Michoacán: operación de Estado

Michoacan 1Andrés Avila Armella

Nuevamente los sucesos políticos y sociales en Michoacán han atraído la atención de diversos analistas políticos, tanto por parte del Estado como por parte del movimiento social en México, la movilización popular de los estudiantes normalistas, de comuneros indígenas, así como la irrupción de los llamados “grupos de autodefensa” y el problema del narcotráfico, fenómenos que confluyen en un mismo escenario político aunque de naturalezas dispares, han propiciado que el Estado mexicano esté generando un tremendo clima de confusión política que justifique acciones represivas.

Cámaras empresariales, voceros de los medios de comunicación y funcionarios del Estado federal, han alertado sobre un clima de “ingobernabilidad” en Michoacán, argumentando que la capacidad del gobierno estatal ha sido rebasada,  clamando a gritos la intervención de la federación, sobre todo a través del aparato represivo, para recuperar el control de la situación.

A continuación expondremos algunos elementos para el análisis de la situación actual.

Algunos antecedentes recientes:

El anterior presidente de la República, Felipe Calderón, quien accedió a la presidencia tras un escandaloso fraude electoral en 2006, nativo del estado de Michoacán, donde realizó gran parte de su carrera política, se empeñó en experimentar diversas políticas de Estado en dicha entidad federativa; cuando apenas empezaba su gestión en el gobierno federal decidió lanzar ahí mismo el primer operativo militar masivo, el cual pretendía, supuestamente, controlar la situación de la violencia desmesurada ligada al narcotráfico; así pues, propició que tanto el ejército como la policía federal actuaran bajo sus órdenes directas en la región, con la aparente justificación de que numerosos cuerpos policiacos, tanto estatales como municipales, estaban siendo corrompidos por las mafias de narcotraficantes.

Sin abundar demasiado en el tema, haremos algunas puntualizaciones:

–          La actividad económica, política y armada de las mafias ligadas al narcotráfico no disminuyó, pero sí logró crear una cortina de humo en donde se violentaron sistemáticamente los derechos humanos de la población a través de retenes, cateos, detenciones masivas y diversos operativos.

–          Lo que realmente se dificultó fue precisamente el análisis político de la situación, puesto que el clima de violencia propició que nadie se atreviera a indagar en una diversidad de problemáticas por el temor a ser víctimas de la violencia en medio de tanta confusión. Cualquier opinión podía ser considerada una intromisión en el problema del narcotráfico ante la amenaza latente de sufrir las consecuencias de atravesar el fuego cruzado. No sólo en Michoacán, sino en México, se ha fomentado el hecho de que la población se acostumbre a la aparición de cadáveres, la desaparición de personas, retenciones, torturas, ejecuciones masivas y otras tantas cosas, asumiendo de antemano que si alguien desaparece o aparece en las mencionadas condiciones, es por haber estado involucrado de una manera u otra en el contrabando.

–          La lucha social, que tiene al Estado y a los grupos de caciques y capitalistas asentados en la región como sus enemigos inmediatos, tuvieron que considerar además la problemática de ser reprimidos por supuestos grupos de sicarios, quienes actuando aparentemente por encima de la ley lograron inhibir algunas reacciones organizadas a problemáticas sociales.

–          En ese contexto aparece la resistencia de las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, quienes han tenido que enfrentar, de manera directa, la violencia operada por estas supuestas mafias. El caso de Cherán se volvió paradigmático, toda vez que ubicó que detrás de dicho enfrentamiento contra la mafia, que talaba sus bosques, se encontraba el cobijo del Estado mexicano, quien a través de los “partidos políticos” había fragmentado a la comunidad y allanado el camino para el despojo del cual son objeto, a la vez que hacían caso omiso de las quejas de los comuneros y de su demanda de justicia y seguridad.

–          Desde finales de 2011, los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD acudieron al llamado de un grupo de empresarios, los más poderosos de la región, para formular la propuesta de lanzar una candidatura única; es decir, para imponer a un candidato de Estado, a alguien que más allá de los partidos simplemente siguiera las órdenes directas de la burguesía, evitando la mediación de los burócratas de los tres partidos. Dicho asunto, lo señalamos desde aquel momento, indicaba que nos encontrábamos ante una operación de Estado.

–          Los gobiernos del PRD dejaron insatisfechos a todos. La burguesía, sobre todo tras el caso Cherán, pudo comprobar que la influencia de aquel partido sobre el movimiento popular se había diezmado, su capacidad de interlocución se había reducido; además su eficiencia burocrática dejó mucho que desear. La administración pública se enredó en una crisis financiera y los escándalos de corrupción no fueron para nada la excepción. Por otra parte, si bien era cierto que en cierta medida el PRD ganó la gubernatura apoyado en gran parte por la confianza que muchos elementos de las clases explotadas le depositaron a los supuestos herederos del cardenismo, la desilusión fue creciente, ni la pobreza ni la explotación ni las injusticias cesaron en lo más mínimo, la única diferencia fue el color bajo el cual se protegían los explotadores.

–          El priísta Fausto Vallejo ganó las elecciones compitiendo contra la hermana del presidente Calderón, y contra un Silvano Aureoles de un PRD dividido y debilitado. Muchos de los grupos de poder que habían apoyado al PRD, quienes antes apoyaban al PRI, volvieron a apoyar a este último e inclinaron la balanza.

La gestión Vallejo-Reyna[1]

Fausto Vallejo asume la gubernatura, cuando arrancaba la carrera presidencial, en medio de los rumores que adelantaban que él no terminaría su período constitucional, pues su estado de salud no se lo permitiría, y ante la seria posibilidad de que Jesús Reyna se hiciera cargo del despacho como gobernador interino o sustituto. La urgencia era abonar a la campaña presidencial de Peña Nieto, demostrando que el PRI tendría la fuerza que el PRD no tuvo para doblegar a los nuevos brotes del movimiento popular en Michoacán, y también bajo la expectativa de que tendría mejores métodos para mantener bajo control la violencia ligada al contrabando; es decir, que dicho gobierno tendría la habilidad para evitar que los negocios ligados al contrabando afectaran también a otros rubros de la economía capitalista. En ese sentido, la acción militar y policiaca seguiría siendo relevante.

El actual gobierno priísta de Michoacán, durante la campaña presidencial, quiso proyectar al PRI con un golpe políticamente llamativo contra el movimiento popular, ejerciendo una represión brutal contra moradores de las casas del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El mensaje al bloque hegemónico burgués era el siguiente: “Nosotros tenemos la capacidad de contener al movimiento popular con represión, es más barato invertir en balas de goma, escudos y gas lacrimógeno que en más albergues estudiantiles o en más aulas para la universidad pública”.

La represión, desde el punto de vista de Estado, dejó mucho que desear. Lucieron muchas ineficiencias y la situación política se complicó tanto que Enrique Peña Nieto tuvo que cancelar en varios momentos sus actos de campaña en Michoacán, por el temor a encontrarse de frente a grandes  movilizaciones populares, sobre todo estudiantiles. Sin embargo, el priismo gobernante en Michoacán logró contribuir a la campaña de Peña Nieto, en la medida en que reforzaba el compromiso de su partido ante la burguesía de estar dispuesto a combatir sin reservas cualquier brote de inconformidad organizada e independiente.

En Octubre del año pasado, un nuevo golpe represivo estremeció al país, fuerzas federales y estatales hicieron un operativo en la Normal rural de Tiripetío y en la Escuela Normal Indígena de Michoacán, capturando a cientos de estudiantes. La fuerza del movimiento popular, organizaciones, padres de familia y comuneros, lograron expulsar a las fuerzas represivas de las escuelas normales y levantar un movimiento que cobró gran fuerza a nivel regional, sobre todo en el sector estudiantil y con miles de comuneros de la región de la meseta p’urhépecha. La acción represiva alcanzó incluso al magisterio democrático quien sufrió la incursión de la policía federal en sus instalaciones.

El Estado logró ejercer la represión y golpear al movimiento, ablandando el terreno para siguientes acciones, mientras que el movimiento popular, lleno de combatividad pero carente de una dirección política consolidada y revolucionaria, terminó por dispersarse sobre todo ante el clamor de los oportunistas, quienes simulando vocación combativa terminaron por decir: “no hay condiciones para luchar más”.

La línea del Estado mexicano ha sido la de provocar la negociación dispersa y parcial con los actores en lucha, haciendo sobre todo un esfuerzo por desvincular la lucha estudiantil de la sindical y a su vez con la de las comunidades indígenas y campesinas. La aprobación de la reforma educativa tomó al movimiento popular michoacano en medio de la dispersión y la confusión.

Michoacan 3Las autodefensas

El clima de violencia y miedo, referido al principio del presente ensayo, mantiene a la mayoría de los michoacanos en la confusión al respecto de quién actúa a nombre de qué. Hacer preguntas e indagatorias es prácticamente imposible; sin embargo existe una referencia para el movimiento popular, que es el caso de la comunidad indígena de Cherán. En éste caso fue claro que fueron los pobladores organizados quienes hicieron frente a los grupos protegidos por el gobierno que asesinaban e intimidaban a miembros de la comunidad, hablamos de un caso claro de autodefensa comunitaria coordinado con la lucha popular y con plena legitimidad. Como todos sabemos, el movimiento de Cherán, no ha sido del agrado del Estado y ha pensado en diversas estrategias para contenerlo, cooptarlo y desmovilizarlo.

En medio de dicha situación, aparecen un sinnúmero de grupos que se denominan de “autodefensa”, la claridad al respecto es sumamente nebulosa. Esto ha sido aprovechado por los funcionarios de Estado, tanto estatal como federal, quienes advierten sobre la seria amenaza que representa para el “estado de derecho” la aparición de estos grupos en general. Se introduce a través de los medios de comunicación la suspicacia de que los grupos de “autodefensa”, el narcotráfico y el movimiento social son una misma cosa, y que de manera general deben ser disueltos por el aparato represivo de Estado. Así pues, se lanza la amenaza latente de que formar parte del movimiento popular o de la organización independiente puede ser considerado una actividad delictiva y vinculado al llamado “crimen organizado”. La confusión favorece a dicha política de Estado, pues nadie puede deslindar con precisión la naturaleza de cada fenómeno, mientras las patrullas policiacas y militares instalan retenes por los diversos caminos asolando a la población y alimentando el clima de miedo y desconfianza.

Estado y movimiento popular

Aquí es necesario detenernos a hacer una precisión. Las políticas e iniciativas de los gobiernos están supeditadas a la política de Estado y no al revés, en ocasiones las acciones del gobierno logran fortalecer efectivamente al Estado, pero en ocasiones fracasan y se modifican en sus aspectos superficiales, conservando siempre su esencia de clase.

El gobierno priísta, de Vallejo y Reyna, ha mostrado su vocación burguesa; sin embargo se ha visto rebasado por el movimiento popular y por las propias contradicciones de las diversas problemáticas planteadas. El Estado, por su parte, luce preocupado y muestra su afán e interés de que existan condiciones estables para la acumulación capitalista y para el ejercicio del poder estatal. El Estado, no obstante, está aún lejos de verse rebasado y cuenta con diversos instrumentos para contener y derrotar al movimiento popular. En todo caso, el Estado está preocupado porque la torpeza e ineficiencia de algunos gobernantes pueda posibilitar el desarrollo político de las clases explotadas, poniendo en riesgo el interés general de la clase en el poder.

El aparato represivo, en los tres niveles de gobierno, sigue obteniendo condiciones para operar con pocas restricciones, aprovechándose de tanta confusión, por ejemplo, en varias ocasiones, los retenes de la policía federal se colocaron a las afueras de Morelia, impidiendo el paso a la capital michoacana a todos los jóvenes que tuvieran “aspecto” de ser normalistas o luchadores sociales”. Finalmente logra verse con claridad a dónde conducía tanta operación policíaco-militar en Michoacán. Esto, si bien implica un desgaste de la figura ideológica del estado democrático, es un sacrificio que el Estado ha estado dispuesto a hacer ante la efectividad que les implica el uso de la fuerza por encima de la política.

Pero tal como advertimos hace algunas líneas, el Estado suele combinar varios métodos. Por un lado reprime violentamente a las expresiones de la lucha popular, a quienes considera más hostiles; por otro lado tiende puentes de negociación, hacia el movimiento sindical, indígena, estudiantil y popular, para mantener a cada lucha separada de las otras incluso bajo la advertencia de que las alianzas son causal de rompimiento de los compromisos del gobierno con cada movimiento u organización. Nadie que conozca la historia de México, y de Michoacán particularmente, puede descartar que el Estado mexicano apueste a que a mediano plazo puede sumar algún movimiento a su redil y reconvertirlo en un apéndice informal del Estado. Mientras haya condiciones para la acumulación de capital, el Estado mexicano puede aceptar formas de autonomía indígena, de autodefensa, de organización sindical o estudiantil, fragmentar las luchas y llegado el momento golpearlas por separado para recuperar las concesiones.

El movimiento popular por su parte, ha tenido a su favor más condiciones objetivas que subjetivas, aún cuando no carece de las segundas, éstas se encuentran considerablemente atrasadas con respecto de las primeras. El movimiento popular en Michoacán ha respondido ante situaciones asfixiantes, ante la pérdida evidente y violenta de conquistas obtenidas en luchas anteriores, pero no ha logrado consolidar algún referente organizativo que aglutine al movimiento popular en general y lo mantenga avanzando en una agenda que tienda a elevar su posición política; el triunfalismo oportunista y el derrotismo ocasionado por tanto miedo, confluyen en un mismo escenario cumpliendo la misma función, inhibir el desarrollo político y progresivo del movimiento.

Sin embargo, el panorama exhibe algunas posibilidades, pues el movimiento popular tiene a su favor que las condiciones objetivas, las formas en que el capitalismo se desarrolla en Michoacán, hace confluir los intereses de comuneros, estudiantes y trabajadores, y les da la posibilidad de luchar juntos, y por tanto de probar la fuerza que se tiene con la organización combativa e independiente; cada experiencia de lucha implica nuevos aprendizajes políticos, nuevas lecciones que sistematizadas correctamente pueden ser útiles en la elaboración de la táctica revolucionaria.

La cuestión por ahora es combatir la táctica de Estado quien se empeña en hacer creer a quienes se organizan por sus demandas de carácter económico y de alcance inmediato como lo pueden ser las prestaciones laborales, los derechos comunitarios o los espacios estudiantiles, que es reconociendo al Estado como serán escuchados y atendidos; la tarea consiste pues, en potenciar la capacidad del movimiento popular, y eso exige ante todo conciencia de clase, el trabajo sobre las condiciones subjetivas y sobre todo la organización independiente y clasista. El pueblo trabajador necesita recobrar la confianza en sí mismo, en su capacidad para resolver, para luchar y para ganar, eso le permitirá levantar la mirada identificando además de políticos corruptos, mafias y partidos políticos, al verdadero enemigo de clase, la burguesía. Por ahora, las fuerzas en choque se encuentran en tensión, el gobierno ha sufrido reveses pero el Estado sigue siendo la fuerza dominante, el movimiento popular, si aspira a la victoria, no puede eludir la tarea de propiciar él mismo su desarrollo político.

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[1] Se pone gestión Vallejo-Reyna porque en estos momentos el otrora secretario de gobierno, Jesús Reyna García, ha sido designado como gobernador interino toda vez que Fausto Vallejo Figueroa solicitó licencia para ausentarse del cargo por motivos de salud.

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