La reforma energética en puerta

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Comité Inter-Sindical

En 1884 el gobierno de Manuel González, subordinado de Porfirio Díaz, elaboró una la ley minera donde se estableció que los depósitos de carbón y petróleo dejarían de ser propiedad de la nación en beneficio de los dueños del suelo. En 1901, la primera ley petrolera reconoció el derecho del superficiario a explotar el petróleo encontrado en sus terrenos; para 1909 se precisó  dicha ley y se estableció que los criaderos o depósitos de combustibles minerales, en todas sus formas, eran propiedad exclusiva del dueño del suelo.

Los argumentos que en aquella época justificaron otorgar ese privilegio a los particulares giraban en torno a la idea de que el país necesitaba el petróleo y la única forma de extraerlo era a través de la inversión de aquellos que tenían la tecnología, el capital y la experiencia. En ese esquema, las compañías sólo tenían que pagar el 0.2 por ciento del valor de la producción.

Hoy como ayer, son estos mismos argumentos los que esgrimen los partidos políticos de la burguesía para llevar a cabo una reforma energética. Sin embargo, dicha reforma no busca más que legalizar lo que desde hace más de 30 años está sucediendo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y también en Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó la ley del servicio público energético que permitió, a través de los llamados “contratos de servicios múltiples,” a las empresas particulares realizar la distribución, transportación e incluso la exploración para la extracción de petróleo, en el caso de Pemex, y para la producción de energía, en el caso de CFE. Por cierto, actualmente en esta última hay 700 permisos otorgados a empresas particulares por la Comisión Reguladora de Energía, y tan sólo una empresa llamada Iberdrola genera entre el 14 y 16 %  de la electricidad, la cual es comprada por CFE.

Estos contratos violan la Constitución Mexicana. Sin embargo, a través de la aplicación de leyes secundarias se esconde este hecho y, como hace más de 100 años, para justificar su privatización nos dicen que Pemex no tiene recursos para invertir en tecnología.

Lo que el gobierno no nos dice es que 70 centavos de cada peso que obtiene Pemex van a parar a Hacienda vía impuestos; tampoco nos dice qué se hace con el excedente que genera el aumento del precio del barril cuando sube en el mercado, y mucho menos nos informa sobre el papel que ha jugado el sindicato, encabezado por Romero Deschamps, para descapitalizar a la empresa (En el 2000, durante la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, se comprobó el desvió de 1500 millones de pesos).

Tampoco se habla nada sobre lo que sucederá cuando se privatice Pemex: de dónde van a sacar el 40 por ciento de los ingresos del Gobierno Federal que genera, con qué dinero se van a construir hospitales, escuelas y la infraestructura que necesitamos. Seguramente el gobierno pretende cobrarnos más impuestos y que nosotros paguemos por todo eso. Por eso la reforma energética viene aparejada con la reforma fiscal.

Lo que realmente deberíamos exigir los mexicanos es un debate abierto e informado. La reforma energética no debe estar supeditada al “Pacto por México”; los recursos energéticos no deben estar en manos de los extranjeros. Deben explicarnos quién en su sano juicio vende una empresa productiva y rentable, y deben manifestar claramente las consecuencias que las reformas van a tener para el pueblo trabajador pues, por un lado, pareciera que nos hemos acostumbrado al aumento mensual de la gasolina y, por otro lado, pretenden hacernos creer que se construye una nueva refinería para bajar el precio de la misma, pero después va a resultar que no es posible sostenerla y que hay que venderla. Claro, barata, como ha pasado con otras industrias.

Exigimos que nos expliquen, también, qué es lo que pasa al interior de la paraestatal con la división de Pemex en cuatro empresas y cómo aumenta esa supuesta división administrativa el costo de los derivados del petróleo.
Queremos saber cómo logró el gobierno de México que Pemex pasara de ser el cuarto productor de petróleo a nivel mundial en el 2012, produciendo 2.5 millones de barriles diarios, a ser una empresa “ineficiente”.

Comité Inter-Sindical (Trabajadores del SME, STRM, SITUAM, STUNAM, IEMS y del sindicato “Solidaridad” del Sistema de Agua Potable de Yautepec)

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