La Ley en Telecomunicaciones y la lucha en su contra

 

Carlos López

El fin de semana pasado se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen que modifica la Ley en Telecomunicaciones, gracias a una aplastante mayoría conformada por ochenta “levantadedos” de distintos partidos electorales, y en medio de algunas protestas de la “sociedad civil”. El día de hoy, martes 8 de julio, la Cámara de Diputados hará lo propio para respaldar a sus compañeros de partido, independientemente de sus siglas y sus colores, y cerrar así el capítulo más visible de una confrontación interna entre dos sectores de la burguesía.

A grandes rasgos, se puede decir que las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones sólo sirvieron para que el monopolio de la televisión tenga la oportunidad de hacer más negocios con la telefonía móvil, fija y el Internet; para garantizar que el Estado mantenga una eficaz herramienta de control ideológico a través de pantallas y radios; para que sus aparatos represivos tengan a su disposición, sin siquiera tener que elaborar una orden judicial, acceso total a las conversaciones, datos y ubicación de cualquier ciudadano; para aumentar la burocracia estatal mediante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y para  evidenciar, una vez más, que la democracia parlamentaria sólo es una fachada, la más elaborada y compleja, para ocultar el dominio que ejerce una clase social, la burguesía, sobre todas las clases explotadas, especialmente sobre la clase trabajadora.

Este último punto se expresó de forma evidente a través del llamado “conflicto de intereses” que dio rumbo a la “discusión” de la Ley. Quedó claro, de una vez por todas, que la dichosa “telebancada” en las cámaras de Senadores y Diputados actúa, única y exclusivamente, para beneficio de sus amos, es decir, para los capitalistas de la televisión y la radio, como una correa para transmitir órdenes al resto de los políticos que constituyen las “fracciones parlamentarias”, cuya única tarea consiste en montar una gran puesta en escena con intervenciones en la tribuna, hacer reservas en lo particular, desecharlas en el pleno e imponerse a través de la mayoría frente a una tibia oposición que vota en contra solamente porque no hay peligro alguno de que la Ley “no pase”, y todavía se disculpa por ello.

Sin embargo, hubo quienes mantuvieron una lucha en contra de la Ley. Desde que se dio a conocer el dictamen, denunciaron abiertamente los peligros que encerraba al permitir la censura de contenidos en la red y el bloqueo de la señal en “momentos críticos” a criterio de los organismos encargados de la “seguridad nacional”. Colectivos y ciudadanos señalaron varias veces que la reforma la Ley en Telecomunicaciones atentaba contra la “libertad de expresión”, obviamente, dentro del mismo Estado burgués, y que por lo tanto era necesario combatirla. Si el hecho de que la censura y el bloqueo quedaran fuera del dictamen final fue una victoria de quienes se movilizaron, no es asunto nuestro. Ellos harán sus balances y lecturas. Sin embargo, hay algunos puntos sobre la protesta misma que es necesario señalar.

En primer lugar, las movilizaciones en contra de la Ley en Telecomunicaciones demostraron que las convocatorias hechas a través de las “redes sociales” tienen grandes limitaciones, tanto por la cantidad de gente que logran aglutinar, como por su contenido político. El método del “ciberactivismo” que tantos y tan buenos resultados le dio a algunos sectores juveniles de la pequeñoburguesía hace dos años muestra evidentes signos de agotamiento, es decir: está en plena decadencia. Hay que preguntarnos: ¿por qué “la gente” no salió a manifestarse de forma masiva contra una Ley como la de telecomunicaciones? Me atreveré a aventurar algunas hipótesis: en primer lugar, porque “la gente” se encontraba trabajando, produciendo riqueza para sus patrones, en jornadas laborales extenuantes y en condiciones absolutamente precarias, que se han agudizado de manera considerable gracias a la crisis económica en la que nos encontramos, así como a los cambios en materia laboral y fiscal que se aprobaron desde finales del 2012, y que no recibieron la misma atención de parte de los defensores de la “libertad de expresión”, ya sea porque consideraron que a ellos eso no les iba ni les venía, ya sea porque identificaron que como integrantes de la pequeñoburguesía sus intereses son distintos a los de los trabajadores, o por cualquier otra razón.

En segundo lugar, porque quienes no tienen acceso a internet, es decir, la mayoría de los mexicanos, tampoco tienen acceso a las actividades de propaganda y agitación que despliegan día tras día, coyuntura tras coyuntura, los “ciberactivistas” en la red.

En tercer lugar, porque la discusión de la Ley en Telecomunicaciones no era, ni es, un asunto de primera importancia para el pueblo trabajador, sino esencialmente la solución de un conflicto entre capitalistas, quienes están dispuestos a mantener su unidad como clase social dominante ante cualquier intento organizativo de los trabajadores y de todos los explotados que ponga en riesgo su hegemonía política y económica. Vamos, los burgueses están tan seguros de su dominio que incluso hicieron pequeñas concesiones sobre la censura y el bloqueo de señales, en tanto que no ven ni el más remoto riesgo de que ese par de factores pueda jugar en su contra.

El problema no está, pues, en convocar a una manifestación o no, en rechazar una ley o avalarla, sino en pensar que el Estado es neutral y no querer darse cuenta que sirve a los intereses de una sola clase social: la burguesía, para mantener en la explotación, la miseria y la enajenación al pueblo trabajador en su conjunto. El problema está en abandonar el trabajo de base, la lucha por las demandas de los trabajadores y la construcción de su organización política, a cambio del inmediatismo y el “activismo” en las redes sociales. El problema está en pensar que la “competencia” produce “democracia” y, en resumidas cuentas, en aferrarse a querer cambiar la realidad política, social y económica de este país sin tocar ni con el pétalo de una consigna al capital, sin poner siquiera en tela de juicio la democracia parlamentaria y ya no hablemos de analizar científicamente la manera en que se desarrollan las relaciones de producción en México. Estas tareas deben desarrollarlas fundamentalmente los comunistas, los trabajadores más avanzados y conscientes, que quieran ingresar o que ya están dentro del Partido Comunista de México (PCdeM), en vista de que la pequeñoburguesía es incapaz de entender esto.