El diálogo no es un camino nuevo para las FARC

1984: Los diálogos entre la insurgencia y el Estado colombiano. De los Acuerdos de La Uribe al Genocidio de la UniónPatriótica

WORKFLOW 2009 0000224235FO2047.JPGCorresponsalía/Karabina. Mayo de 2013. Los diálogos entre la insurgencia y el Estado colombiano no son un nuevo camino para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP). Desde hace varias décadas lo han impulsado como forma de dar salida al conflicto social y armado que se vive en Colombia y que evidencia las graves condiciones que vive el país, pues los grupos insurgentes han buscado durante años consolidar transformaciones socioeconómicas y políticas importantes que permitan el desarrollo de una Nueva Colombia con un gobierno del pueblo y para el pueblo en el que se atiendan las causas del conflicto, es decir, en el que haya acceso a la tierra para quien la trabaja, una participación política de la población sin terrorismo de Estado y condiciones diferentes que no se basen en la explotación.

Los primeros diálogos con el Estado colombiano con el fin de dar una solución se desarrollaron en 1984, cuando se encontraba en el poder la burguesía del polo conservador representada por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), quien reconoció las condiciones objetivas en la formación y consolidación de la insurgencia, así como la fuerza e influencia del proyecto político de la misma, y ofreció un proyecto de ley de amnistía,[1] claramente enmarcado en el ascenso de la lucha popular, aún antes de comenzar las pláticas con los grupos guerrilleros.

Con ello, las FARC-EP —junto con la Autodefensa Obrera (ADO), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y posteriormente con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)—,[2] ante la aparente apertura gubernamental, decidieron firmar con el gobierno los Acuerdos de “Cese al fuego, tregua y paz” el 28 de marzo de 1984. En ellos, acordaron la búsqueda de una salida política al conflicto y, por tanto, un cese bilateral de las hostilidades, sin implicar por ello la entrega de armas por parte de la guerrilla.

En voz del insurgente fariano Jacobo Arenas, la plataforma de lucha de las FARC era la siguiente:

luchamos por trabajo para todos los colombianos que lo necesiten, por sueldos y salarios en consonancia con el costo de vida; por control al enriquecimiento ilícito; por una verdadera Reforma Agraria Democrática que expropie a las compañías imperialistas Yanquis y a los grandes latifundistas para entregarle gratuitamente la tierra a los campesinos que la trabajan o quieren trabajarla; luchamos por un plan de progreso y desarrollo verdaderamente nacional y por una Colombia Libre y Soberana.

Los acuerdos previos derivaron, para el 28 de mayo, en la firma de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno y las FARC-EP. En estos acuerdos se estipuló el cese de fuego bilateral desde el momento de su firma (el cual sería verificado por una comisión que tendría para ello tres meses), y se planteó, durante la etapa de tregua, la realización —por parte del gobierno— de las reformas políticas y socioeconómicas propuestas por las FARC-EP, reformas que posteriormente debían ser aprobadas e implementadas por el congreso a través de leyes para, finalmente, firmar una paz duradera entre las partes.

Con ello, las FARC-EP dieron un impulso a las transformaciones sociales a través de la vía únicamente política, a la par que continuaron en armas para garantizar con ello la resolución de los problemas populares que fueron los que desde un inicio les dieron origen como insurgencia.[3]

Sin embargo, los resultados de este diálogo no fueron los esperados. Pese a que se dieron avances al plantear la posibilidad de realizar transformaciones concretas que derivaran en una paz con justicia social, y a que las FARC-EP fueron reconocidas como actor político al aceptarse su interlocución con el gobierno, los alcances reales de las conversaciones quedaron muy por debajo de lo esperado.

Las reformas solicitadas por la insurgencia no se llevaron a cabo, la tregua fue rota por parte del ejército federal, ocasionando choques armados que no contribuyeron a la posibilidad de una salida pacífica al conflicto y, por último, la decisión de las élites locales de exterminar al que se consolidaba como un enemigo poderoso llevó al genocidio del amplio movimiento político Unión Patriótica (UP), nacido de las conversaciones entre guerrilla y Estado en noviembre de 1985.

La alternativa política que significó la UP estaba integrada por antiguos guerrilleros de las FARC-EP y distintas fuerzas populares, progresistas y democráticas con el fin de realizar política abierta, pública y legal con proyectos opuestos a los del bipartidismo de las élites politicas y de los partidos tradicionales. En este movimiento se plantearon transformaciones dentro del sistema capitalista, de alcance democrático, que buscaban mejoras sociales que dieran lugar a un país más plural donde seguir desarrollando el proceso revolucionario.

Sin embargo, ante el éxito electoral de la Unión Patriótica, las élites buscaron terminar con la amenaza de cambios sociales, por lo que permitieron, auspiciaron e impulsaron —a través de grupos extrajudiciales y paramilitares— la desaparición y el asesinato de 3,000 a 5,000 de sus integrantes, mostrando con ello la nula posibilidad de transformación dentro de las esferas legales y oficiales colombianas.

Así, por un lado, los grupos en el poder terminaron con la opción de encontrar soluciones al conflicto armado a través de la vía del diálogo cuando su ejército violó la tregua previamente acordada, mientras que, por otro lado, eliminaron física y políticamente a sus contrincantes, pese a que estos se encontraban participando dentro de la esfera de la legalidad defendida por el propio Estado. Fue éste el que actuó para truncar las posibilidades de organización política y social.

Ante esto, los grupos insurgentes realizaron diferentes actos, entre ellos, al finalizar el gobierno de Betancour en noviembre de 1985 y debido al incumplimiento de los acuerdos, el M-19 realizó la “Toma del Palacio de Justicia”, la cual terminó en un holocausto perpetrado por las fuerzas armadas, con más de 95 muertos.

Después, con el gobierno de Virgilio Barco, quien desmanteló la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación y rompió la tregua, se recrudeció el terrorismo de Estado, como se ejemplifica con el asesinato del ex candidato presidencial por la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987.

Las FARC-EP, pese a los golpes recibidos y con una larga historia por delante, no claudicaron en la decisión de usar todos los métodos de lucha con objetivos de transformación social. Subsistía el origen social de la insurgencia: la realidad colombiana no había cambiado favorablemente y los problemas de antes continuaban e incluso se agudizaban. Y eso aún es así.

Por eso hoy, en esta nueva etapa de diálogos, en un país que aún cuenta con graves problemas de pobreza, desigualdad, inflación, despojo de tierras, desempleo, etcétera, las experiencias vividas entre las filas farianas se consolidan como recuerdos colectivos que dejan importantes enseñanzas en el campo político.

Por eso hoy, como en 1984, las FARC-EP saben que la entrega de las armas no está a discusión mientras las condiciones de vida sigan siendo precarias, mientras la explotación, el despojo y la persecución sigan presentes. Y, al aprender de la experiencia de la UP, saben que la participación política en la esfera oficial no es una opción real de cambio.

Por eso hoy siguen organizadas como un ejército del pueblo, aunque al mismo tiempo busquen conversar con la burguesía en el poder, al reconocer los alcances de cada uno de los métodos de lucha.

Los resultados de los diálogos actuales aún están por definirse… Y la construcción de la Nueva Colombia, con paz y justicia social, sigue en marcha.


[1] Llamada Ley 35, dictada el 19 de noviembre de 1982, permitió la salida de prisión de cientos de revolucionarios.

[2] Grupos guerrilleros reactivados: la Autodefensa Obrera (ADO); el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo castrista fundado en Cuba en 1963-1964, de doctrina foquista con profesionales y estudiantes, al cual perteneció Camilo Torres; el Movimiento 19 de Abril (M-19) que nació de la indignación de los anapistas por la derrota fraudulenta en las elecciones de 1970; el Ejército Popular de Liberación (EPL), maoísta, que reunió a profesores, estudiantes y peones asalariados rurales.

[3] Incluso, para 1987 decidieron ingresar a la Coordinadora Nacional Guerrillera, a la que se le cambió el nombre por Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), la cual aglutinaba a la totalidad de los insurgentes colombianos en lucha por la democratización del país, contra la guerra sucia y por una solución política que llevara a Colombia la paz con justicia social y económica y a garantizar derechos políticos para todos los pobladores.

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