Contra la reforma laboral

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El nuevo intento de reforma laboral es un episodio más de la guerra del capital contra el trabajo, destinada a destruir el poder de negociación de la clase trabajadora frente a los patrones. El objetivo final es dejar inermes a millones de mexicanos asalariados frente a la voracidad de los capitalistas para explotarlos sin traba legal alguna, o legalizando lo que hasta ahora son crímenes contra el trabajo. De ser aprobada la propuesta, tendrían fuerza de ley los métodos más primitivos de explotación y se involucionaría a una sociedad en que la clase trabajadora no tiene ningún derecho frente al derecho absoluto del capital.

Entre otras cosas, la iniciativa de Calderón busca flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo, su contratación y el despido; ataca la estabilidad en el empleo, base de prestaciones y derechos como la seguridad social; elimina de facto la contratación colectiva, el derecho de asociación, la libertad sindical y el derecho de huelga, quitando medios de defensa constitucional y legal de los trabajadores y mantiene estructuras caducas (como la “toma de nota” y los sindicatos de protección), cancelando la democratización del mundo del trabajo. Detallando algunas de estas intenciones, la propuesta de Calderón pretende:

  • Sustituir el empleo de planta “o de base” por el empleo precario: eventual o por horas. La base fundamental de la Ley Laboral para que los trabajadores tengan acceso a los demás derechos básicos, es la estabilidad en el empleo. Con empleos eventuales (como los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada) y por horas, quedan excluidos los demás derechos de la Ley y de los contratos colectivos. La principal consecuencia es la caída del salario, más la caída de las prestaciones y de las cuotas al IMSS y demás instituciones laborales. Y esta ha sido la principal demanda patronal desde 1988: eliminar el empleo seguro o de planta, para reducir el salario y las prestaciones.
  • Permitir el salario mínimo ($62.33) de modo fragmentado, según el número de horas laboradas en un día (es decir, se pagará a 8 pesos la hora).Con esto se destruye oficialmente la institución constitucional protectora de los salarios mínimos. Si de por sí el salario mínimo se ha venido reduciendo desde 1977 y sobre todo desde 1982, convertir el salario mínimo en infinitesimal, legaliza el hecho de que los salarios mínimos no garantizan que se cubran las necesidades del trabajador y su familia como marca la Constitución.
  •  Crear la “Ley del Libre Despido”, modificando la ley actual, al facilitar y abaratar los despidos. Se facilitan los despidos al admitirse nuevas causales, además de exentar a la patronal de la obligación de dar avisos y ofrecer pruebas que los justifiquen. Y en caso de despido injustificado, el trabajador sólo podrá reclamar un máximo de un año de salarios caídos.
  • Legalizar la subcontratación. La subcontratación es precisamente la relación laboral donde los trabajadores son peor pagados y tienen menos derechos; además de ser el mecanismo mediante el cual los patrones evaden sus obligaciones y los sindicatos enfrentan la competencia desleal de fuerza de trabajo no organizada, barata y dispuesta a trabajar en las peores condiciones.
  • Legalizar la sobre explotación, autorizando el uso indiscriminado de la fuerza laboral en tareas múltiples sin que el trabajador o la trabajadora así como sus representantes sindicales intervengan en el control de los procesos de trabajo.  Ya que el propósito central de la reforma es elevar la productividad del trabajador, se establecen prerrogativas para que los patrones utilicen a los trabajadores a su antojo (con “flexibilidad” dicen ellos), de tal manera que puedan asignarles tareas a discreción, mover su jornada y sus días laborales de acuerdo con sus necesidades y destinarlos a más funciones por el mismo salario (“polivalencia” le llaman ellos), todo lo cual significa trabajar más y con mayor intensidad por el mismo pago. También plantea como un parámetro para el acceso a puestos vacantes o ascensos escalafonarios, criterios de productividad que determinaría únicamente el patrón.
  • Volver a instaurar como prerrogativa de la autoridad laboral decidir si procede o no el registro de los sindicatos (la famosa “toma de nota”). Con esto se valida la intromisión de las autoridades en la vida de los sindicatos, intentando destruir el reciente triunfo del Sindicato Minero y todos los sindicatos, en la Suprema Corte de Justicia a favor de la libertad sindical, en cuanto a la toma de nota.
  • Conculcar el derecho de huelga. La reforma incorpora nuevas causales para declarar una huelga inexistente, como que el sindicato no cumpla con los requisitos que contemplen sus propios estatutos para formular el emplazamiento; dejando a la autoridad “la interpretación” de esos estatutos, o que la inasistencia a la audiencia de conciliación conduzca al archivo del expediente y a que se anule el paro de labores. Para emplazar a huelga por firma de contrato colectivo se pide una relación mínima firmada por al menos un tercio de los trabajadores que presten servicios a la empresa. En caso de emplazamiento por violación al CCT se negará el trámite cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación. Y quien decidirá si se precisan o no, será la autoridad, dejando el derecho de huelga de ser de los trabajadores, para ahora ser un derecho del gobierno. Estas son  casi las mismas palabras y los argumentos que hizo valer el Grupo México de Germán Larrea, para negar la procedencia de los emplazamientos a huelga del Sindicato Minero, en los casos de las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete de 2007.  También se plantea el arbitraje obligatorio de la Junta luego de 60 días de paro de labores, a solicitud del patrón o de terceros afectados.
  • Obligar sólo a los sindicatos y nunca a los patrones a rendir cuentas y ser auditados.
  • Dejar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haga unilateralmente la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes, parciales o totales, sin la participación de los trabajadores.

Por supuesto, los comunistas sabemos que la Ley Federal de Trabajo vigente, cuyos antecedentes se remontan a 1931, fue diseñada para garantizar la tutela del Estado  -y por tanto de la burguesía- sobre la clase trabajadora, teniendo incluso una fuerte inspiración en el Código del Trabajo  fascista por aquel entonces en boga. Toda la arquitectura jurídica estaba construida para que funcionara como medida preventiva contra la formación de los trabajadores en clase y contra una eventual revolución proletaria como las que, a lo largo y ancho del mundo, como resultado de la Revolución Socialista de Octubre, estaban a la orden del día en esa época.

Porque también es verdad que el reconocimiento de derechos mínimos al proletariado en México no fue una graciosa concesión de la burguesía: fue impuesta por el miedo al reavivamiento de la Revolución bajo la forma de un nuevo ciclo de luchas, ahora con la clase trabajadora como principal protagonista (No hay que olvidar que la agitación de la clase obrera  era un hecho indiscutible en esos años, con resultados como la formación del Partido Comunista de México y de las grandes centrales sindicales).

Así, la Ley Federal de Trabajo surgida de la Revolución Mexicana tiene un doble carácter y es la expresión jurídica de una cierta correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital. Por un lado, es el resultado de las luchas de la clase trabajadora  frente a la voracidad de los patrones, teniendo por esto un sentido progresista. Por otro lado, es la punta de lanza de la burguesía para contener al proletariado, circunscribiéndolo a la lucha legal, por concesiones mínimas y bajo la égida estatal, lo que se otorga un sentido reaccionario. En este orden de cosas, ni el proletariado tuvo la fuerza suficiente para imponer un nuevo orden favorable por completo a sus intereses -de carácter socialista-comunista, con un Estado dirigido por la clase trabajadora- ni la burguesía pudo hacer prevalecer su dominación absoluta.

Justo en los últimos años esta situación fue alterada por una fuerte ofensiva capitalista contra la clase obrera. Sobre la base de la destrucción de la “amenaza comunista” simbolizada por el triunfo de la contrarrevolución en la URSS, la burguesía emprendió un desmantelamiento total de las llamadas conquistas de la clase trabajadora. El resultado inmediato fue un salto significativo en la tasa de explotación del trabajo asalariado, resultado de la disminución de los salarios, el incremento de la jornada laboral y la intensificación de los ritmos de trabajo. Para reforzar esta tendencia, el incremento de la productividad del trabajo derivado de una acelerada innovación tecnológica hizo posible la generación de un gran  volumen de trabajo sobrante –ejército industrial de reserva– que, como nunca, cumple su papel de “jalar hacia abajo” los reclamos de la clase trabajadora en su conjunto, ante la amenaza  del desempleo y por la presión de millones de trabajadores que se venden más barato al capital y aceptan trabajar en peores condiciones que el sector sindicalizado.

Por supuesto, la burguesía presentó este retroceso como progreso. Uno tras otro, se sucedieron discursos gerenciales para convencernos a piso de fábrica que se trataba de una “revolución organizacional” que arrojaría buenos resultados para todos. Se invitó insistentemente a la colaboración con la gerencia para reconvertir procesos de trabajo y relaciones laborales a fin de “flexibilizarnos”, aceptar la subcontratación como algo normal y válido, hacernos polivalentes y ponernos la camiseta de la empresa para ser más productivos. En realidad, la idea central  de todas estas propuestas –toyotismo destacadamente– era el otorgamiento de un poder despótico del capital sobre el trabajo, para utilizar a los trabajadores a su antojo, sin ninguna defensa de clase.

Una parte importante de esta reconversión de los procesos productivos en favor del capital fue la generación de un poderoso sindicalismo de empresa, reactualización del viejo sindicalismo reformista que descansa en la peregrina idea de que capitalistas y trabajadores tienen intereses comunes. Esto se traduce en el triste papel de sindicatos cuyo objetivo central no es la defensa irrestricta de los derechos de sus agremiados sino ayudar a la gerencia a alcanzar las metas de productividad de la empresa,  resolver los cuellos de botella de la producción y controlar los reclamos de sus bases para que no impacten en las ganancias del patrón.

En México, todos estos procesos de alcance mundial tuvieron una amplia repercusión. Comenzando con las grandes empresas monopolistas, a paso veloz se fueron introduciendo todas estas transformaciones en el mundo del trabajo, altamente lesivas de las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora mexicana. Destacadamente, las maquiladoras y las empresas de subcontratación cumplieron la función de punta de lanza en la introducción de estos métodos de explotación, que deterioraron masivamente las condiciones de vida y de trabajo de millones de mexicanos. De igual forma, el relevo del control burgués sobre el movimiento obrero y sindical tiene esta misma base material: nació un sindicalismo más acorde con las intenciones patronales del momento, en pleno concubinato con sus patrones, capaz de introducir las intenciones patronales en los contratos colectivos de trabajo, que ahora aparecían plagados de las palabras clave para la burguesía: productividad, calidad, polivalencia, etc.

Por supuesto, en este deterioro generalizado de las condiciones laborales no jugó un papel menor el viejo sindicalismo corporativo, engrosado por los sindicatos de protección. Ellos son los principales responsables del retroceso ya que dejaron sin ninguna defensa efectiva a la clase trabajadora dada su subordinación histórica a los intereses del capital. Pero queremos destacar que el relevo, representado por el llamado “sindicalismo libre” o “independiente” también ha contribuido a este proceso: ha sido un fuerte impulsor de las ideas acordes con las intenciones burguesas para los tiempos que corren –productividad, calidad, polivalencia, flexibilidad, etc. – Ha subordinado a la clase trabajadora mexicana a la dirección ideológica de la burguesía, por medio de ideas oportunistas de corte socialdemocrático. Y ha puesto su granito de arena para impedir, con el apoyo financiero de la socialdemocracia europea y norteamericana, el desarrollo de un movimiento obrero y sindical clasista y revolucionario.

Por todo esto, no es raro que este sindicalismo “independiente”, ante la propuesta de reforma laboral, la considere aceptable en parte, susceptible de ser negociada para quitarle las partes más rudas pero dejando el núcleo de la propuesta: el de la necesidad de incrementar la productividad –la ganancia de los patrones, pues– a costa de los trabajadores. Tampoco es raro que en los contratos colectivos auspiciados por estos sindicatos  aparezcan ya aceptadas muchas de las propuestas incluidas en las distintas versiones de la reforma laboral. De la misma manera, tampoco es extraño que desde esta posición se impulse una reforma laboral, sumando fuerzas con el PRD, que esencialmente es la misma que la del PRI y la del PAN, cambiando un poco sólo la envoltura para que los trabajadores se tomen el contenido de tan amarga medicina.

De forma que, dada esta situación en que se encuentra el movimiento obrero y sindical, cualquiera de las propuestas de reforma laboral es lesiva a los intereses de nuestra clase. No debemos permitir que ninguna pase porque el contenido de todas es el mismo y están dirigidas a favorecer al capital en detrimento del trabajo, aunque se presente como “necesarias para el país” a fin de que se “promueva y se incentive el desarrollo empresarial, el crecimiento de la empresas y la generación de empleo” como cacarean los perredistas. Ya sabemos los trabajadores que la burguesía siempre piensa que lo que es bueno para ella es bueno para “el país entero” y se propone nuevamente “salvar” al país hundiendo a sus trabajadores en la esclavitud asalariada más atroz.

Lo más seguro es que todas estas posiciones se pongan de acuerdo y avalen alguna propuesta de reforma laboral que, pelos más o pelos menos, será la misma.

Por el contrario, el Partido Comunista de México defenderá los intereses históricos de la clase trabajadora contra viento y marea. No se dejará convencer por los cantos de sirena de quienes quieren “modernizar las relaciones laborales” ni avalará las claudicaciones reformistas disfrazadas de lucha. Dará testimonio del papel real que juegue cada fuerza que entre al escenario nacional en esta coyuntura.

No obstante, participaremos en la movilización general contra la reforma laboral, pero siempre distinguiéndonos del resto de las posiciones, sin confundirnos con quienes se oponen a la reforma laboral en defensa de sus propios intereses corporativos –como algunas centrales sindicales y legisladores priístas– o con quienes de forma oportunista sólo se oponen parcialmente –como el sindicalismo “independiente” o el PRD. De la misma forma, participaremos anteponiendo el interés general de la clase trabajadora a los intereses parciales de grupo o segmento. Y finalmente, nuestra participación será remarcando que el objetivo final debe ser reconstruir un movimiento obrero y sindical clasista de base, dirigido a la construcción de un poder proletario fuertemente asentado en los centro de trabajo, que remplace  a la democracia parlamentaria burguesa y sea capaz de generar un estado de nuevo tipo que inicie la construcción del socialismo en México.

Llamamos a los trabajadores mexicanos a defender en la calle y en sus centros de trabajo sus conquistas históricas aunque revistan un carácter limitado y parcial. No permitamos la reforma laboral porque será en interés de los patrones y en detrimento de los trabajadores. Los capitalistas pretenden dar fuerza de ley a lo que han logrado dada nuestra debilidad: respondamos con una contraofensiva que demuestre que la clase trabajadora no está vencida. Presionemos desde abajo a nuestros sindicatos para que se sumen a las movilizaciones.

Finalmente, aprovechemos la ocasión para cohesionarnos como clase, para probar en la acción lo que es posible hacer con la unidad de todos los trabajadores y para demostrar en la práctica una verdad política: sólo un estado dirigido por los trabajadores tendrá a las reivindicaciones obreras en el centro de sus preocupaciones. Sólo un gobierno de los trabajadores legislará en favor de los trabajadores.

¡Todo el poder a los trabajadores!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Partido Comunista de México

 

 

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