Carlos López
Desde el pasado 13 de septiembre, el Zócalo de la Ciudad de México permanece ocupado por fuerzas de la Policía Federal (PF) y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). La presencia policial en la plaza carece de fundamento legal y representa un atentado gravísimo en contra de las libertades de manifestación, expresión y libre tránsito, garantizadas por la Constitución. Debemos recordar que el 13 de septiembre, cerca de las 16:00 hrs., los trabajadores de la educación que sostenían un plantón masivo en contra de la “Reforma Educativa”, fueron desalojados por la fuerza para que Enrique Peña Nieto pudiera dar “el grito de independencia” dos días después, frente a unas cuantas centenas de acarreados desde algunos municipios del Estado de México, y para que el Estado burgués pudiera mostrar, como cada año, la fuerza militar que tiene en sus manos para reprimir cualquier intento organizativo del pueblo trabajador.
Los maestros, entonces, trasladaron su plantón al Monumento a la Revolución, donde sostienen la resistencia en contra de la “Reforma Educativa”, convirtiendo ese espacio público en un bastión de la solidaridad clasista que debe despertar entre los trabajadores cualquier lucha por la justicia y en defensa de sus derechos históricamente conquistados. Simultáneamente, el movimiento estudiantil se sumó de manera masiva a apoyar a los profesores, impulsando asambleas y paros en distintos centros de estudio de educación media superior y superior, así como la participación del estudiantado en marchas, movilizaciones y brigadas que dieron a conocer a miles de trabajadores el verdadero significado y los alcances de la nefasta reforma que, como ya se ha señalado con anterioridad, atenta en contra de la educación pública y gratuita, y también en contra de los derechos laborales de los maestros de todo el país. Además, la presencia y solidaridad activa de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) así como de diversas organizaciones políticas y sociales, ha puesto de manifiesto que existe un descontento creciente entre la clase trabajadora que define de manera cada vez más clara su posición frente a la burguesía y el Estado, evidenciando que es prácticamente imposible alcanzar un acuerdo por la vía de la negociación con los representantes políticos de la clase dominante.
Muestra de esta imposibilidad, de la cerrazón y de la vocación represiva del Estado, es la presencia de policías federales y capitalinos que impiden el acceso a la plancha del Zócalo. Para mantener la ocupación de la plaza, los gobiernos del priista Peña Nieto y del perredista Miguel Ángel Mancera, pusieron como pretexto la realización de una ceremonia de conmemoración por las víctimas del terremoto de 1985 el 19 de septiembre y, después, la instalación de un “centro de acopio” de víveres para los damnificados por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. En realidad, lo que ninguno de estos empleados de la burguesía quiere es que la plaza más importante del país vuelva a ser ocupada por el pueblo trabajador para mostrar su capacidad de organización y su repudio en contra de las llamadas “Reformas Estructurales”.
No es la primera vez que sucede esto. El 1 de diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión y el Zócalo también fueron amurallados para impedir las protestas que suscitaba la imposición en la presidencia de Enrique Peña Nieto, originando varios enfrentamientos entre la policía y la gente que salió a las calles. Desde entonces, la SSPDF ha puesto en marcha una estrategia represiva en contra de los movimientos sociales, caracterizada por la violación sistemática a los derechos humanos de todos los capitalinos y un número alarmante de detenciones arbitrarias. Dichas detenciones se han extendido, también, a reporteros y fotógrafos de medios independientes que cubren marchas y movilizaciones, y que han documentado de forma valiente y comprometida los excesos cometidos por la policía. El poder judicial en el DF ha llegado a decir, incluso, que el trabajo de los periodistas independientes constituye un delito que “agravia a la sociedad”. El gobierno de Miguel Ángel Mancera, producto de las negociaciones cupulares entre Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia perredista en el anterior proceso electoral, así como el de Enrique Peña Nieto, se alistan para llenar las calles de escudos, toletes, gases lacrimógenos, tanquetas y botas policiales. Los dueños del poder, al igual que lo hicieron el 10 de junio, el 1 y el 13 de septiembre, amenazan con desatar toda la fuerza represiva del Estado el próximo 2 de octubre, durante la jornada de lucha que se desarrollará en la Ciudad de México para recordar la masacre ocurrida en Tlatelolco hace 45 años.
Según el diario “24 Horas”, la SSP y la PF preparan un operativo conjunto en el que intervendrán más de 7 mil uniformados y cerca de 350 agentes ministeriales (policías judiciales infiltrados en la marcha) para “evitar” cualquier acto de “violencia”[i]. Se demuestra, con esta disposición de los gobiernos federal y capitalino, que en realidad la violencia, si llegara a haberla, provendrá del Estado y no de quienes salgamos a manifestarnos ese día. La presencia policiaca en una manifestación política constituye, en sí misma, un acto de provocación. Tal pareciera que la burguesía quiere, de manera definitiva, acabar de un solo golpe con el movimiento magisterial, estudiantil y popular que se desarrolla ininterrumpidamente desde que fue presentada en el Congreso la iniciativa de ley de la “Reforma Educativa”. Los hemos visto actuar en Atenco, en Oaxaca con la APPO, en Guerrero y Michoacán contra estudiantes normalistas, y en últimas fechas también en el Distrito Federal, en Veracruz y en cualquier otra parte de la República donde crece, de manera inevitable, el descontento social.
Ceder más terreno frente a la represión es un error que nos puede costar muy caro. Por ahora, y de manera estrictamente coyuntural, se han perdido espacios como el Zócalo y las inmediaciones del Congreso. Además se levantan voces, provenientes del panismo y el priismo, que quieren “reglamentar” la realización de marchas y manifestaciones, es decir, impedirlas por completo bajo amenaza de usar indiscriminadamente a la policía en contra del pueblo trabajador. Por otra parte, no podemos perder de vista que hace unos días entró en vigor el “Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes”[ii], que establece el marco jurídico para garantizar la impunidad en cada acción emprendida por el cuerpo de granaderos en el DF. En resumen: ceder ante la represión significa, en los hechos, resignarse a la criminalización de la protesta social, aceptar la cancelación sistemática de los derechos humanos y admitir la normalización de las prácticas represivas del Estado.
Ante este escenario, tenemos que insistir en la necesidad de la organización en todos los espacios donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Las iniciativas de organización en la base, en nuestros centros de trabajo, colonias, escuelas y barrios, sin embargo, deben ir acompañadas de la puesta en práctica de medidas concretas de contención ante cualquier acto represivo antes, durante y después de una acción de masas. Así como la policía se prepara para golpear y encarcelar a trabajadores y estudiantes, los trabajadores y estudiantes debemos prepararnos para llevar a cabo nuestras movilizaciones dándole prioridad a la seguridad de todos los contingentes; pero sobre todo, debemos tener la firmeza política necesaria para no permitir ni un atentado más en contra de nuestro derecho a manifestarnos. No podemos olvidar que uno de nuestros principales factores a favor es el número. En términos generales, somos muchos más quienes queremos construir una sociedad más justa, que no sea regida por la explotación y la producción de ganancias para unos cuantos capitalistas, sino que se base en la solidaridad y garantice la satisfacción de las necesidades básicas de todos los mexicanos, es decir: una sociedad de trabajadores para los trabajadores. Sin embargo, este número es poco significativo si se encuentra disperso y desorganizado. La coordinación de todos los esfuerzos es una tarea urgente y necesaria, en vista de la disposición salvaje del Estado para aplastar cualquier protesta social y política.
Por eso es indispensable fomentar la unidad de nuestra clase: el proletariado; defender su independencia frente a corrientes reformistas y oportunistas que pretenden entregar a los trabajadores en brazos de la burguesía; basar nuestra acción en un análisis científico de la realidad; aumentar nuestra conciencia de clase y, con ello, nuestra combatividad. Recordemos que los trabajadores no tenemos nada que perder, salvo nuestras cadenas; tenemos, en cambio, un mundo que ganar. ¡Venceremos!
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