2013: un año de pesadilla para la clase trabajadora

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Carlos López

Dos acontecimientos marcan el inicio del 2013: la aprobación de la “Reforma Laboral” y las protestas del 1 de diciembre de 2012. Ambos inauguran un periodo que ha sido nefasto para la clase trabajadora, y dicho periodo se caracteriza por una agresión sistemática y constante de la burguesía nacional y transnacional en contra de todos los explotados de nuestro país.

La “Reforma Laboral”, que apenas encontró una débil resistencia encabezada por los sindicatos agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es la base sobre la cual se levanta un pesado edificio de reformas estructurales que aniquila las conquistas históricas del pueblo trabajador y que está llevando al país al borde del abismo.

Vale la pena recordar brevemente en qué consiste dicha reforma: legaliza la subcontratación a través del llamado “outsourcing”, permite la contratación por horas y a prueba, permite que los trabajadores sean despedidos sin justificación y sin responsabilidad alguna para el patrón, aniquila el derecho de huelga y, en caso de un conflicto laboral que se resuelva a favor del trabajador, reduce el pago de salarios caídos a un año; promueve la formación de sindicatos “blancos” o de protección, restringe la firma de contratos colectivos de trabajo, elimina la posibilidad de generar antigüedad en el empleo, y por lo tanto, deja sin seguridad social a los trabajadores. En resumen: es una reforma que consolida el trabajo en condiciones deterioradas, que condena a los asalariados a trabajar todos los días de su vida en medio de la miseria y que les impide organizarse para luchar por sus derechos.

Tras la aprobación de la “Reforma Laboral”, el 1 de diciembre se inauguró un periodo de represión abierta en contra de la clase trabajadora y sus jóvenes. En ese jornada de lucha, hubo al menos dos heridos de gravedad –uno de ellos Francisco Kuykendall, quien desde entonces permanece hospitalizado, muy grave-, sin que ninguna autoridad haya respondido por los abusos que se cometieron ese día y que se han repetido una y otra vez a lo largo del año. Operativos policiacos desproporcionados, agentes vestidos de civil “infiltrados” en las movilizaciones, detenciones arbitrarias, torturas, ataques a los reporteros y periodistas de medios independientes y procesos penales viciados de origen, son las principales características de esta ola represiva desatada por los gobiernos federal y capitalino en contra de los trabajadores y sus hijos. Además, en el plano jurídico-legislativo, se promueve la criminalización de la protesta social con la aprobación de iniciativas como el “Protocolo de actuación policial para el control de multitudes” y las reformas al código penal del DF, que aumentan las penas en contra de los luchadores sociales; o bien, a través de las propuestas de los legisladores de PAN que buscan restringir cualquier manifestación pública del descontento social hasta casi prohibir la realización de marchas, mítines y plantones. Es decir: no encontramos frente a un panorama de exterminio de los derechos humanos y políticos más elementales.

Además de estos dos elementos, se encuentra el paquete de reformas estructurales contenidas en el “Pacto por México”. Basta apuntar los rasgos más característicos de estas reformas. La educativa privatiza la educación y busca terminar a toda costa con la organización del magisterio democrático a nivel nacional; la hacendaria homologó el IVA en la zona norte del país y aumentó los impuestos a los pequeños comerciantes y trabajadores; la financiera, es una carta abierta a los bancos para que puedan despojar de sus bienes a sus deudores bajo el pretexto de “incentivar el crédito”; la reforma en telecomunicaciones, sólo es un tibio intento del Estado por mediar un pleito interno de la burguesía y conservar su unidad de clase; la recientemente aprobada reforma política, desaparece el Instituto Federal Electoral (IFE) y crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), además de permitir la reelección de legisladores para que puedan seguir aprobando leyes en contra de los trabajadores.

En estos momentos se “discute” la reforma energética. En cuestión de unos cuantos días, los diputados y senadores de los partidos electorales terminarán de ponerse de acuerdo para definir la forma en que las empresas nacionales y extranjeras podrán beneficiarse legalmente con la explotación de los recursos naturales del país. No tienen enfrente más que una pobre “resistencia” en las calles dirigida por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que está en vías de consolidarse como otra organización con las mismas características que todos los demás partidos de la burguesía. Por otra parte, dicha reforma impactará directamente sobre los trabajadores de PEMEX y sus familias, acabando con sus derechos laborales y dejando a miles de obreros especializados sin empleo, con la complacencia de un sindicato que desde hace muchos años fue minado por el priismo hasta acabar por completo con su independencia y combatividad.

Estas reformas fueron y siguen siendo impulsadas a través del llamado “Pacto por México”, un programa de gobierno ejecutado por la alianza de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRI, PAN, PRD) así como por sus organizaciones parasitarias –Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo-, que se prestan patéticamente al juego de la “democracia representativa”, derrochando recursos entre las clientelas políticas que les permiten seguir manejando las riendas del poder.

Los resultados de esta política salvaje están a la vista de todos: aumento del desempleo, encarecimiento de la vida, estancamiento económico, crecimiento de la delincuencia. A diferencia de las voces que pretenden hacerle creer a los trabajadores que las reformas generan bienestar, la realidad indica todo lo contrario. Basta recordar que incluso la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) apunta que México fue el único país en el que creció la pobreza durante el último año.*

Los efectos de este estado de crisis se dejarán sentir sobre el pueblo trabajador con mucha violencia a lo largo de los años siguientes y, por si fuera poco, aún faltan reformas que terminarán de liquidar los derechos conquistados a base de lucha por la clase trabajadora. Entre ellas, la más grave e inmediata es la reforma a los sistemas de seguridad social.

Frente a este escenario, la única vía posible para los trabajadores es construir organizaciones sindicales de base, independientes, combativas y clasistas donde no las haya, y donde sí se tengan sindicatos, combatir las direcciones “charras” y reformistas hasta conseguir que la base asuma el control de sus organizaciones para dotarlas con aquellas características. La única vía para los trabajadores es guiar cada una de sus acciones a través del conocimiento científico de la realidad. Abandonar el gremialismo y empezar a luchar por los intereses de la clase trabajadora en su conjunto, con una caracterización clara de los objetivos políticos que se persiguen. Promover la unidad entre sindicalistas, trabajadores en condiciones deterioradas, por cuenta propia, desempleados, y con otras clases y sectores del pueblo, como los campesinos pobres, jornaleros agrícolas, estudiantes, etc. La única vía para los trabajadores es organizarse en torno a un programa que recoja sus intereses y aspiraciones. En una palabra: tomar su destino en sus manos y hacer historia.

Los límites de la democracia formal están rebasados. El proletariado mexicano y todos los explotados de nuestro país no tienen más alternativa que despertar de este año de pesadilla para organizarse y construir paso a paso un porvenir revolucionario.

* http://www.jornada.unam.mx/2013/12/06/economia/031n1eco

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