La cochinilla y el metate

Este es un espacio que recuerda a ese maravilloso insecto, que chiquito como es,  se reproduce sin parar y  tiñe todo de rojo cuando se encuentra con la fuerza trituradora del metate. Es decir, es un espacio para analizar y comentar desde un punto de vista clasista diversos espacios de la vida pública,  dándoles el toque rojo que caracteriza a la crítica comunista. En la cochinilla y el metate  usted encontrara lecturas teóricas, novelas, poemas, caricaturas, películas y todo lo que ayude a comprender desde el marxismo-leninismo la tan aburguesada concepción de la noticia y la opinión pública que priva en los medios de comunicación burgueses.

Vale, salud y si quieren más información sobre dónde y cómo conseguir lo sugerido en este espacio, dejen su comentario.

Irlanda  Amaro Valdés

A cuatro años del bombardeo de Sucumbíos Ecuador reafirmamos el principio de la solidaridad internacionalista y el antiimperialismo

En esta ocasión dedicamos nuestro espacio a recordar al comandante Raúl Reyes y a los estudiantes mexicanos caídos en el bombardeo perpetrado por el ejército colombiano en Sucumbios, Ecuador en contra un campamento de las FARC-EP. Con esto se busca poner en perspectiva, después de cuatro años las implicaciones regionales del Plan Colombia y la importancia de la solidaridad internacionalista y el antiimperialismo. Para esto, dejamos para ustedes el libro Plan Colombia y conflicto interno colombiano de Allende La Paz.  

 

El bombardeo de Sucumbíos como crimen de guerra y provocación imperialista

El 1 de marzo de 2008 el ejército colombiano bombardeó un campamento diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que se encontraba en la provincia de Sucumbíos, Ecuador.  En ese ataque, además del Comandante Raúl Reyes y otros guerrilleros,  murieron cuatro estudiantes mexicanos, Verónica Velásquez, Fernando Franco, Juan González y  una más, Lucia Moret fue gravemente herida. Lo que quizá no es tan evidente es el significado que tuvo esa incursión militar para la región y por qué constituye un crimen de guerra y una provocación imperialista.

El bombardeo de Sucumbíos que hoy sabemos se realizó con asesoría militar estadounidense e israelí, además de bombas también proporcionadas por los gringos  fue la acción militar inaugural de la segunda fase del Plan Colombia. El Plan Colombia es una iniciativa lanzada por Estados Unidos para “el fortalecimiento de la democracia y desarrollo social de la región colombiana” con la intención aparente de combatir el narcotráfico y el firme propósito de acabar con la insurgencia colombiana.

En su primera fase esta iniciativa contó con 10 mil 700 millones de dólares, de los cuales 96% fueron destinados a la contrainsurgencia y apenas un 4% al combate del narcotráfico. En su segunda fase este plan cuenta con cinco veces más fondos, es decir, 43 mil 800 millones de dólares de presupuesto. Esta cifra, sólo puede ser compensada por los beneficiarios reales de la guerra que promueve este plan, estos son las empresas multinacionales interesadas en establecerse en territorios colombianos en conflicto.

Para 2008 el Plan Colombia era  claramente inútil frente al narcotráfico, según las propias cifras del gobierno estadounidense, publicadas en diarios como el New York Times. En cambio, el Plan Colombia sí resultaba muy práctico para las multinacionales de hidrocarburos, minería y agronegocios que hoy encuentran en Colombia un feliz destino. Como sólo un ejemplo de esto podemos citar el jugoso  negocio que representa para el monopolio agroindustrial Monsanto la distribución exclusiva de Glifosfato en Colombia; sustancia utilizada en la llamada “guerra contra las drogas” para fumigar los campos, cuyo único resultado en esta “lucha” es la multiplicación de enfermedades congénitas en las zonas agrícolas de Colombia y la destrucción de la agricultura local.

   A causa de la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia, hay 4 millones de desplazados en aquel país. Es decir que casi el 10% de la población colombiana ha tenido que huir de las regiones de interés estratégico para el imperialismo y los monopolios.

Además de esto el Plan Colombia ha resultado para Estados Unidos un arma útil para intentar desestabilizar la región sudamericana. El bombardeo del primero de marzo ejemplifica claramente esta intención de la entonces administración de George W. Bush de crear un clima de conflicto regional sobre todo en las fronteras de Ecuador, Venezuela y Bolivia, países donde se llevan a cabo importantes procesos políticos, que se han declarado en contra de los intereses de ciertos monopolios.

La incursión ilegal del ejército colombiano al espacio aéreo y terrestre de Ecuador constituyó una violación a la soberanía de Ecuador y una provocación imperialista cuando el entonces presidente de Colombia Alvaro Uribe, bajo la protección y órdenes de los yanquis mintió a su homónimo ecuatoriano sobre la verdadera naturaleza de la incursión. Álvaro Uribe afirmó al presidente Rafael Correa que la invasión se trató de una persecución “en caliente” del ejercito colombiano a una unidad guerrillera. Esta violación constituye el inició de una serie de crímenes cometidos por el gobierno y ejército colombiano ese primero de marzo en Ecuador.

Por supuesto, Estados Unidos justificó y apoyo inmediatamente la incursión colombiana en Ecuador. El 12 marzo de 2008 el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush trató de lanzar una encrucijada a todos los países de América del Sur, afirmando que debían elegir entre la “visión de “terroristas” y “demagogos”-en clara alusión a sus caracterizaciones de las FARC y  de Hugo Chávez- o apoyar activamente a líderes democráticos como el presidente Uribe”[1]. Para tratar de justificar y disminuir la agresión colombiana contra Ecuador,  tanto Bush como Uribe lanzaron acusaciones rayadas en lo ridículo sobre un supuesto apoyo de los gobiernos de Correa y Chávez a las FARC. Con esto, además de azuzar la ya de por sí complicada crisis diplomática, trataron de hacer cómplices de un conflicto a países que son en realidad victimas de la guerra en Colombia.

Resulta entonces que “operación fénix” no fue sino un eufemismo para la aplicación extraterritorial del Plan Colombia. Queda claro que este plan es una herramienta destinada a eliminar a todos aquellos que se opongan a los intereses imperialistas y a la política hegemónica estadounidense. Queda claro también que en aquel entonces Alvaro Uribe Vélez fue el fiel ejecutor de esta política provocadora e intervencionista, papel que hoy realiza Juan Manuel Santos.

Sumado a todo esto se encuentra el hecho de que el campamento en que estaban Juan, Verónica, Soren, Fernando y Lucia  tenía una naturaleza diplomática y no un carácter insurgente regular. Diversos visitantes habían estado ahí con la intención de trabajar por la solución política del conflicto en Colombia y por el intercambio humanitario de presos en aquel país. Ahí había estudiantes militantes y solidarios con interés de contribuir a la construcción de una Colombia más justa. En palabras más claras en ese campamento murieron asesinados civiles, a manos del ejercito colombiano. Lo cual nuevamente constituye un crimen de guerra, en contra del derecho internacional humanitario.

Durante su visita a México en abril de 2008, apenas un mes después del bombardeo, Álvaro Uribe acusó a Soren, Fernando, Juan, Verónica y Lucia de ser terroristas y narcotraficantes por el sólo hecho de estar en el campamento de las FARC-EP, como si eso constituyera una crimen en sí mismo y justificara el asesinato y el agravio. Sin embargo, los estudiantes mexicanos no fueron las únicas personas que, mientras vivió,  conocieron a Raúl Reyes y visitaron un campamento guerrillero con fines de brindar solidaridad. Las acusaciones de Álvaro Uribe en el mes de abril de 2008 fueron perversas, pues criminalizaban a la victimas en un tramposo y falaz argumento para escapar de su responsabilidad. En el discurso maniqueo de Uribe, toda la gente que visito un campamento de las FARC en busca de conocer una parte del conflicto que vive Colombia cae en la categoría de criminal y terrorista, más si tenía conciencia crítica, buscaba la paz con justicia y sobre todo si fue asesinada o es testigo de los asesinatos cometidos por el ejercito colombiano. Sin embargo, ante este tramposo discurso hay un hecho ineludible: sean cuales sean las especulaciones y calumnias de Álvaro Uribe, el ejército colombiano hirió a una ciudadana mexicana, asesinó a cuatro civiles mexicanos y a uno ecuatoriano. Lo cual conforme al derecho internacional humanitario constituye una masacre y obviamente un crimen. Ser joven, militante y brindar solidaridad internacionalista no es un delito, en cambio asesinar civiles mientras duermen sí es un crimen de guerra y debe ser juzgado y castigado.

No debe extrañarnos, a cuatro años de la masacre que este afán de criminalizar a las victimas se mantenga, pues es parte del gobierno colombiano que se niega a reconocer la base económica del conflicto social y político que vive Colombia y que se ha prolongado en una guerra de más de 40 años. El surgimiento de las FARC-EP  no es el inicio de la violencia en Colombia sino la respuesta del pueblo organizado a la violencia del Estado.  A más de cuatro años de distancia cinco jóvenes mexicanos y sus familias fueron y siguen siendo victimas de esa violencia por parte del Estado colombiano mientras los crímenes de guerra cometidos en Sucumbíos, Ecuador  sigan sin ser juzgados y castigados.

Es necesario apuntar también que el reconocimiento y esclarecimiento de estos crímenes conlleva dificultades jurídicas, pero también políticas. Resulta claro que el esclarecimiento de cinco crímenes cometidos contra civiles, estudiantes mexicanos, es apenas uno de los muchos hilos que desenredan una  red de delitos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha cometido a lo largo de su mandato. De ahí tanto afán por criminalizar y  por negar los asesinatos cometidos por el ejercito colombiano.

No cabe duda de que el bombardeo perpetrado por ejército colombiano en Ecuador constituye una masacre, un crimen de guerra y un intento por golpear los intentos de paz en Colombia.  En este sentido la causa de los padres y familiares de las victimas debe ser reconocida y apoyada no sólo por el evidentísimo crimen humanitario, sino también, en un contexto más amplio, como demanda política en contra del imperialismo y la guerra injustamente padecida por Colombia.

 

La exigencia de justicia es una reivindicación de la solidaridad internacionalista y la lucha antiimperialista

 

La exigencia de justicia sostenida a lo largo de cuatro años por los familiares de las víctimas de Sucumbíos sólo ha recibido como respuesta la descalificación y la criminalización. Tanto el gobierno de Colombia, como el de México han hecho caso omiso de las peticiones de justicia e información que los familiares de las víctimas y han respondiendo a ellas con descalificaciones como la arriba mencionada. Como habíamos mencionado, la criminalización por parte de Uribe responde a la negación del conflicto político y social que vive Colombia. Sin embargo, también este discurso y el bombardeo mismo actúan como una amenaza para todos aquellos que reivindiquen como principio el internacionalismo proletario y la lucha organizada contra los monopolios y el imperialismo. En ese sentido, el Partido Comunista de México niega y se opone a ese discurso maniqueo para el que toda muestra de solidaridad con la insurgencia y la lucha organizada para destruir el capitalismo es caracterizada de apoyo al “terrorismo”. El silencio del Estado mexicano en cuanto a los crímenes de Sucumbíos también una amenaza en este sentido. Pues por su parte, el gobierno mexicano,  con la importación del plan Colombia a México –en su versión Plan Mérida- no hace sino aprender de las técnicas de terrorismo de estado tan bien aplicadas por el gobierno colombiano. Al guardar silencio, el gobierno  mexicano se vuelve cómplice del crimen e implementa las técnicas de descalificación y criminalización de la protesta social.

Por esto, debemos asumir nuestro apoyo a la lucha por la justicia de las victimas de Sucumbíos como una lucha política  por el derecho del pueblo trabajador a luchar organizado en contra del capitalismo y a brindar solidaridad internacionalista a toda organización hermana, que desde su trinchera, luche por la construcción de un mundo sin explotadores, ni explotados.


[1] La jornada, “Elegir entre “terroristas” y “demagogos” o apoyar a Uribe, pide Bush a Sudamérica”,  13 marzo de 2008

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