Para ellos, la estabilidad social implica el acallamiento, la represión y la muerte

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Jesús Rábago*

La represión militar sufrida por los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán es la manera más brutal de usar la fuerza del Estado sobre el pueblo organizado. Aun cuando una de las funciones del Estado burgués es la “seguridad”, los grupos de autodefensa comunitaria evidencian no sólo las contradicciones del gobierno mexicano y de la entidad michoacana en la relación que guardan con grupos delictivos, sino el uso de los mismos como grupos paramilitares con la finalidad de controlar, a través de una política de inseguridad y terror, al pueblo michoacano. La actual ofensiva del Estado mexicano en Michoacán lanza un mensaje claro: reprimirá, por la vía legal o ilegal, cualquier intento de organización popular en México.

El gobierno mexicano busca identificar como criminales a los grupos de autodefensa en Michoacán (y, seguramente, en las demás entidades, como Guerrero) para que sean los primeros en recibir las sanciones de la nueva Ley Antiterrorista mexicana, adecuada en 2013, que responde a los intereses de los Estados Unidos, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y el Fondo Monetario Internacional, quienes en 2008 señalaron que, pese a que el país había asumido compromisos internacionales, la legislación mexicana resultaba insuficiente para combatir delitos de este tipo (Notimex, 7 de junio de 2013).

La Ley Antiterrorista estadunidense, con la cual se busca compaginar la mexicana, define el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos” (Montemayor, 2007ª: 16). Asimismo, el texto central de la legislación mexicana, desde 2007, en esta materia estipula que

Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación (Montemayor, 2007b).

Sin embargo, esta disposición legal, en sus últimas líneas, refleja la ambigüedad necesaria para que el Estado actúe de manera legal contra lo que él considere “alarma, temor o terror”, que “atenta contra la seguridad nacional”  o que presione “a la autoridad para que tome una determinación”. De esta manera, se incluyen en un mismo término jurídico a los grupos delincuenciales que sirven como dispositivos de control del Estado como grupos paramilitares con cualquier organización legítima del pueblo por la exigencia de sus derechos. Cabe señalar que dicha determinación está siendo modificada desde 2013 con la intención de concebir como terrorista cualquier manifestación popular de defensa de derechos fundamentales o modificaciones a la estructura económica y política del Estado. De esta manera se actuará con una represión brutal contra manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, grupos de autodefensa comunitaria y grupos armados “guerrilleros” en el país. En este sentido, cualquier acción de la clase dominada organizada en su favor es considerada terrorista.

Los grupos de autodefensa comunal, que surgen como una manera de hacer frente a los grupos delictivos y proteger la vida, ante las violaciones sexuales de esposas e hijas, cobros del narcotráfico, desapariciones y homicidios de los habitantes de las comunidades, ahora también se ven amenazados con las acciones gubernamentales legales que los convierte en criminales y terroristas. Es decir, se criminaliza una tarea que uno de sus protagonistas define de la siguiente manera:

Andamos haciendo el trabajo que el gobierno del estado no ha querido hacer o que no ha podido, por estar involucrados con el crimen organizado. Desde la presidencia Municipal hasta el gabinete del gobierno del estado, incluyendo al Congreso, todos están involucrados. Todo el sector de gobierno está contaminado por el crimen organizado (Gil Olmos, 20 de noviembre de 2013: 9).

Según lo establecido en el artículo 10 constitucional y en la Ley federal de armas de fuego y explosivos, la posesión de armas sólo puede darse en el domicilio de los particulares, siguiendo las especificaciones mencionadas en dicha ley secundaria. El propio Estado no sólo se atribuye el uso legítimo de la fuerza pública, sino que se adjudica el ejercicio único y legal de la seguridad pública. Esto es importante remarcarlo, ya que, de facto, imposibilita la defensa organizada (ya que sólo permite la particular) y cualquier forma de acción armada en defensa de los derechos fundamentales o en la modificación de la forma de gobierno, señalada en el artículo 39 de la Constitución.

De esta manera, el Estado burgués mexicano muestra fuertes contradicciones, debido a que no responde ni siquiera a su propio discurso fundacional de la seguridad y tampoco logra establecer consensos con las clases subalternas, lo cual lo obliga a la represión policial y militar. Además, la represión sufrida por estos grupos de autodefensa responde a una falsa conciliación entre las condiciones materiales de existencia de la población, el ejercicio paramilitar del Estado y la rendición de cuentas a los Estados Unidos -a través del cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- quién demanda “estabilidad social” para la inversión de capitales. Para ellos, la estabilidad social implica la paz perpetua, el acallamiento, la represión y la muerte.

Estos grupos de autodefensa no pretenden hacer ningún tipo de revolución que busque un cambio de estructura económica. Sólo se definen  como “grupos de autodefensa ciudadana” que “ya son parte de un movimiento social de liberación apoyado por la gente y apertrechado con las armas recogidas a los criminales que huyen…” (Gil Olmos, 20 de noviembre de 2013: 9). El Estado no sólo niega la seguridad a estos pobladores, sino los criminaliza, los reprime y asesina, favoreciendo el propio orden extra-constitucional que él mismo se ha atribuido.

Bibliografía

Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, recuperada el 14 de enero de 2014.

Cossío Díaz, José Ramón. El derecho a usar armas en México: un problema de interpretación constitucional, consultado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/18/cj/cj10.htm, recuperado el 15 de enero de 2014.

Gil Olmos, José. “Sólo el pueblo puede defender al pueblo” en Proceso. México, 20 de noviembre de 2013.

Montemayor, Carlos. La guerrilla recurrente. México, Debate, 2007.

Montemayor, Carlos. “Ley antiterrorismo” en La Jornada, consultada en http://www.jornada.unam.mx/2007/05/26/index.php?section=opinion&article=015a2pol, recuperada el 14 de enero de 2014.

Notimex. “México adecuará ley antiterrorismo con normas internacionales” en El Financiero, consultado en http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/politicasociedad/17710-mexico-adecuara-ley-antiterrorismo-con-normas-internacionales.html, recuperado el 14 de enero de 2014.

Secretaría de la Defensa Nacional.  “Ley federal de armas de fuego y explosivos”, consultada en http://www.sedena.gob.mx/pdf/leyes/ley_rfa.pdf, recuperada el 15 de enero de 2014.


* Colaborador externo

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