Defensa proletaria ante la represión

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Andrés Ávila Armella

El aumento de la represión en los últimos meses es un hecho documentado y reconocido por distintas corrientes de opinión. Como prueba inocultable de ello están el encarcelamiento en condiciones de máxima seguridad para dirigentes de la CNTE, como Rubén Núñez Acosta, Juan José Ortega y otras decenas de maestros democráticos; el impedimento para que las marchas en la Ciudad de México se dirijan al Zócalo, así como la masacre perpetrada por la policía federal en Nochixtlán, Oaxaca, donde se disparó a maestros y pobladores en resistencia (cayendo muertos 8 de ellos).

Pero, ¿cómo interpretar el ascenso de la represión? He aquí una cuestión delicada, pues es ineludible que en la crítica, en la denuncia y en la respuesta a la misma, se note el origen y perspectiva de clase ante tales hechos. Para el ala liberal de la burguesía, el problema es que se reprime con fuerza, y aconseja formas más institucionales y suaves de aplicar la represión; para la pequeña burguesía politizada, el problema se debe a los excesos derivados de huecos legales e institucionales, así como a la corrupción que permite que nuestros gobernantes tomen “malas decisiones”. Para ellos, la solución pasa por establecer formas de “participación ciudadana”, que tienen que ver desde la participación en las elecciones (para que gane un político más sensible), hasta con la creación de organismos civiles y estatales de derechos humanos y de supervisión ciudadana.

Desde nuestro punto de vista, el marxista-leninista, y con un enfoque proletario, el problema es que la burguesía tiene intereses y tiene metas por cumplir, y el Estado mexicano en su conjunto se esfuerza por generar condiciones propicias para el cumplimiento de esas metas. En ese camino, la existencia de organizaciones sindicales que no han aceptado que el Estado dirija su sindicato y tienen su propia línea de acción, son identificadas como un obstáculo. Para hacerlas de lado, pueden recurrir a una diversidad de métodos, más suaves o más brutales, pero lo fundamental es el objetivo de todos esos métodos: desmantelar los referentes de organización.

A estas alturas resulta evidente que entre los altos mandos del Estado que están tomando las decisiones, y donde podemos incluir a Peña Nieto, pero además seguramente a personajes prominentes de la burocracia de Estado, de las fuerzas armadas y de las cúpulas empresariales, se ha fortalecido la posición de la “mano dura”, y confían en su eficacia histórica. No es la primera vez que se aplica este tipo de políticas represivas. Pero si la pregunta es cómo evitar la mano dura, hemos de tener claro que mientras el Estado sea burgués, siempre estará latente esa posibilidad. Porque hay una contradicción permanente entre los trabajadores y los capitalistas, y cuando ésta llega al plano político, el Estado suele aplicar la fuerza en favor de la burguesía. La magnitud de la fuerza depende de qué tanto se considere necesaria para imponer su voluntad, así como de la capacidad del pueblo trabajador para frenarla o revertirla.

La mano dura puede acentuarse o disminuirse, pero es nuestra responsabilidad el tratar de que la represión sea lo menos lesiva para los luchadores sociales y para el pueblo trabajador, para no debilitar nuestras fuerzas. La alternativa que vemos más recomendable no está en las instituciones ni en la llamada “ciudadanía” en general, sino en perfeccionar nuestros métodos de lucha, de cooperación y organización, y también en nuestra capacidad de denuncia, agitación y de generar entre los distintos sectores del pueblo trabajador y explotado, la conciencia de que la represión nos afecta a todos y hay que combatirla de manera general. Si hacemos esto acertadamente, el Estado lo pensará dos veces antes de aplicar mecanismos brutales de represión. Y aunque no podemos esperar que renuncie a su carácter represivo, sí podemos bloquear algunos aspectos de la represión y seguir acumulando fuerzas para combatir a la burguesía y al Estado en batallas de mayor impacto histórico.

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