La reforma energética introduce cambios sustanciales en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, lo que permitirá a las empresas de capital privado, nacional o trasnacional, invertir en los diferentes sectores de la industria energética del país, tanto de hidrocarburos como de la industria eléctrica. En realidad esta reforma –como lo hizo recientemente la reforma laboral con las condiciones del trabajo y las relaciones obrero/patronales- sólo hace legal y amplía lo que en los hechos, y desde hace varios años, ya venía implementando el gobierno en turno.
Ximena Franco
La reforma comenzó hace tiempo
Desde hace años las empresas trasnacionales operan en el territorio nacional en la industria de hidrocarburos y de electricidad. El gobierno ha otorgado cientos de contratos para actividades de exploración y producción a trasnacionales como Schlumberger, Halliburton y Weatherford (La Jornada, 24 de junio, 2011). Y antes de la aprobación de la reforma energética, prácticamente ya se “vendían”, total o parcialmente, complejos petroquímicos, como es el caso del complejo “Pajaritos”, en Coatzacoalcos. Desde la década de los 90 se introdujeron en PEMEX los “contratos de servicios múltiples”, que autorizaban a empresas privadas encargarse de varios procesos dentro de la industria de “recursos estratégicos”, como la exploración de yacimientos, y la distribución y la transportación de hidrocarburos (Periódico 30-30, No.7). Respecto de la energía eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía ya había otorgado a empresas privadas al menos 600 permisos para producir electricidad por su cuenta (La Jornada, 9 de abril, 2012). Por ejemplo, la empresa española Iberdrola actualmente genera entre el 14 y 16 % de la electricidad, que le vende a la CFE (Periódico 30-30, No.7). Todo esto se hacía violando la Constitución –precisamente en los artículos que ahora fueron modificados con la reforma- y evadiendo la ley con argucias de todo tipo. Lo que demuestra que la privatización y desnacionalización de la industria energética ocurría soterradamente, en contubernio con los funcionarios del gobierno, los “representantes del pueblo” y dirigentes sindicales corporativizados. Pero ahora el saqueo será legal.
En todo caso, las reformas a los artículos constitucionales en cuestión también comenzaron antes de la aprobación de esta reforma, y ya la venían preparando. El pasado mes de junio, el artículo 25 fue modificado, introduciendo en su redacción el término “competitividad”. En esa modificación se establece la competitividad como una serie de condiciones que se hacen necesarias para fomentar el crecimiento económico, pues la competitividad promueve la inversión y la generación de empleos. ¿Y cómo hará el Estado para promover la competitividad? Abriendo al mercado los recursos estratégicos, con lo que las empresas privadas, principalmente extranjeras, podrán invertir su dinero para “competir” entre ellas e intentar, cada una, llevarse la mejor tajada. Cuando el gobierno dice que el aumento de la inversión privada impulsará el crecimiento económico y el desarrollo nacional, generando empleos, miente y además olvida que décadas de predominio del capital monopólico –con sus avalanchas de privatizaciones- han hecho aprender a los trabajadores, en carne propia, lo que frases como “impulsar la competitividad” y “atraer inversión extranjera”, significan: la liquidación de sus derechos laborales y derechos sociales básicos, con el consecuente recrudecimiento de sus condiciones de vida.
Es impensable que ahora que las empresas trasnacionales se abalancen sobre la industria energética, y teniendo a la mano esa jugosa herramienta de sobre-explotación que es la reforma laboral, las condiciones para los trabajadores cambien para bien. Y como muestra están los 85 mil trabajadores que actualmente laboran para las empresas privadas trasnacionales que prestan servicios a PEMEX, quienes son contratados bajo el esquema de outsourcing (declaraciones de la UNTyPP, 11/11/13, Foro “El Debate público de la reforma energética”)
Las modificaciones de los artículos constitucionales y sus implicaciones
Con la reforma energética, el artículo 27 fue modificado específicamente en su párrafo sexto, el más crucial de todos, que antes de la aprobación de la reforma decía: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno […], no se otorgarán concesiones ni contratos”, y que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares […]”. Pero con las modificaciones aprobadas, se dice que la propiedad de la nación respecto del petróleo e hidrocarburos es “inalienable e imprescriptible”, pero sólo la del subsuelo. Esto hace legal que todo el recurso, una vez fuera del subsuelo, pueda ser propiedad privada, nacional o extranjera.
Otra modificación en el párrafo sexto establece que el Estado “llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares”. Así, las paraestatales del Gobierno Federal se convierten en “empresas productivas del Estado”, y como tales, tendrán que establecer contratos (PEMEX será un contratista más, como ahora lo es ya, en los hechos, CFE) con el gobierno y otras empresas del sector privado. Pemex, pues, tendrá que entrar a “competir” al mercado de los hidrocarburos como una empresa más y contra todas las demás privadas, incluyendo a las trasnacionales.
Más “detalles” de la modificación al artículo 27 recaen en la Ley Reglamentaria del Artículo 27. Las modificaciones a esta Ley eliminan el capítulo que considera a PEMEX como un elemento clave para la seguridad nacional, así como la parte que señala que la participación de PEMEX en el mercado mundial debe regirse por los “intereses nacionales”. Así, la reforma energética se da a la tarea de desaparecer la responsabilidad estatal de salvaguardar los recursos estratégicos para beneficio de los habitantes de este país.
Además, se establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán autorizar a empresas privadas contratos para invertir y operar en prácticamente todos los sectores de la industria: reconocimiento y exploración superficial, tratamiento y refinación del petróleo, fabricación de petroquímicos, comercialización y almacenamiento. Si antes las empresas privadas tenían que vender a PEMEX el producto petroquímico o petrolífero que obtenían por sus operaciones en el territorio nacional, ahora podrán comercializarlo ellas mismas. Lo que se relaciona estrechamente con las modificaciones al Artículo 28 constitucional (Reporte Índigo, “Borran a PEMEX”).
En cuanto a la modificación al artículo 28, se acotan las funciones del Estado para poder llevar a cabo prácticas monopólicas, a las áreas de exploración y extracción del petróleo, por considerarse estratégicas. En el transitorio octavo de la reforma se señala también a la transmisión y distribución de energía eléctrica como un sector estratégico y por ello competencia del Estado. Con lo que para todas las demás actividades el Estado no puede ser el exclusivo encargado de ellas, es decir, dejan de ser consideradas “estratégicas”. Así pues, la refinación y la petroquímica pueden ser totalmente absorbidas por empresas privadas. Lo que significa que en algunos años estaremos comprando gasolina a empresas privadas, que no tendrán que operar franquicias de PEMEX, sino que podrán establecer sus propias cadenas para comercializar su gasolina. Pero las modificaciones al 28 no excluyen a los privados para poder realizar ellos también actividades de exploración y extracción, pues el transitorio octavo de la reforma señala que los rubros estratégicos de exploración y extracción serán de la “preferencia” del Estado, no exclusivos de él. Lo que se establece con la modificación al artículo 28 es solamente que si el Estado absorbiera toda la actividad de exploración y extracción, no sería considerado una práctica monopólica. Así que, a fin de cuentas, la “nación” no mantiene el monopolio sobre sectores estratégicos.
Los 21 transitorios contenidos en la reforma contemplan la transformación de PEMEX y CFE en “empresas productivas del Estado”, con las implicaciones que esto conlleva y que se mencionaron arriba. Además se establecen las nuevas modalidades contractuales, que son precisamente aquellas mediante las cuales se ejecutará en los hechos la privatización del sector energético del país. Con la reforma, además de los contratos de servicios con los que ya opera PEMEX, ahora se implementarán contratos de utilidad compartida, de producción compartida y licencias.
Mediante los contratos de utilidad compartida, el gobierno o las “empresas productivas del Estado” se asocian con una empresa privada, que invertirá en diversos sectores de la industria, con el porcentaje que se acuerde previamente y asumiendo el nivel de riesgo que más convenga a sus intereses. Una vez hecha la venta del petróleo, el gobierno o la “empresa productiva del Estado” está obligada a compartir las ganancias de la renta petrolera con la empresa privada, en el porcentaje que cada uno haya aportado de inversión. Y como nada impide a las empresas privadas –trasnacionales o nacionales- asumir el mayor porcentaje de la inversión y el mayor riesgo, entonces ellas podrán llevarse la mayor parte de las ganancias de la renta petrolera. Actualmente, la renta petrolera se destina al gasto social y aporta 40 de cada 100 pesos al presupuesto de la federación, lo que significa que México prácticamente perdería el 40 por ciento de su presupuesto, con la consecuente reducción de inversión en el gasto social para nuestro país.
Pero, ¿cómo subsanará el gobierno esa pérdida de ganancias? ¿Cómo habrá de equilibrar la balanza? ¿Acaso cobrará más impuestos a las empresas privadas a cambio de permitirles invertir y obtener enormes ganancias con los recursos energéticos del país? No, por supuesto que no. Eso alejaría a los inversionistas, y lo más importante es tenerlos contentos. Por el contrario, lo hará mediante el alza de impuestos recientemente aprobada por la reforma fiscal, que afecta principalmente a las clases medias y como siempre, a los más pobres. Y se ahorrará mucho más dinero ahora que con la reforma laboral y la reforma educativa los trabajadores podrán ser excluidos de la seguridad social –entro otras muchas prestaciones- además de que muchos maestros serán despedidos para recortar el número de trabajadores del sector público.
Hace cuatro años una de las pocas industrias que quedaban de interés social y del sector púbico, la eléctrica, recibió un durísimo golpe con la liquidación por decreto de Luz y Fuerza (que ya preparaba entonces la aprobación de la reforma energética ahora aprobada) y el consecuente despido de miles de trabajadores agrupados en el SME. Para ellos la lucha no ha terminado. Y para los petroleros apenas comienza. Pues a pesar de que en la reforma energética se dice que sus derechos laborales serán salvaguardados, los hechos muestran exactamente lo contrario. Romero Deschamps, secretario general del SUTPRM, senador priista y adalid del sindicalismo corporativo y charro, ya había firmado un acuerdo con PEMEX (el 10717/2013) que tiene la clara intención anular los derechos de los trabajadores del petróleo y liquidar al Sindicato (Periódico 30-30, No. 8), lo que se traduce ya en su exclusión del consejo de administración de PEMEX.
La reforma energética no contribuirá al desarrollo económico ni generará mejores empleos. Entonces, ¿a cambio de qué se ha firmado? A cambio de contratos jugosos para empresarios nacionales y extranjeros, algunos funcionarios del gobierno y “representantes” del pueblo que tienen invertido su dinero en este negocio. A cambio de nada, para el pueblo ni para los trabajadores. La reforma sólo busca facilitarle a los capitales monopólicos la inversión en esta industria, y como los inversionistas sólo arriesgarán sus capitales en proyectos y negocios donde las posibilidades de ganancia sean muy altas y prácticamente seguras, la reforma energética ha generado especialmente para ellos dichas condiciones. Aunque eso signifique la privatización y desnacionalización de la empresa de recursos estratégicos, la reducción del presupuesto y el recrudecimiento de las condiciones de pobreza para millones de mexicanos.
Conclusiones
Así están las cosas. Es de esperar que nuevas reformas como la energética serán propuestas en el futuro, y con mucha probabilidad serán aprobadas una por una. Las condiciones de pobreza de los trabajadores y sus familias seguirán agudizándose, a la par que se profundizará la desigualdad, la violencia y el deterioro de la vida en general. A menos que en la lucha nosotros resultemos vencedores de forma definitiva. Pero debemos saber que la victoria no vendrá mañana ni será espontánea. El trabajo que llevará a ella debe ser constante e incansable. Por ello debemos alistarnos y dar pasos firmes en la construcción de la organización clasista y combativa en todos los sectores; mantener a la vista al enemigo común, representado por la clase dominante en el poder, representada por las leyes, instituciones y funcionarios del Estado. Y tendremos que saber identificar, para alejarnos de ellas y combatirlas también, las propuestas que nos llaman a aplazar la urgente transformación radical, revolucionaria, de la realidad.
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