La Reforma energética y los Estados Unidos

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La privatización del sector energético tiene abonada al menos dos décadas de trabajo del capital a su favor. Las reformas que impulsa el gobierno federal mexicano abren la posibilidad de que el capital financiero internacional vaya constituyendo derechos sobre los hidrocarburos del país. Estados Unidos será el mayor beneficiario de dichas reformas…

Jesús Rábago*

Desde hace algunos años, el Centro de Estudios Estratégicos y Nacionales y la Universidad de Stanford, publicaron que las reservas probadas de petróleo de los Estados Unidos no pasarían de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. La ofensiva norteamericana contra países como Afganistán e Irak, las constantes amenazas bélicas contra Irán y los pactos celebrados con Jordania y, su eterno aliado, Israel, convirtieron al Medio Oriente en la esperanza del gobierno estadounidense en materia energética.

Sin embargo, los propios ajustes geopolíticos capitalistas no han permitido que se construya el gasoducto y el oleoducto que Estados Unidos tienen planeado desde mediados de la década de los 80 para la región medio oriental. La presión de Rusia y Francia por salvaguardar sus intereses en la región ante los norteamericanos ha provocado conflictos armados en la zona como es el caso de Siria. No hay que olvidar las ofensivas secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Egipto, cuyo expresidente, Hosni Mubarak, fue designado en 1981, por Estados Unidos, para fortalecer al gobierno israelí en la región. Asimismo, la arremetida contra el gobierno libio de Muamar el Gadafi significó el deseo de controlar la costa africana del mar Mediterráneo para favorecer la salida de combustible al Océano Atlántico, lo cual culminaba con la extracción de petróleo y gas natural de Medio Oriente y su transportación y salida de la región a través del Mediterráneo.

Al ver retrasado su plan, Estados Unidos tuvo que mirar a su zona de influencia económica directa: México. Pero el proceso no era nuevo. El proceso de privatización energética comenzó desde 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien asignó a particulares extranjeros el control de la petroquímica básica; además del golpe a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas, en 2009, que por decreto presidencial dispuso la extinción de la paraestatal y el inicio de su proceso de liquidación administrativa, adjudicando la operación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe resaltar que las reformas legales aprobadas con relación al petróleo en 2008 (Nueva Ley de Petróleos Mexicanos; reformas a las Leyes Federal de las Entidades Paraestatales, de Obras Públicas y de Adquisiciones; Reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y Nueva Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) comenzaron a abrir las puertas a la privatización y al capital financiero internacional.

Las reformas propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto profundizan un proceso de privatización de la explotación de hidrocarburos, y no modifican la renta petrolera, para sostener un paradigma de economía política subordinado a la acumulación de las empresas globales y las necesidades de las grandes potencias, específicamente la demanda de crudo de Estados Unidos, quien, con el 5 por ciento de la población mundial, consume todos los días 21 millones de barriles de petróleo, de los 84 que se producen en el mundo. Pero, según el documento Oil addiction threatens US security and undermines its influence, but faculty say our got –it- alone attitude is making things worst, de la Universidad de Stanford, de 2006, Estados Unidos solo tenía reservas probadas de petróleo para mantener este nivel de consumo por cuatro años.

Las reformas de 2008 y las que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto profundizan un proceso privatizador de Pemex que se ha llevado a cabo desde inicios de la década de los 90 y que se refiere, según Alberto Montoya Martín del Campo, a:

[…] su objeto, su diseño institucional y atribuciones del Consejo Administrativo, un sistema de contratos para que particulares lleven a cabo las tareas sustantivas de Pemex y se apropien de parte significativa de la renta petrolera, y la participación del capital financiero nacional y transnacional en la adquisición de la paraestatal (Montoya, 2008: 109).

La estrategia jurídico-política para la privatización consistirá en hacer modificaciones en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, para establecer facultades que de facto contradicen los actuales mandatos constitucionales, pero hagan operable el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, donde se dice que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”.

De este modo, la privatización del sector energético tiene abonada al menos dos décadas de trabajo del capital a su favor. Las reformas que impulsa el gobierno federal mexicano abren la posibilidad de que el capital financiero internacional vaya constituyendo derechos sobre los hidrocarburos del país. Estados Unidos será el mayor beneficiario de dichas reformas. En México, no hubo necesidad de invasión armada, bastó con pedirlo.

Bibliografía

Montoya Martín del Campo, Alberto (2008). “Petróleo y seguridad nacional” en Análisis plural, Segundo semestre de 2008, pp. 107-149.

Montoya Martín del Campo, Alberto (coord.) (2004). México hacia el 2025. México: Centro de Estudios Estratégicos Nacionales-Noriega Editores.

Stanford (2006). “Oil addiction threatens US security and undermines its influence, but faculty say our got –it- alone attitude is making things worst” en Stanford, noviembre-diciembre.


* Colaborador Externo

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