluos ni un incremento de impuestos a los más ricos.

Esto no debe extrañarnos. La política presupuestal para el 2018 se hace sobre la base de una estrategia que ya tiene varios años, caracterizada por la persecución ortodoxa del déficit cero mediante el constreñimiento del gasto en rubros sociales y la búsqueda de mayores ingresos tributarios que compensen la reducción de los ingresos provenientes del petróleo.

Ante todo esto, los trabajadores necesitamos movernos en dos niveles. En el corto plazo, debemos exigir que el costo de la deuda y de la reconstrucción no se recargue sobre nuestros hombros como lo pretende la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2018. En el largo plazo, debemos modificar sustancialmente los criterios generales de la política presupuestal para que se oriente a la promoción del desarrollo económico y social del país y a ninguna otra cosa.

Y me temo que no hay un candidato presidencial capaz de garantizar estos dos objetivos.

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