Aspectos laborales de la Reforma educativa y la “Ley General del Servicio Profesional Docente”

 


REFORMA EDUCATIVA PRIVATIZA

Ximena Franco

En el marco de la nefasta Reforma educativa, ¿qué significa que se haya aprobado esa ley secundaria, reglamentaria del artículo 3° Constitucional, es decir, la Ley General del Servicio Profesional Docente?

Entre otras cosas, significa desconocer y anular la participación de los sindicatos en lo tocante a las cuestiones del ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación básica y media superior. Al hacer esto, se deja al trabajador sin la protección de sus organizaciones sindicales, pues estas cuatro materias quedarán fuera de la injerencia de los Contratos Colectivos de Trabajo, pues ya no concernirán al ámbito de lo laboral, sino solo al administrativo. Esto reduce a los sindicatos al papel inocuo de meros “observadores” de un proceso que sistemáticamente liquidará los derechos de los trabajadores (ver el Art. 30 de la Ley, por ejemplo). Los mecanismos, procesos y las resoluciones respecto del ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento serán ahora de la exclusiva competencia de la “Autoridad educativa”, es decir, de la SEP federal y locales, y del ahora todopoderoso INEE. Cabe señalar que la Junta de Gobierno de este Instituto es sugerida en ternas por el Ejecutivo, en este caso, Enrique Peña Nieto, el representante de los intereses de la clase burguesa que gobierna de facto en el país, y como tal, el impulsor del nefasto “Pacto por México”. Será entonces la SEP, junto con el INEE, quienes decidirán a su gusto el destino de los trabajadores a través del establecimiento del “Servicio Profesional Docente” que, con el pretexto de mejorar la calidad del “servicio” educativo (olvidándose de que la educación no es un servicio sino un “derecho”), impone un sistema de evaluación punitivo, unilateral y claramente liquidador de los derechos conquistados por los trabajadores de la educación durante décadas.

Por ejemplo, la Ley ignora y “deroga” las disposiciones que se opongan al decreto (Transitorio Segundo), entre las que se encuentran aquellos derechos que estaban resguardados por la antigüedad del trabajador, condición de la que nunca se habla en esa Ley. Además, se elimina el proceso de “escalafón” y desaparece el derecho a la inmovilidad en el empleo. Se cancela también el derecho de reinstalación en el trabajo y el de indemnización con pago de salarios caídos por despido injustificado.

Pero veamos, ¿quién elaborará las evaluaciones que prácticamente decidirán sin más la permanencia en el trabajo de los maestros? El INEE, con participación de la “Autoridad Educativa” ¿Y quién calificará a los maestros? El INEE. ¿Y quién propondrá los criterios a evaluar? Lo hará finalmente el INEE. ¿Y quién decide finalmente si un trabajador se queda o no se queda sin trabajo? Ellos, también. O sea que el INEE-SEP serán juez y parte de la evaluación y se pretende que ni los trabajadores ni los sindicatos puedan hacer nada al respecto.

Como efecto de lo anterior, las decisiones que unilateralmente tomarán la SEP y el INEE están por encima de cualquier posible defensa del trabajador por la vía de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, un trabajador docente, si no cumple con el proceso de evaluación obligatorio al que se le someterá, o si no aprueba el mismo, puede ser separado del trabajo sin que pueda recurrir a la vía legal para defenderse. ¿Y dicen los “representantes del pueblo” en las cámaras de senadores y diputados que esta Ley no es punitiva, que sólo busca mejorar la calidad del “servicio” educativo? ¡Pues mienten! Esta ley es punitiva, anti-obrera y una herramienta de sometimiento para que la burguesía opresora, explotadora y violenta subyugue a los trabajadores y debilite el movimiento obrero y sindical. Es también un paso más para la entrega de la educación al sector privado.

Debemos tener en claro que la Reforma educativa y su Ley General del Servicio Profesional Docente son una extensión de la Reforma laboral para los trabajadores de la educación. Porque con ella desaparecen potencialmente los nombramientos de base para todos los trabajadores que ya lo tengan, pues estos serán sometidos a esas evaluaciones unilaterales para ver si pueden permanecer en su puesto, sin que se considere ni la antigüedad ni la formación académica de los trabajadores. De no aprobar las evaluaciones o de no presentarlas, serán separados del trabajo “sin responsabilidad para la autoridad educativa […] y sin la necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje […]”, frase que se repite a través de todo el texto de la Ley. Por otro lado, los trabajadores de nuevo ingreso tendrán que realizar una evaluación para poder entrar al sistema. Si la aprueban, todavía deberán esperar hasta tres años en un periodo de “inducción”, mientras tanto tendrán un “nombramiento inicial” (Art. 20 y 21, por ejemplo). Durante ese periodo serán evaluados otras tres veces más para que la autoridad educativa decida si pueden o no permanecer en el trabajo. De poder permanecer, tendrían el nombramiento definitivo; de no poder permanecer, serían “separados” del trabajo en los mismos términos que los trabajadores que tenían nombramiento de base, es decir, sin que la SEP tenga responsabilidad legal ante sus despidos. La Ley también establece un nombramiento “provisional” y otro por “tiempo fijo” (Art. 2, fracción X), para encubrir formas de contratación que deterioran el trabajo al no ofrecer definitividad en el mismo ni un nombramiento de base, con todos los derechos y beneficios que ello conlleva, y que han sido producto de la lucha de la clase trabajadora. Encima de todo esto, la Ley en cuestión (en su Art. 38) avala los contratos por horas, pues a un trabajador docente que no tiene jornada completa se le puedan asignar horas adicionales como un mecanismo de “promoción”, y mediante un proceso llamado de “compactación”, el trabajador estará trabajando bajo ese esquema, lo que da entrada al fraccionamiento del salario y el pago por hora, que según se ha fijado con la reforma laboral, es de 7 pesos aproximadamente.

La Reforma educativa, junto con esta Ley secundaria, anteponen el mérito al derecho, como si los derechos tuviera que ganárselos el trabajador y no estuvieran allí para ser refrendados en y por los hechos. Esta Ley supedita los derechos de los trabajadores a un sistema de evaluación que es coercitivo y unilateral, que aísla al trabajador ante el aparato de la patronal, dejándolo incluso imposibilitado para defenderse por la vía legal si llegara a perder el trabajo. Por otra parte, este sistema de evaluación, al imponer los mecanismos para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento, pretende implantar un modelo individualista que pondrá a competir a los trabajadores entre sí, ya que la situación laboral de cada trabajador –según pretenden hacernos creer con esta Ley- solamente dependería de la capacidad del trabajador para aprobar exámenes, y no de la defensa colectiva de sus derechos.

Así, cada uno es dejado solo ante el aplastante aparato de un Servicio Profesional Docente que pone en el centro la evaluación como un mecanismo encubierto de liquidación de los derechos de los trabajadores de la educación, un Servicio Profesional Docente que está al servicio de los intereses mezquinos y minoritarios de los inversionistas privados, quienes con fruición esperan poder invertir sus capitales en el “servicio” educativo para poder sacar jugosas ganancias a costa de la educación de la niñez y a juventud de nuestro país, y a costa del futuro de los trabajadores.

Los trabajadores agrupados en la CNTE y otras organizaciones se han opuesto firmemente a esta mal llamada “reforma educativa” y a las leyes secundarias como la del Servicio Profesional Docente, que la revisten de terroríficos poderes para hundir más a la clase trabajadora en la miseria y la incertidumbre. Los trabajadores han tenido que pelear también contra los vituperios y mentiras, impulsados por los consorcios de comunicación al servicio de los enemigos de nuestra clase, que señalan al maestro combativo como un holgazán e indolente que sencillamente no desea ser evaluado y al que no le importa la educación. Encima de esto, exigen a gritos que la policía reprima a los maestros. Pero lo que los medios oficialistas no dicen es que la CNTE realizó 10 Congresos Educativos y que sus resoluciones fueron ignoradas por los gobiernos locales. Estos congresos tenían la finalidad de elaborar un proyecto de reforma, esta sí propiamente “educativa”, que se planteaba como un proyecto  integral, incluyente, sensible a las necesidades regionales y acorde con las necesidades del pueblo trabajador. Los maestros no rechazaban la mejora de la educación ni la evaluación de los docentes. Pero sí rechazaban una concepción de la educación como servicio empresarial y de la evaluación como un mecanismo de castigo y arrasamiento de derechos del trabajador. También se oponían rotundamente a todo intento de privatizar la educación. Porque lo que los merolicos del gobierno agrupados en televisoras, prensa y radio no dicen es que las intenciones de los hacedores del “Pacto por México” y las reformas que lo acompañan, es la de reservar el derecho de la educación a unos cuantos, porque la privatización de la educación provocará que solo unos cuantos puedan pagarla, como ya de hecho sucede en otros países.

En un régimen económico y político como el que vivimos, donde no gobierna el pueblo trabajador ni sus intereses legítimos son representados por ningún partido político electoral, las leyes sirven para justificar la opresión y la explotación, y son impuestas mediante la bota y el tolete de las fuerzas represivas del Estado. Ante este panorama es fundamental seguir construyendo, desde la base, un movimiento obrero sindical clasista y combativo, capaz de agrupar y organizar a los trabajadores para prepararlos en  la lucha frontal y decidida no solamente por la preservación de los derechos laborales, sino por el poder político. Resulta imprescindible que los trabajadores comprendamos que mientras el régimen económico se siga fundando en la explotación del trabajo y en la propiedad privada que despoja al pueblo trabajador de toda la riqueza que él produce, ni las leyes ni las instituciones tendrán la capacidad de resolver la situación de vida que actualmente padece la clase trabajadora. Necesitamos nuestras propias leyes y nuestras propias instituciones. Para el pueblo trabajador es imprescindible que el poder político deje de ser un mecanismo de dominación oligárquica –dominación que hoy pretenden vendernos como “democracia”-. Es por eso que necesitamos construir el poder de nuestra clase.

 

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4 pensamientos en “Aspectos laborales de la Reforma educativa y la “Ley General del Servicio Profesional Docente”

  1. Excelente artículo compañera, claro y contundente .lo voy a imprimir para que los profes de la Cañada lo vean y analicen ya que los acompañaremos en la caravana a la capital. Un fuerte abrazó querida Jimena.

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