Alerta trabajadores! Está en marcha una nueva afectación de nuestros derechos

Mediante la reforma del artículo 123 constitucional, los legisladores pretenden pasar a un número importante de trabajadores del sector público del apartado A, al apartado B. Con esto, para miles de trabajadores desaparecerían sus sindicatos, los contratos colectivos de trabajo y el derecho de huelga.

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Detroit_Diego_Rivera_industry_mural_5302¿Quiénes y de qué forma están atentando contra nuestros derechos?

Como parte de la reforma política del DF en curso, senadores de los distintos partidos (PRI, PRD, PAN, PVEM, PT, etc.) introdujeron de contrabando una reforma al apartado B del Artículo 123 constitucional. El dictamen ya fue aprobado en diciembre del 2014 por las comisiones del Senado, y ahora se presentará al Pleno el 12 de marzo, después de lo cual entraría en vigor.

Con esto, miles de trabajadores (con o sin Sindicato) de organismos autónomos y de organismos descentralizados pasarían del apartado A al apartado B, con todas las limitantes en materia de derechos laborales que esto implica, eliminando de golpe una Jurisprudencia constitucional (la 1/96), mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso, en febrero del 1996, que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores no se rigen por las normas del apartado B del 123 constitucional, sino por el Apartado A.

De manera que la propuesta que hoy se discute en el Senado es una regresión jurídica que afectará las condiciones de trabajo y de vida de miles de mexicanos.

¿Por qué no es conveniente que los trabajadores de organismos descentralizados y de organismos autónomos sean trasladados al Apartado B?

El artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo establecen los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones. En este artículo se divide a los trabajadores en dos “Apartados”, el A y el B.

  • EL APARTADO A. Los trabajadores contemplados en este Apartado tienen derecho a establecer con el patrón Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), lo que evita que se ven orillados a vender individualmente su fuerza de trabajo, en una situación que sería claramente desventajosa para ellos. Además, pueden formar sindicatos (uno o más), para negociar de manera bilateral y organizada con el patrón las condiciones laborales de todos los trabajadores de la empresa, las prestaciones y otros beneficios, así como el aumento salarial. De la misma forma, tienen derecho a optar por el recurso de la huelga como instrumento de presión y de lucha.
  • EL APARTADO B. Es el que rige para los trabajadores al servicio del Estado (los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal). La ley que lo regula no es la LFT, sino Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). Los trabajadores del apartado B no tienen Contratos Colectivos de Trabajo. En lugar del CCT existen “Condiciones Generales de Trabajo”, que además de tener menor fuerza legal, son fijadas de manera unilateral por el titular de la dependencia. Y aunque tienen derecho a formar “asociaciones” en defensa de sus derechos, éstas no tienen la capacidad de un sindicato para negociar con su patrón (el Estado) las condiciones laborales, y tampoco tienen la posibilidad de obtener mayores prestaciones o beneficios, más allá de las que disponga la LFTSE. Además, sólo puede haber un sindicato para cada dependencia.

Otra diferencia es que los trabajadores en el apartado B no cuentan con un Tabulador de puestos que puede ser modificado según las nuevas necesidades del trabajo, sino con un “Catálogo General de Puestos” establecido únicamente por el gobierno Federal o del Distrito Federal. Por si esto fuera poco, el salario no se puede negociar bilateralmente ni se lleva a cabo una revisión salarial anual para luchar por su aumento. En su Capítulo III, artículo 32, la LFTSE señala que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones asignadas. Respecto del recurso de huelga, los trabajadores del apartado B sólo pueden recurrir legalmente a ella cuando todos los derechos constitucionales señalados en dicho apartado son violados sistemáticamente. Como resultado de esta intencionada limitación, las huelgas son prácticamente imposibles para estos trabajadores. Con ello se reduce considerablemente su capacidad legal de presionar al Estado por mejoras laborales y salariales.

¿A quiénes afectaría esta nueva agresión de los legisladores?

Con esta reforma, tan sólo en el Distrito Federal serían afectados los trabajadores de 63 organismos, entre los que se encuentran, por mencionar algunos, el Heroico Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Aguas del DF, el Instituto de Educación Media Superior, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de la Red de Transporte de Pasajeros y, junto con ellos, también sus sindicatos. A nivel federal la reforma afectará a los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), del Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), así como los trabajadores del Colegio de Bachilleres, entre muchos otros.

¿Qué debemos hacer para defender nuestros derechos?

En diciembre del 2012 fue aprobada la Reforma Laboral. En aquella ocasión los dirigentes de muchos sindicatos contuvieron la movilización de los trabajadores confiando que mediante el “cabildeo” y la negociación con los partidos políticos se podría dar marcha atrás a la reforma. Pero hoy los trabajadores debemos aprender la lección: no lograremos defender nuestras conquistas cabildeado ni colaborando con los representantes de los partidos políticos, sino movilizándonos resueltamente para, desde la base, recuperar la independencia sindical y la combatividad de nuestra clase.

¡NO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL!

Acercate al CIS

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