Jesús Rábago/Colaborador externo
La huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), iniciada en 1999 durante el gobierno neoliberal priista de Ernesto Zedillo (1994-2000), y reprimida 10 meses más tarde, no sería el último intento por privatizar la educación superior en México. Sin embargo, las estrategias serían otras. Y las resistencias, también. La lucha se desplazó a las entidades federativas, como ahora ocurre en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La primera de las nuevas medidas orientadas a la privatización fue vincular los procesos de selección de estudiantes con instancias privadas, como el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), quien establece las políticas de selección para la educación media superior y superior mediante los Exámenes Nacionales de Ingreso (Exani I y II), además de los procesos de certificación y los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL). Con base en estas pruebas son seleccionados los estudiantes egresados de educación secundaria y media superior para continuar sus estudios. Dicha selección implica una violación al derecho fundamental a recibir educación por parte del Estado, supeditando este derecho a la variable «capital cultural», o sea, a los hábitos ligados a los procesos y medios extracurriculares que favorecen el aprovechamiento escolar y los altos promedios. Cabe señalar que dicha variable está ligada a las características socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, lo que hace que sólo los estudiantes con oportunidades socioeconómicas y “culturales” altas, ingresen a los centros escolares dependientes de universidades como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, por mencionar dos ejemplos.
La segunda medida es el cobro de colegiaturas y trámites administrativos en las universidades estatales. Mientras que en la UNAM no se logró la privatización mediante los cobros por concepto de exámenes de ingreso, egreso, colegiaturas e inscripciones, uso de infraestructura, entre otros (cobros que actualmente se hacen, aunque de manera ilegal), en una parte de las universidades estatales ya comenzaron estos cobros desde hace algunos años. Ejemplo de esto sucede en las universidades autónomas de Nuevo León, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Zacatecas y universidades estatales como la de Guadalajara, Michoacán y Veracruz.
La estrategia del Estado para afianzar su política económica implica cercar a la UNAM, con el falso consenso de la aprobación de estas políticas contra-educativas y privatizadoras en todo el país.
La tercera medida del Estado mexicano para privatizar la educación media superior y superior radica en atentar contra los derechos laborales de profesores y trabajadores de dichos centros educativos. Ejemplos de estos casos son los ocurridos en la propia UNAM, la Universidad de Sonora, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), así como el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal (IEMS-DF).
En los casos de la UNAM y de la ENAH, la intención es convertir a los docentes y trabajadores de los centros de educación superior en “prestadores de servicios”, de los que se podría prescindir en cualquier momento. Esta intención se expresa en la falta de reconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores, además de la persecución ante la preservación o creación de sindicatos que busquen el respeto de dichas garantías laborales y el reconocimiento y dignificación de la labor docente (por ejemplo, de los profesores de asignatura).
Por otra parte, se encuentran los profesores de las escuelas e institutos de Educación Media Superior (EMS), quienes además de presentar las mismas condiciones laborales que los profesores de nivel superior mencionados anteriormente, enfrentan el reto derivado de la declaración de obligatoriedad de la educación media superior. Ante ello, la llamada Reforma educativa, aprobada en 2013, someterá la permanencia y contratación de los trabajadores académicos a los procedimientos de calificación del Sistema Nacional de Evaluación (SNE).
Esto significa que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder a nivel federal, y el Gobierno del Distrito Federal comandado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de buscar la privatización de la educación, como proyecto impulsado desde finales del siglo anterior, arremeten contra toda forma de organización colectiva que busque el respeto de los derechos fundamentales a la educación y al trabajo dignos.
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