Por la defensa de la educación pública y la estabilidad laboral

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Paola Martínez

De vuelta a la presidencia como representante experimentado de la clase dominante en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se muestra decido a recordarnos y dejarnos claro, a todos los sectores de la sociedad, el viejo estilo priísta de gobernar. La llamada dictadura perfecta (el aparato de Estado mexicano), si bien tuvo la capacidad de integrar “a la liturgia del poder”[1] a amplios sectores sociales, su carácter corporativo y prebendal siempre estuvo acompañado y sostenido en unas fuerzas armadas especializadas en contrainsurgencia.

Si revisamos nuestra historia en el siglo XX encontraremos que el binomio democracia- autoritarismo, estuvo presente en todo momento como garante de cierto “equilibrio político” y de “paz social” que, en los hechos, significó condiciones favorables para la reproducción del capital. Es decir, grandes beneficios para la burguesía en México a costa de la miseria de millones de personas del campo y la ciudad; así como de la represión y desaparición forzada de integrantes de diversos movimientos populares.

No es casual, pues, que ante la actual crisis del mando político estatal en nuestro país, sea el PRI el encargado de “fortalecer el Estado mexicano” como se señala en el Pacto por México; vale decir, un programa ordenado por los principales grupos de poder económicos para administrar y resolver la crisis política actual, contener el descontento social y recuperar la legitimidad de los mecanismos liberales de participación y representación política.

Es en este contexto que debemos ubicar las llamadas Reformas estructurales y en particular la Reforma educativa que, dicen, tiene como objetivo “modernizar el sistema educativo, para que se cuente con educación de calidad y con mayores oportunidades al concluir estudios”. Sin embargo, lo que muchos sostenemos es que se trata de un apéndice de la Reforma laboral y que tiene por objetivo privatizar la educación, minar el movimiento magisterial y la lucha sindical.

I

Actualmente en nuestro país, según estadísticas del INEGI,  los niños de 0 a 14 años representan el 30 por ciento de la población, de ellos sólo el 45 por ciento de 3 a 5 años cuenta con algún grado de preescolar, 4.8 por ciento de niños de 6 a 14 años no asiste a la escuela y 5 de cada seis niños son pobres; 10.7 por ciento de entre 5 y 17 años trabajan; casi un tercio de los que trabajan cubre jornadas de más de 34 horas a la semana y el 29 por ciento de ellos trabaja para ayudar con la manutención familiar; 31 por ciento vive en condiciones de hacinamiento y el 35.2 por ciento carece en sus hogares de uno o más servicios básicos.

Si tomamos en cuentas las estadísticas socioeconómicas en el país encontramos que, según datos del Censo 2010 del INEGI, de 42.6 millones de trabajadores, 28.7 millones gana menos de 3 salarios mínimos, el 62 por ciento de la población económicamente activa no tiene acceso a las instituciones de salud, el 57.32  por ciento de los trabajadores asalariados carecen de un contrato de base y sólo el 62.1% recibe prestaciones laborales.

Según cifras oficiales del Consejo Nacional  de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “una persona necesita 2 mil 397 pesos para cubrir sus necesidades básicas (alimento, transporte, educación, vivienda y vestimenta, entre otros). Sin embargo, el salario mínimo mensual en nuestro país es de mil 942 pesos al mes; si el salario mínimo vigente no cubre las necesidades de una persona, hagamos cuentas de cuánto faltaría para cubrir las necesidades de una familia completa”[2]. Sumemos a los datos anteriores que vivimos en un país en donde el 59.13 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

Esta es la realidad en la que pretenden imponer una reforma educativa que buscan justificar mediante la difusión de ideas que han acompañado las políticas neoliberales en las últimas tres décadas: La educación privada como un factor de desarrollo y el Estado como un prestador de servicios por los que hay que pagar.

Nos quieren convencer de que la educación moderna y de calidad nos sacará de la pobreza y el subdesarrollo, cuando la principal fuente de éstos es la apropiación privada de la riqueza socialmente generada por los trabajadores, o de qué otra manera podemos entender que en un país de pobres un hombre, Carlos Slim, sea el empresario más rico del mundo. Cómo interpretar que mientras los trabajadores día con día ven desaparecer sus prestaciones laborales y cómo se reduce el poder adquisitivo de sus salarios, en otro lado de esa misma realidad, unos cuantos empresarios vean incrementadas sus fortunas.

II

En cuanto a las características de nuestro sector, de acuerdo a la información proporcionada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), del total de profesores que trabajan en instituciones de Educación Superior, cerca del 60 por ciento lo hace por horas, mientras el otro 40 por ciento se reparte entre tiempo completo y medio tiempo. Es así que, prestador de servicios, profesionales, profesor hora-semana-mes, profesor por honorarios, profesor de asignatura, profesor eventual, entre otros, son las eufemísticas formas como nos llaman a los miles de profesores sin derechos laborales que trabajamos en distintos niveles educativos en nuestro país.

Inestabilidad laboral, subcontratación, salarios miserables, carencia de antigüedad laboral, de representación sindical y de contrato colectivo, son las condiciones predominantes en las que trabajamos actualmente. Tan sólo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de 340 profesores que aproximadamente integran la planta académica, el 80% corresponde a los llamados profesores Hora-Semana-Mes.

En este sentido, la lucha que han iniciado los profesores de asignatura de esta institución, a través de la constitución de su sindicato, para mejorar y dignificar sus condiciones laborales, es un reflejo fiel de la situación nacional y de una lucha que, poco a poco, va sumando personas y sectores dispuestos a defender cabalmente sus derechos, organizándose y uniéndose con otros compañeros para hacer efectiva su fuerza.

A contrapelo de la política de Estado que pretende la desaparición de los sindicatos y que actualmente se encuentra en franca ofensiva contra el movimiento magisterial, resulta fundamental impedir que la reforma educativa se consume. Son los sindicatos quienes, mediante su lucha clasista e independiente, deben decidir sus mecanismos de ingreso, promoción, permanencia, plazas, salarios, cargos etcétera.

Con el Sistema de Servicio Profesional Docente se busca implementar la inestabilidad laboral en el magisterio. Pretenden que de los resultados de una evaluación supuestamente “objetiva”, las plazas que ahora se tienen como un derecho adquirido, se les quiten a los profesores no afines con los intereses del Estado o del gobierno en turno. Mientras que, la llamada Autonomía de gestión promueve “el modelo de escuelas financiadas con dinero público pero administradas como instituciones privadas”[3].

III

Si se respetarán los derechos de los maestros, como afirma la propaganda sobre la reforma educativa, se respetaría de entrada su organización autónoma e independiente; no sería el gobierno sino los profesores los que elegirían a su dirigencia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por ejemplo. Otra muestra clara de que no existe tal respeto fue la represiva intervención de agentes federales y estatales al Congreso de la sección 7 del SNTE, con el objetivo de impedir que el Comité ejecutivo fuera ganado por el bloque democrático algo que, pese a la represión, no lograron.

De manera que, si algún otro objetivo tiene esta reforma es dejar fuera del movimiento magisterial a las secciones y los maestros más democráticos y combativos, que en los últimos meses han vuelto a poner al movimiento magisterial como firme protagonista de la lucha popular y que, esta misma semana, saturará las calles de la capital del país, con miles de maestros provenientes de toda la república, en una jornada de lucha que se enmarca dentro del paro indefinido de labores convocado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es así que, ante la actual ofensiva de la clase dominante en contra de los trabajadores, del sindicalismo y del movimiento magisterial, el llamado es a defender la educación pública y la estabilidad laboral, echando abajo la reforma educativa como apéndice de la Reforma Laboral. A fortalecer el sindicalismo en general y el sindicalismo magisterial en particular.

A promover que los sindicatos consolidados den la lucha junto a los trabajadores precarizados para regularizar su situación e incorporarlos en sus filas, pues esto fortalecería al propio sindicato. Y en donde no haya estas condiciones ni la disposición para hacerlo, impulsar la formación de sindicatos clasistas, combativos y de base, como el modesto pero decidido esfuerzo que hoy día impulsan los profesores de asignatura de la ENAH.


[1] Tema ampliamente trabajado por Jaime Osorio en el libro Violencia y crisis del Estado. Estudios sobre México (México, UAM-X, 2011), del cual recomendamos ampliamente los capítulos “Crisis estatal y violencia desnuda: la excepcionalidad mexicana” y “Leviatán en trance: crisis y recomposición conservadora del Estado en México hoy”.

[2]  Para profundizar sobre el tema, puede revisarse el No. 6 del periódico 30-30, en particular el texto de Job Hernández “Grave, la caída de los salarios en México”. https://partidocomunistademexico.files.wordpress.com/2013/05/30-30-nc3bamero-6.pdf

[3] Hernández, Luis, “Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza”. www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/027a1pol

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