Reforma en telecomunicaciones incrementa el poder de los monopolios y la censura

reforma[1]

Jesús Rábago/Colaborador externo

Una de las iniciativas impulsadas por Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gobierno fue la modificación de los Artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 constitucionales en materia de telecomunicaciones. La Ley Federal de Telecomunicaciones, junto con la energética, es una de las más rentables para los dueños de los grandes consorcios en la materia, así como para el gobierno federal. Cabe señalar que esta ley fue impulsada desde el 1 de diciembre de 2012, tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente, pero fue legitimada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) tras la firma del Pacto por México.

La Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el 10 de junio de 2013, sirvió para legitimar a los grandes oligopolios comunicativos en el país y para su formalización como verdaderos instrumentos de reproducción ideológica del Estado mexicano. Los ejes con los que se publicitó dicha reforma fueron la protección de datos personales y el derecho a la libertad de expresión, la asignación de funciones y límites legales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (creado en 2012 por el mismo gobierno federal).  Además de otorgarles de manera legal y fáctica más privilegios de los que ya tienen a las grandes empresas de medios, se regresa al control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación y a la constante amenaza de sancionar con la cancelación de permisos y concesiones a toda empresa de medios de comunicación que,  a juicio del gobierno, incite a la crítica de los diferentes órdenes de gobierno e instituciones sociales y económicas.

La propuesta de leyes reglamentarias que se discuten en las Cámaras de diputados y senadores buscan ratificar los privilegios que tienen los grupos Televisa, Salinas, así como la inclusión de otros competidores en materia de telecomunicaciones, como América Móvil, de Carlos Slim. La competitividad económica se convirtió en el pretexto de una nueva repartición de uno de los negocios más rentables en las últimas décadas. Este negocio no sólo beneficia económicamente a los dueños de las empresas de telecomunicación, sino a toda la serie de capitales nacionales y extranjeros a los cuales se subrogarán o concesionarán negocios millonarios ligados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), misma que ha estado involucrada en problemas de corrupción.

Asimismo, la persecución de periodistas que se vive en México por parte del Gobierno Federal, así como de los gobiernos estatales y municipales -considerada “daño colateral” de la lucha contra el crimen organizado-, ahora se hace legal. Las opiniones que no beneficien a los gobernantes o a los dueños de los oligopolios mediáticos serán castigadas por la Ley Federal de Telecomunicaciones. De esta manera, los códigos de ética periodística podrían sufrir, de manera directa, los efectos del gran capital. De esta manera, cualquier intento por evidenciar actos de corrupción, violación de derechos fundamentales, o de simpatizar con la clase trabajadora y denunciar la explotación en cualquiera de sus modalidades, entre otras, será motivo de sanción jurídica. Del mismo modo, la censura directa se legalizó. De este modo, la lucha por la libertad de expresión y manifestación pública de las ideas será atacada por los diferentes órdenes de gobierno del país, ya sea en las calles con el uso de la fuerza pública, o a través del control de cualquier forma de expresión pública en los medios de comunicación. Cabe recordar que el Gobierno Federal también está legislando el control de las publicaciones en internet y redes sociales, así como la posibilidad legal de registrar y vigilar las comunicaciones telefónicas fijas o vía celular.

En esta reforma los beneficiados son los mismos que siempre lo han sido: los dueños de las grandes corporaciones mediáticas del país, los gobernantes, sus amigos y familiares y los capitales nacionales y foráneos.

 

 

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