Adrián Galindo
Los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, el estado de Guerrero son, sin duda alguna, motivo de indignación mundial por su brutalidad, pero sobre todo por el manto de impunidad que los abriga. Manto que ha encubierto una gran cantidad de hechos similares en los últimos ocho años, en el marco de la guerra “contra el narcotráfico”, desatada por el gobierno de Calderón y reforzada por el de Peña Nieto. Esta guerra pone en evidencia que los hechos ocurridos en Iguala no son sucesos aislados, sino todo lo contrario: son ya una práctica cotidiana y común de los tres niveles del gobierno, para quienes desaparecer, torturar y ejecutar son medidas habituales en la actual ofensiva militar y policiaca, que cada día se muestra más como una guerra irregular contra el pueblo de México.
Para poder aseverar que lo ocurrido en Guerrero es un crimen de Estado es importante, primero, definir qué es el Estado. Parto del entendido, y de forma muy simplificada, de que el Estado es un aparato de dominación de clase que se desdobla principalmente en dos elementos. El primero y más importante es el poder político, es decir, el poder de imponer un proyecto de clase como universal a la sociedad en su conjunto. El segundo elemento es el aparato de Estado o gobierno, es decir, todas las instituciones, reglas, leyes y personal que se aseguran de mantener, ya sea por el consenso o por la fuerza, dicho proyecto de clase; en pocas palabras, aseguran la reproducción social de ese proyecto bajo la orientación de intereses sociales específicos. Sintetizando: el Estado es la condensación de relaciones de dominación de clase[i]. El problema es que estas relaciones de dominación muchas veces no se pueden mantener por consenso, así que el Estado necesita recurrir a la represión y la violencia para hacer prevalecer proyectos políticos y económicos que sólo benefician a una minoría. Para proteger el statu quo, esta violencia puede darse de forma pública u oficial, mediante, por ejemplo, políticas estructurales que mantengan en la miseria a la gran mayoría de la población; o bien, mediante planes de seguridad que bajo el pretexto del bienestar social tienden a crear estados de excepción permanente. Pero también el statu quo se asegura con medidas clandestinas, como lo son operaciones paramilitares[ii], las cuales tiene como objetivo: instaurar el terror como mecanismo de atomización social, eliminar a aquellos que desempeñan un papel preponderante en las luchas sociales, suprimir la crítica al sistema y eliminar los obstáculos a la expansión de las relaciones sociales que el modelo económico vigente manda[iii], el cual, en el caso concreto de México, está caracterizado por el despojo, el crimen y la impunidad.
Tomando lo anterior en cuenta, repasemos lo ocurrido en Iguala, Guerrero. En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre ocurre un atentado en contra de los estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos”[iv]. Fue una emboscada por parte de policías municipales en conjunto con un grupo de civiles armados. Hubo dos balaceras distintas en un transcurso de por lo menos tres horas. El resultado son seis personas asesinadas y la desaparición forzada de 43 normalistas, los cuales fueron previamente detenidos por la policía y trasladados al último lugar en el que fueron vistos con vida: la comandancia del municipio de Iguala. En el atentado resalta un modo de operar caracterizado por la tortura (uno de los estudiantes asesinados fue encontrado desollado), la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, tres características del operar histórico de los despliegues clandestinos de la violencia estatal en América Latina, es decir, del paramilitarismo. Es importante tomar en cuenta que este atentado tiene como antecedentes la tortura de 24 estudiantes normalistas y la ejecución sumaria de otros dos estudiantes el 12 de diciembre de 2011, cuando en una movilización los normalistas bloquearon la Autopista del Sol (en donde también se señaló la participación de “civiles” en el tiroteo)[v], ocurrido en Iguala, donde en los últimos nueve años han ocurrido más de 200 desapariciones forzadas y una trama de corrupción e impunidad que tiene como cereza del pastel al Alcalde prófugo José Luis Albarca, señalado por testigos de haber asesinado, en mayo de 2013, al activista Arturo Hernández Cardona, junto con otros activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), cuyos cadáveres fueron encontrados con huellas de tortura practicada con un sadismo acentuado[vi]. El marco de violencia estatal, impunidad y terror es inocultable. Permea a los tres niveles de gobierno, en los que, ya sea por acción u omisión, hay responsabilidad en la instauración y despliegue de un régimen terrorista en el estado de Guerrero, el cual no es diferente al del resto del país.
Tomando el contexto descrito anteriormente, es poco creíble que los hechos ocurridos se deban a una ausencia del Estado, a un Estado fallido o a una descomposición estatal. La teoría del tercer actor[vii], es decir el narco como un fenómeno social incontrolable que se escapa de las manos del gobierno, termina presentando al victimario como víctima, difumina responsabilidades, garantiza la impunidad y da razón a la violencia estatal, justificando una escalada en el uso de la fuerza y en las medidas “preventivas”. La teoría del tercer actor tiene por objetivo hacer pasar este tipo de actos de barbarie como hechos aislados y no como una práctica que persigue objetivos políticos. Como bien señala Carlos Fazio, la desaparición forzada en este tipo de contextos tiene un claro objetivo político: “La figura de la desaparición, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente que, entre otras funciones, persigue la diseminación del terror”[viii].
Lo ocurrido en Guerrero es una clara acción paramilitar, porque:
- Involucra una acción armada en donde participaron agentes oficiales del Estado (policías) y civiles armados, es decir, hubo una coordinación con un grupo clandestino para atentar contra los estudiantes normalistas.
- Se utilizaron técnicas que infunden terror social como la tortura y la ejecución extrajudicial.
- Es un atentado político contra una organización social que no solo se opone a los intereses representados por los tres niveles de gobierno, sino que es un agente activo en la organización y resistencia en contra de esos intereses; es un actor social preponderante en la lucha social y promotor de la crítica al sistema.
- La impunidad es la marca que rodea todo el evento. Aunque en el mejor de los casos se llegara a hacer justicia castigando a los autores materiales e intelectuales, hubo un profundo clima de impunidad y violencia que permitió llegar a lo ocurrido no como un hecho aislado, sino como una práctica sistemática de control social. Evidencia de esto son la gran cantidad de fosas comunes localizadas, en las que hasta ahora no se ha encontrado a ninguno de los normalistas.
Es importante mencionar que el contexto que acompaña esta tragedia es el de una ofensiva frontal contra los derechos laborales y el salario, una fuerte criminalización de la protesta social y una imparable privatización del sector público (proceso mejor conocido como “reformas estructurales”). En este proceso, totalmente ausente de consenso, es en donde la violencia paramilitar juega un papel importante, ya que es el aceite que lubrica esa acción de fuerza cuando los intereses en el poder así lo demandan. Hoy más que nunca es evidente que vivimos en una dictadura de clase en donde el “discurso democrático” es la herramienta que sostiene la impunidad.
De este lamentable episodio podemos rescatar dos lecciones importantes. Primero, hay una consigna clara: todos los partidos políticos principales y los partidos satélites que funcionan bajo su mandato son responsables de lo ocurrido. Queda claro cuáles son sus prioridades y no hay forma de lograr un cambio social que implique justicia histórica bajo su tutela o con su participación. Y segundo, solo organizados políticamente podemos hacer frente a la actual embestida. Este particular caso no se conoció porque fuera algo nuevo (ya que ha sido una práctica recurrente desde hace mucho años), sino porque el atentado se realizó sobre una comunidad organizada que pudo romper el cerco mediático y hacerse escuchar.
El escenario que se está configurando en México no es nada alentador. Los hechos apuntan a la consolidación del terrorismo de Estado en México. Dependerá de nuestra organización como sociedad que esto no ocurra.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIMOS LOS QUEREMOS!
[i] Ver más en: Osorio, J., (2009) El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder. México, Fondo de Cultura Económica.
[ii] En otro artículo hable de las características del paramilitarismo en América Latina. puede consultarse en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/07/14/que-es-el-paramilitarismo/#axzz37T8OuNx9
[iii] Espacio de Reflexión y Acción Conjunta sobre Militarización, Represión e Impunidad en México, (1999) “El costo humano del proceso de guerra de “exterminio selectivo” en México: 1994-1999. Avance exploratorio analítico de las luchas sociales” en El proceso de guerra en México 94-99: militarización y costo humano. México, Pensar en voz alta. p. 110.
[iv] Es importante mencionar que la organización social en torno a dicha escuela es histórica y de gran incidencia en la región. Los estudiantes normalistas son actores políticos de importancia a nivel local, más si tomamos en cuenta que su organización es también de carácter nacional. Los principios que definen a esta organización están regidos por la transformación social, lograda por medio del trabajo y la articulación con los sectores populares, principalmente campesinos e indígenas. Su fuerte compromiso social, su inquebrantable voluntad política para construir una realidad más justa y su determinado activismo y combatividad han convertido a los estudiantes normalistas y su organización en un objetivo enemigo para para los intereses de los tres niveles de gobierno.
[v] Del asesinato de los dos estudiantes fueron encontrados culpables dos policías, los cuales actualmente se encuentran libre después de haber cumplido una muy corta condena. Nuevamente la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, como lo es la ejecución sumaria, se impone con total facilidad.
[vi] Turati, M., (2014) “Contra los “ayotzinapos”, odio criminal” en Proceso. Num. 1980. 12 de octubre de 2014. P. 13-14.
[vii] Para profundizar en torno a la teoría del tercer actor ver: Calvo, H., (2007) El terrorismo de Estado en Colombia. Venezuela, Fundación Editorial el perro y la rana.
[viii] Fazio, C., (2012) “Ayotzinapa, terror clasista” en La Jornada. 13 de octubre de 2014, [En Línea]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/opinion/020a1pol
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