Tecnocracia educativa al servicio del gran capital y en contra de los derechos educativos y laborales

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Oscar Barrera[i]

 La llamada reforma educativa impulsada por el gobierno mexicano es la instauración,  de facto, de un orden violatorio de los derechos laborales del magisterio, de la tecnocracia en la rectoría en materia educativa, así como de la bancarización y privatización de la instrucción pública en México.

El ahora todopoderoso Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tendrá en sus manos la conducción ideológica de la educación, a través del control de los planes y programas de estudio en la educación básica y media superior; la orientación, dirección y capacitación del trabajo docente, enfocado a capacitar a los estudiantes a obtener resultados eficientes en exámenes internacionales que promuevan los valores económicos burgueses; la evaluación del desempeño de los docentes, que se traducirá en la guillotina del magisterio organizado, crítico y disidente, sobre todo de las entidades federativas más pobres, que se traducirá en el desempleo de los mismos y su persecución laboral y judicial.

La adición al artículo 3º constitucional (del 26 de febrero de 2013), en la cual se da autonomía constitucional al INEE, anunciaba el sentido que la clase dominante buscaba en la educación, bajo el concepto de calidad con tintes empresariales. La calidad a la que se hace referencia en dicho documento, al igual que la autonomía del INEE, fueron pactada por la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, los exsecretarios panistas de educación, Alonso Lujambio y José Ángel Córdoba y la entonces dirección y consejo de gobierno del propio instituto, auspiciados por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cabe señalar, que esta última organización dictó entre los años 2010 a 2012, desde París, los parámetros del perfil del “buen docente”, las medidas “recomendadas” para evaluar a los profesores y la noción de calidad educativa, perfilada a la certificación de competencias escolares dirigidas al trabajo manual al servicio del mercado. Dicha orientación hace referencia esencialmente a la estandarización de conocimientos, habilidades y valores (competencias educativas y docentes) y a la eficacia y la eficiencia de recursos económicos, pero no a la promoción de condiciones sociales que permitieran de manera justa la educación en el país.

Del mismo modo, la reforma a la Ley General de Educación y, las expediciones de la de las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente son sólo reflejo de los acuerdos económicos y políticos de las cúpulas empresariales a nivel nacional e internacional. Los vínculos de los miembros de la Junta de Gobierno del INEE con organismos internacionales, como la OCDE y el Banco Mundial, subordinan el derecho social a la educación a las altas esferas empresariales nacionales y del capital financiero internacional. Los decretos de dichas leyes, en conjunto, buscan eliminar todo rasgo del derecho social a la educación en México y seguir los cánones educativos de las escuelas privadas (quienes han obtenido las puntuaciones más altas en las evaluaciones realizadas en México desde 2006 hasta la fecha, según datos del propio INEE) y empresariales.  

Ejemplo de estas directrices son los artículos 27 y 28 de la Ley del INEE. Según el artículo 27, fracc. XI, de la ley del INEE, esta institución tiene la facultad absoluta de establecer vínculos con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para establecer cuál es la supuesta educación que conviene a los estudiantes mexicanos, según el orden económico mundial (competencias para la vida evaluadas por PISA, pruebas administradas por el INEE en México).

Del mismo modo, la Ley del Servicio Profesional Docente busca golpear a los docentes organizados por la defensa de la educación y de sus derechos laborales de manera sistemática. La supuesta “profesionalización” de los docentes no es más que la facultad otorgada al INEE para seleccionar profesores (art. 28, fr. III a) idóneos a la ideología imperante bajo la noción ideológica del “perfil del buen docente”, como lo llama la propia Junta de Gobierno de dicho instituto, e ir separando de sus labores a los profesores disidentes bajo el argumento de no contar con la calidad educativa deseada y (art. 28, fr. III b) sobre todo, los de las entidades federativas más pobres, quienes según los propios informes de evaluación, obtienen los resultados más bajos.

De igual manera, se busca desmantelar las escuelas normales, bajo el supuesto ideológico de “una reestructuración” debido a que su estructura actual no ha dado resultados benéficos para la formación y profesionalización docente, ni responde a las necesidades de la actual educación, aunque en realidad buscan la privatización de las mismas y evitar la organización estudiantil y magisterial en defensa de derechos estudiantiles y laborales, como en los casos de las Escuelas Normales rurales de Ayotzinapa (Guerrero), Tiripetío, Cherán y Arteaga (Michoacán) y la extinta Luis Villarreal de la comunidad El Mexe (Hidalgo).

El propio INEE, en el texto Prácticas pedagógicas y desarrollo profesional docente en preescolar (2013) menciona que los estudiantes que obtienen mejores resultados son de escuelas privadas y con educadoras con formación universitaria y no normalistas. De este modo, se orienta ideológicamente a la opinión pública para que ésta apoye la privatización y elitización de la educación. De este modo, el propio concepto de calidad educativa (orientada al ámbito empresarial) y la evaluación a gran escala, violentan, en sí mismas, la labor docente en las aulas, al no tomar en cuenta los métodos de enseñanza de los profesores en contextos diversos, así como las carencias salariales, laborales además de la escasa infraestructurales escolar que padecen.

Además, el aparato represor burgués, busca tener mayor control de los centros escolares, con la finalidad de detectar a los estudiantes y docentes que se organicen y, con el empleo del instrumento de evaluación, expulsarlos de las escuelas y rescindir los contratos de los docentes, quienes con la Reforma laboral, perderán el derecho de antigüedad y estarán sujetos a renovar contrato por periodos de seis meses, tal y como se efectúa en las escuelas privadas.

De esta manera, los objetivos son múltiples con las modificaciones constitucionales del artículo 3º y la Ley General de Educación, así como la promulgación de la Ley del INEE y la del Servicio profesional docentes: 1) la desmantelación de la educación pública y gratuita, así como la privatización de la enseñanza en el país; 2) la violación de los derechos laborales de los docentes; 3) la estandarización de los procesos de enseñanza, orientados a la evaluación y certificación de competencias educativas y laborales, al servicio de las empresas del gran capital.


[i] Colaboración externa

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