Sistema de pensiones en México: los monopolios financieros le arrebatan el ahorro a los trabajadores

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Ximena Franco

El pasado mes de agosto, más de 700 mil trabajadores chilenos salieron a las calles de Santiago para exigir al gobierno que aumente las pensiones, subiendo la aportación que corresponde a los patrones. A causa de esta movilización, la presidenta Michelle Bachelet se vio obligada a poner el tema en la orden del día del Congreso chileno. Mientras tanto, ¿qué sucede en México con el sistema de pensiones?

Desde 1997, con la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), el gobierno mexicano copió el sistema de pensiones chileno, que es un modelo privatizador. El más reciente capítulo de esta historia fue la creación del PENSIONISSSTE en 2007, y luego la reciente Reforma a la Ley del ISSSTE, del año 2015. Antes de eso, el régimen de pensiones prevaleciente era de reparto, también llamado “sistema solidario” o de “beneficio definido”. Este régimen se caracterizaba por ser un contrato generacional, es decir -además de las aportaciones del patrón y del Estado-, las pensiones se financiaban con las contribuciones que todos los trabajadores activos hacían en un fondo colectivo. El trabajador podía saber con antelación y certeza cuál sería el monto de su pensión, que era invariable y se calculaba con base en su salario y los años de cotización (que solía coincidir con la antigüedad en el trabajo). Para muchos trabajadores que cotizaban al IMSS, por ejemplo, el monto de su pensión alcanzaba a ser de entre el 60 y el 100% del último salario percibido.

A finales de la década de los 90, con el viraje privatizador, las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores fueron individualizadas. Dejó de existir el fondo colectivo y el sistema de reparto, y el ahorro de los trabajadores ya no formaría parte de un fondo financiado colectivamente. Ahora, cada trabajador tendría su ahorro en una cuenta separada e individual, y como tales, dichas cuentas pasaron a ser administradas por empresas privadas, llamadas Afore (Administradora de Fondos para el Retiro). La mayoría de estas Afores son propiedad de bancos privados o están financieramente ligadas a ellos.

Actualmente, la tasa de aportación mínima obligatoria para el fondo de retiro, establecida por el Estado a través de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), es el equivalente al 6.5% del salario del trabajador. De ese porcentaje el patrón aporta el 5.150%, el Estado, 0.225% y el trabajador el 1. 125%. Debido a los bajos salarios y a la acción corrosiva de la inflación sobre el valor del dinero, en términos efectivos esta tasa se traduce en una pensión muy baja. De tal manera que puede proyectarse que el trabajador que cotizó al IMSS, al pensionarse sólo recibirá el equivalente al 30% de su último salario percibido. Para ejemplificar esto, tomemos el salario promedio de un profesionista: 6 mil 800 pesos mensuales. La perspectiva es que, con la aportación obligatoria del 6.5%, al pensionarse obtendría mil 900 pesos al mes para vivir su vejez y retiro. Y si hablamos de un trabajador que percibe el salario mínimo de 73 pesos, y cuyo sueldo mensual es de 2190 pesos aproximadamente, su pensión sería de 657 pesos mensuales. En contraste con la situación de millones de trabajadores, está el caso de los ministros de la Suprema Corte y los ex presidentes, quienes reciben una pensión anual vitalicia de 4 millones 100 mil pesos, y de 2 millones 500 mil pesos, respectivamente. Por supuesto que todas estas pensiones se financian con los dineros públicos.

 Para subsanar esta situación, tanto el Estado (a través de la CONSAR y el Secretario de Hacienda), los patrones y las propias Afores, les piden a los trabajadores que hagan un “esfuerzo extra” por ahorrar más dinero de su salario (de por sí insuficiente), para que lo destinen a sus mermados fondos de pensiones. En cambio, el Estado no promueve el aumento de la cuota de los patrones a los fondos de ahorro, y por supuesto, tampoco aumenta el “salario mínimo”.

Y mientras los trabajadores se las ingenian para poder sobrevivir con salarios y pensiones miserables, ¿cómo se benefician las Afores administrando las cuentas de ahorro para el retiro?

Para empezar, las Afores manejan las cuentas de 37 millones, 940 mil 705 trabajadores (datos de la CONSAR). La cantidad de dinero que esto representa equivale al 15% del PIB, es decir, casi 2 mil 800 millones de pesos. Por la administración de estos recursos, las Afores obtienen ganancias billonarias. Por un lado, porque como cualquier empresa privada, cobran comisiones a cada trabajador por los “servicios” ofrecidos. La CONSAR reporta que en promedio, las Afores cobran una comisión de 1.11%. Pero lo que no revela es que sólo por concepto de comisiones, en 2015 las Afores obtuvieron ganancias de 27 mil millones de pesos (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/11/economia/029n2eco). Y los “rendimientos” que las Afores ofrecen a los trabajadores, la mayor parte de las veces son mínimos o nulos, pues están sujetos a las fluctuaciones y volatilidad de los mercados financieros, dicen. Según la CONSAR, los rendimientos promedio ofrecidos por las Afores son entre el 3.5 y 7.7%, de acuerdo al rango de edad del trabajador. Pero se ha señalado que esta cifra es falsa, pues intencionadamente no contempla los efectos de la inflación, que consumen el valor del dinero. Algunos economistas señalan que, en términos reales, las Afores ofrecen un rendimiento que oscila entre los -2.37% y el 0.7% (http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/01/29/inequidad-en-el-sistema-de-pensiones). Es decir, que no sólo no hay rendimiento, sino que incluso se contemplan pérdidas al ahorro del trabajador (a estas pérdidas las Afores las denominan con el eufemismo de “minusvalías”). Así, los trabajadores no obtienen prácticamente nada a cambio de la inversión de sus ahorros, a no ser la  “satisfacción” de enriquecer a las Afores.

Pero además, las Afores invierten el ahorro de los trabajadores, con distintos niveles de “riesgo” y en diversos instrumentos de inversión: bonos de deuda federales, bolsas de valores, y activos de empresas nacionales y extranjeras, así como en las paraestatales, etc. Esta maniobra representa la mayor obtención de ganancias para estas empresas privadas. Pues las Afores tienen a su disposición, para administrar e invertir, todo el dinero de los trabajadores depositado en las subcuentas de Retiro, Cesantía y Vejez y de Ahorro solidario. Se trata, ni más ni menos, de las subcuentas que más recursos de los trabajadores concentran (lo que no administran es lo depositado en la subcuenta de Vivienda).

Antes del 2011, más del 54% del fondo de ahorro de los trabajadores que administran las Afores era invertido en bonos de deuda federales, mediante los cuales cualquier persona física o moral compra la deuda del gobierno, que éste, endeudado y con necesidad de capitalizarse, pone a la venta en el llamado “mercado de deuda”, a cambio de ofrecerle a los compradores tanto la devolución íntegra del monto que compraron, como una tasa de interés. Esta tasa es fija, y por ello el “nivel de riesgo” en este tipo de inversiones se supone que es menor, pues además el Estado es el garante en caso de un quiebre financiero. Este sistema termina por ser conveniente a las Afores y al propio gobierno federal, quien se capitaliza y sostiene a partir de vender a los trabajadores –a través de las Afores- la deuda gubernamental. Pero en el año 2011, la CONSAR decidió autorizar a las Afores invertir –es decir, “arriesgar”- hasta el 20% del ahorro de los trabajadores en Bolsas de valores y activos de empresas privadas en el extranjero. Para 2016, el 14% del ahorro de los trabajadores ya está invertido en activos de empresas  extranjeras. Con esto, los ahorros se ponen en un riesgo cada vez mayor, debido a un eventual quiebre financiero, y pueden verse reducidos o incluso desaparecer, sin que haya responsabilidad directa ni para las Afores ni para el Estado. Baste citar los conocidos casos de los trabajadores de España y Chile, donde el quiebre financiero de empresas privadas en las que estaban invertidos sus ahorros (como Lehman Brothers), así como la caída de la renta variable, produjo pérdidas de más del 40% del dinero de las pensiones, que no podrá ser recuperado.

Los ingresos obtenidos por las Afores, por concepto de cobro de comisiones y por las inversiones del ahorro de los trabajadores, fue de 73 mil 604 millones de pesos para el primer trimestre del presente año (http://www.elfinanciero.com.mx/economia/afores-reportan-ganancias-durante-marzo.html). De estas ganancias, las Afores no están obligadas a aportar un sólo centavo a las cuentas de los trabajadores. Y como siempre, los mayores beneficiarios son los monopolios financieros, pues el 67% de las ganancias generadas están en manos de cuatro Afores, ligadas a bancos privados de capital tanto nacional como extranjero: XXI Banorte, Banamex, Profuturo GNP y SURA.

Es así que bajo el régimen privatizado de pensiones, las empresas privadas y el Estado ganan, y los trabajadores, perdemos. Este sistema de pensiones, carente de toda lógica, en el que el ahorro para pensiones y jubilaciones de millones de trabajadores está en riego de perderse debido a la especulación financiera que el Estado permite a las empresas privadas; este sistema injusto y desigual sólo es posible dentro del régimen económico capitalista, anárquico y desregulado, que opera únicamente bajo la “lógica” de la obtención de ganancias, generando miseria para millones de trabajadores, y enriqueciendo absurdamente a unos cuantos.

Debemos poner el dedo sobre la llaga: nuestro ahorro para pensiones y jubilaciones, obtenido a base de condiciones laborales y salarios cada vez más precarios, en realidad está sirviendo como un mecanismo de acumulación de capital y de generación de ganancias billonarias para los monopolios financieros.

 

Nueva oleada de reformas lesivas a la Ley del ISSSTE y al PENSIONISSSTE afectará a los trabajadores al servicio del Estado

La situación de los trabajadores al servicio del Estado no es más alentadora. El Estado se ha evadido ya de toda responsabilidad patronal respecto de las pensiones de sus trabajadores. ¿Por qué? Las razones que da el gobierno son siempre las mismas: el pago de los “pasivos laborales” (pensiones y jubilaciones) es lo que está desestabilizando las finanzas públicas del país. Incluso, desde hace muchos años, han emprendido una campaña para culpar a los trabajadores retirados de las paraestatales (PEMEX, CFE, etc.), por recibir pensiones “muy elevadas”, en comparación con las del resto de los trabajadores. Su estrategia, como siempre, pretende ponernos a pelear entre trabajadores.

En 2007, con la Ley de Pensiones para Trabajadores del Estado, mejor conocida como Ley de ISSSTE, se crea Pensionissste, una administradora de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores del Estado. Este hecho también respondió a la andanada privatizadora del sistema de pensiones. Excepto que el Pensionissste, como tempranamente señaló la Sección IX de la CNTE desde 2006, fue “una instancia de transición para llegar finalmente a las Afores privadas” para los trabajadores que cotizan al ISSSTE. En este caso, el amargo veneno se ha ido administrando con gotero.

El Pensionissste ha funcionado como una Afore del Estado que maneja las cuentas individuales de los trabajadores. Como toda Afore, también queda supeditada a los lineamientos establecidos por la CONSAR. Cobra comisiones, invierte el dinero del ahorro mediante las SIEFORES (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro) y ofrece rendimientos.

Después, en abril del 2015, tuvo lugar una nueva propuesta de reformas al sistema de pensiones del ISSSTE, elaborada por el Ejecutivo, que fue aprobada en diciembre de ese año por la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado, donde sigue en espera de su aprobación y entrada en vigor. Con esta nueva reforma se modifican aspectos sustanciales de la Ley de Pensiones para Trabajadores del Estado.

Mientras Pensionissste funcionó bajo los términos de la Ley, emitida en 2007, era una Afore ligada al ISSSTE: recibía financiamiento federal para su funcionamiento. Así, podía repartir en las cuentas individuales todas las utilidades obtenidas por la administración de los fondos de ahorro, pues no era una empresa privada y no tenía fines de lucro. Además, al ser una administradora de trabajadores del Estado, era éste quien se hacía responsable si se presentaban pérdidas causadas por las inversiones y sus riesgos. Pero con la nueva reforma a la Ley del ISSSTE que espera ser aprobada en el Senado, se operarían modificaciones lesivas, con las que finalmente se transitaría a la privatización del PENSIONISSSTE. Algunas de estas modificaciones propuestas son:

Las cotizaciones del trabajador aumentarían, mientras los patrones (dependencias y entidades), aportarán menos. Además, con la reforma se reduciría la pensión por invalidez: del 50% al 35% del último salario de cotización. Los remantes obtenidos por Pensionissste después de haber pagado los gastos de administración, podrían o no ser destinados a las cuentas individuales de los trabajadores. Ésa sería una decisión que tome el Consejo Administrativo.

Encima de esto, en la Ley del ISSSTE quedó establecido el aumento de edad para jubilación. Antes, para poderse jubilar, un trabajador tenía que cumplir 28 (mujer) o 30 (hombre) años de cotización, sin importar la edad de vida. Después de 2007, con la llamada Ley del ISSSTE, además de tener que cotizar durante esos mismos años, existe un límite mínimo de edad para jubilarse: 49 años para las mujeres, 51 años para los hombres. Y la edad límite irá aumentando paulatinamente: De tal manera que para el 2016-2017, por ejemplo, los trabajadores que han ya cotizado 30 años, y las trabajadoras que lo han hecho durante 28 años, deben tener además un mínimo de 54 y 52 años de vida, respectivamente. Para el 2018, las edades de jubilación serán de 60 años para hombres y 58 para mujeres. Para el 2025, las mujeres podrán jubilarse hasta cumplir 58 años, y los hombres, 60 (no importando, en ninguno de los dos casos, que ya hubieren rebasado los 30 años de cotización).

Algunas condiciones de jubilación o cesantía fueron respetadas tal como existían antes de la reforma al sistema de pensiones, específicamente para aquellos que en 2008 optaron por el DÉCIMO TRANSITORIO y rechazaron el Bono de Pensión del ISSSTE.  Estos “viejos” trabajadores podrán aún gozar, por ejemplo, de pensiones al 100 por ciento de su último salario percibido. Pero el aumento de edad para jubilación TAMBIÉN AFECTA A LOS TRABAJADORES QUE ELIGIERON QUEDARSE EN EL RÉGIMEN DEL DÉCIMO TRANSITORIO. Con esta maniobra el Estado puede estar pretendiendo dos cosas: obligar a los trabajadores a que aceleraran su jubilación, para suplantarlos rápidamente con nuevos trabajadores para quienes ya no existirá ninguna garantía parecida, pues desde 2007 ya ningún trabajador del Estado puede optar por el esquema del DECIMO TRANSITORIO; o bien, estarían buscando prolongar la edad laboral de los trabajadores que eligieron el esquema del DÉCIMO TRANSITORIO y dilatar así el pago de sus pensiones y jubilaciones lo más posible (o pagarla sólo durante un breve periodo de tiempo: desde su jubilación hasta la muerte del trabajador).

Las reformas del 2015 también plantean la transformación de Pensionissste, quien pasaría de ser una Afore descentralizada del ISSSTE, a ser una “empresa productiva del Estado” (paraestatal). Las razones son las de siempre: para darle “autonomía de gestión” y con ello volverla más “eficiente y competitiva”. La nueva paraestatal Pensionissste sería administrada por un Consejo Administrativo bipartita, cuya conformación y funcionamiento está pensada para NO representar los intereses de los trabajadores. Este Consejo estaría integrado por 9 representantes del gobierno federal y 9 representantes de los trabajadores, pero estará presidido por el Secretario de Hacienda, quien además tendrá voto definitorio en la toma de decisiones. Las organizaciones sindicales de trabajadores que participen en el Consejo, serán elegidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente al Consejo, habrá 9 consejeros independientes quienes decidirán el funcionamiento de la empresa Pensionissste. Estos consejeros serían elegidos directamente por el Ejecutivo.

Cabe señalar que según la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si el Estado considera que éstas ya no resultan “rentables”, pueden ser extintas por decreto presidencial. Idénticamente a lo que Felipe Calderón hizo contra Luz y Fuerza del Centro y miles de trabajadores del SME, cuando la empresa aún era rentable. Debido a que el gobierno planeaba la privatización de la industria eléctrica, tuvo que liquidar a la empresa con el falso argumento de su poca rentabilidad, y por supuesto dio un golpe de mano contra el sindicato. Lo mismo ha hecho con PEMEX, una paraestatal a la que el propio Estado asfixió financieramente, malversó en sus fondos, etc. Todo con la intención de liquidarla como la empresa altamente rentable que era, y poder así justificar la privatización de la industria de los hidrocarburos. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que el Estado tendría mejores planes para su nueva paraestatal Pensionissste. Pues ésta Afore maneja enormes cantidades de dinero de los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado, recursos que las Afores y bancos privados están ansiosos por poder administrar para sacarles las máximas ganancias posibles. Además, los legisladores dictaminaron que a pesar de ser propiedad del Estado, si existiera una minusvalía o pérdida en los ahorros de los trabajadores, el Estado no se hará responsable ni tiene compromiso de resguardar o ser el soporte financiero de los fondos de ahorro.

¿Qué podemos hacer los trabajadores?

Los trabajadores tenemos que tener claro que con nuestras aportaciones YA hemos pagado nuestras pensiones y jubilaciones. Pero sobre todo, hemos pagado nuestras propias pensiones y jubilaciones con la riqueza diaria que producimos con el trabajo que realizamos en todos los ámbitos de la producción y los servicios. No le “debemos” nada al Estado, ni a los patrones, ni a las Afores. No vamos a creerles el cuento de que los llamados “pasivos laborales” son los responsables de la crisis financiera en el sector salud, educativo, de los energéticos, ni de las finanzas en ningún rubro público. Esas crisis son producto de un régimen económico que no avanza ni da buenos resultados, sino que da tumbos sin medida ni regulación, rigiéndose por la “ley” del más fuerte y de la libre competencia: en una palabra, esas crisis son efecto del régimen capitalista que los gobiernos mantienen a costa del futuro de millones de trabajadores y de sus familias. Además, todos los días nos enteramos de billonarios desfalcos al erario público, causados por la corrupción, el entreguismo de las paraestatales auspiciado por las reformas estructurales, el nepotismo, el clientelismo y la ineptitud de los gobernantes, de los “legisladores”, de los funcionarios públicos en todos sus niveles. Los trabajadores no tenemos por qué pagar con los fondos de nuestras pensiones y jubilaciones, ni los efectos de ese régimen económico caduco, ni los malos manejos y las corruptelas de la banda de delincuentes que gobiernan el país a su conveniencia.

Pero además, si el Estado privatizó el sistema de pensiones y se deshizo de la mayor parte de responsabilidades hacia el trabajador, fue también, debemos decirlo, gracias a las dirigencias sindicales charras y entreguistas (en el sector salud, de los trabajadores al servicio del Estado, del sector educativo, del sector energético, etc.). Esos “lugartenientes de la burguesía” (como los llamaba Lenin), colaboraron con el Estado y los patrones a cambio de mezquinas prebendas, y contuvieron el encono de los trabajadores ante esta injusticia, manteniendo así el “orden” para sus patrones, mientras se privatizaba el sistema de pensiones, mientras las Afores se enriquecen a manos llenas, tomando lo que es nuestro.

Para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, las dirigencias sindicales de PEMEX, CFE y el IMSS (por mencionar algunos), han negociado con su patrón “nuevas condiciones” para pagar las pensiones y jubilaciones. Estas condiciones resultan lesivas para los trabajadores. Como muestra un botón: “Según la empresa productiva del Estado [CFE], la mejora en [sus] estados financieros se explica por la renegociación del contrato laboral del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en mayo pasado […] La Comisión pactó una disminución en el pasivo laboral por 160 mil millones de pesos, lo que se refleja ya en los estados financieros de este primer semestre del año.” (Revista Proceso, en línea,  28/07/16). Y para el caso del PENSIONISSSTE, el Estado contó con la invaluable ayuda de los líderes sindicales charros que se apresuraron a ponerse a las órdenes del patrón para avalar las reformas al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado. Tal es el caso de la misma Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), cuyo Secretario General, Joel Ayala Almeida, impulsó la reforma a la Ley del ISSSTE. Como prebenda, participará en el Consejo Administrativo de la nueva paraestatal Pensionissste. NO hará ningún daño allí, porque ni él ni esa federación representan los intereses legítimos de los trabajadores, sino los del Estado. También Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), aplaudió las últimas reformas a la Ley del ISSSTE, las de diciembre del 2015, porque él, lo mismo que el gobierno, está de acuerdo en que transformar e Pensionissste en una paraestatal la volverá más eficiente y competitiva. Repitiendo así la idea de su patrón, el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza.

Por eso, la tarea pendiente para todos los trabajadores y los sindicatos clasistas, democráticos e independientes, es reavivar nuestra combatividad, hasta derogar las reformas privatizadoras al régimen de pensiones. Ese esfuerzo pasa necesariamente por sacar a los charros y neocharros que desde hace décadas se han enquistado en las direcciones sindicales de nuestras organizaciones y han impedido que los trabajadores nos alistemos para dar la lucha por recuperar nuestros derechos y prestaciones, incluso la más básicas, que nos han estado arrebatando paulatinamente.

 ¡A reorganizarnos todos en un frente común de sindicatos y trabajadores, para luchar hasta derogar las reformas privatizadoras al régimen de pensiones!

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